Ahora sólo tiene funciones fiscalizadoras y consultivas · Ahora mismo es un "cotarro inútil con más de 50 funcionarios y casi tres millones de euros de presupuesto sin potestad para llevar a cabo su principal misión: la lucha contra la corrupción"
Palma, 28 de abril de 2010
UPyD propondrá la modificación de la ley 4/2004 de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares para que este organismo tenga poder sancionador y capacidad para poder iniciar y presentarse como parte en procesos judiciales penales y contencioso-administrativos. AsÍ mismo, UPyD propondrá cambios en la elección de los síndicos para que éstos no dependan de los partidos políticos que ahora les eligen.
UPyD propondrá la modificación de la ley 4/2004 de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares para que este organismo tenga poder sancionador y capacidad para poder iniciar y presentarse como parte en procesos judiciales penales y contencioso-administrativos. AsÍ mismo, UPyD propondrá cambios en la elección de los síndicos para que éstos no dependan de los partidos políticos que ahora les eligen.
"En sus sobrevenidas medidas contra la corrupción para salvar la poca credibilidad que les queda, los partidos tradicionales de las Islas parecen haberse olvidado interesadamente de un órgano que, si funcionara a pleno rendimiento y sin estar atado de pies y manos por los propios partidos, se convertiría con toda seguridad en la mayor herramienta disuasoria contra la corrupción: la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares", afirman desde el partido transversal.
A día de hoy, sin embargo, la Sindicatura es, según Juan Luis Calbarro, portavoz de UPyD en Baleares, "un organismo dependiente directamente de los partidos representados en el Parlament, con una potestad muy restringida puesto que según la ley 4/2004 se limita a fiscalizar externamente al sector público balear. En los informes que realiza anualmente es fácil constatar la gran cantidad de ayuntamientos, consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles en los que participa la CAIB que ni siquiera se toman la molestia de presentar sus cuentas anuales, lo que da una idea del respeto que infunde. Todo ello es posible porque la Sindicatura, por ley, no tiene capacidad sancionadora propia ni tampoco capacidad para poder iniciar y presentarse como parte en procesos judiciales penales y contencioso-administrativos si tiene indicios de ilícitos penales o administrativos".
Calbarro recuerda que "cuando se aprobó la ley 4/2004, todos los partidos representados en el Parlament se pusieron de acuerdo para dejarlo todo atado y bien atado para que el tribunal de cuentas balear no tuviera apenas potestad para luchar contra la corrupción. Los partidos limitaron las funciones de los síndicos a una mera labor fiscalizadora y consultiva, insuficiente para luchar eficazmente contra la impunidad y la inmunidad de los políticos. La dotaron de medios (54 funcionarios en plantilla y 2.853.710 € de presupuesto en 2010) a cambio de que se limitara a cubrir el expediente". La exigencia por ley de que los síndicos tienen que designarse por una mayoría parlamentaria holgada (3/5 partes de los diputados autonómicos) "ha provocado que los partidos se repartan el cupo de modo que cada formación tiene colocado a su propio síndico amigo. Imposible así que los síndicos tengan la independencia y neutralidad necesarias para dedicarse a lo que tendría que ser su principal misión: luchar contra la corrupción." UPyD está "estudiando nuevas fórmulas para la elección de los síndicos que liberen el órgano de su actual dependencia".
