A juzgar por las informaciones publicadas, el Govern tiene la intención de acabar de neutralizar la acción social de UGT, CCOO y CAEB a través de un "Decreto que regula la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales de Baleares". El borrador prevé la participación de estas entidades en los consejos y órganos de dirección de "todas aquellas entidades públicas u organismos autónomos que tengan competencias" en prácticamente todas las actividades económicas del archipiélago. En esta norma se fijaría, además, la financiación de dichas entidades a cargo de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, por diversos conceptos.
A este respecto, Unión Progreso y Democracia quiere señalar lo siguiente:
-Estamos en contra de la subvención sistemática con dinero público de las actividades de sindicatos y asociaciones de cualquier tipo. Estas entidades deben subsistir a partir de las cuotas de sus afiliados. Ni la acción sindical, ni el mantenimiento de sus estructuras, ni los gastos derivados de su presunto "derecho" de participación institucional ni su seguimiento de pactos deben correr a cargo del contribuyente, sino de sus respectivos afiliados.
-Decretar la financiación directa de estas entidades con cargo a los presupuestos es avanzar en su definitiva burocratización y neutralizar una acción genuina en defensa de los intereses de trabajadores y empresarios respectivamente. Mediante el decreto, el Govern, siguiendo los pasos de las comunidades autónomas de Cataluña y Cantabria, pretende comprar el silencio y la complicidad de sindicatos y patronales, a base de más liberados y más cargos de libre designación.
-Los resultados de esta burocratización y sumisión al poder resultan evidentes ya hoy en lo que se suele llamar "paz social", que no es otra cosa que el silencio cómplice de los grandes sindicatos hacia los gobiernos nacional y autonómico en la actual coyuntura de recesión y ante la inacción de esos mismos gobiernos.
-Sindicatos y patronales nacieron para la defensa de los derechos e intereses de trabajadores y empresarios respectivamente, y su acción se debe limitar al ámbito laboral y profesional y encaminarse a través de la negociación colectiva y el conflicto colectivo, de acuerdo con la Constitución. No tienen carácter de representación general, por lo que su presencia en organismos públicos de carácter ejecutivo o gestor supone un agravamiento de la corrupción de nuestra democracia. No es de recibo que personas designadas en ausencia de representación democrática puedan acceder de manera privilegiada a información que atañe a concursos y contrataciones. Tendría tan poca justificación como que se decretase el derecho a la presencia en esos mismos organismos públicos de la Iglesia, las oenegés, las asociaciones estudiantiles o los clubes de ocio. En definitiva, el Govern pretende sustituir el control parlamentario por el de colectivos afines subvencionados con nuestro dinero.
-Por otra parte, si ya la mayor parte de los entes públicos sobra, añadir en sus consejos miembros sindicales y patronales sólo contribuirá a elevar el gasto público, aumentando con cargo al contribuyente el escandaloso número de "liberados" que existen actualmente.
-Además, tramitar como decreto algo que no es urgente parece indicar que el partido mayoritario en el Govern, el PSIB, pretende ignorar no sólo a la oposición parlamentaria, sino a sus propios socios de gobierno. Se impone un debate parlamentario.
-Finalmente, supone una arbitrariedad sobre la arbitrariedad el hecho de que el borrador del decreto señale a la patronal y los dos sindicatos "más representativos" e ignore al resto, que también ostentan algún tipo de representación del tejido social y laboral de Baleares, despreciando así a los trabajadores y empresarios que optaron por una afiliación no mayoritaria.
En suma, UPyD rechaza de plano el proyecto de decreto porque neutraliza la acción sindical, sometiéndola al control del poder ejecutivo; porque incrementa el gasto público en época de crisis; porque profundiza en la desvirtuación de la democracia y del derecho a la participación institucional; porque pone a sindicatos y patronales al servicio de los partidos; porque la fórmula no debería ser el decreto, sino la ley; y porque, sobre arbitrario, es inequitativo.
