El modelo fracasa apenas cuatro años después · Ninguna administración es capaz de denunciar los vertederos ilegales
Palma, 26 de abril de 2010
Para Unión Progreso y Democracia, el modelo de gestión que se fijó en el Plan Director Sectorial de Residuos de Mallorca por parte del Consell Insular "demuestra de nuevo la lucidez de una clase política especializada en generar problemas, sin aportar después ninguna solución para deshacer los entuertos en los que nos meten". Prueba de ello sería, según Juan Luis Calbarro, portavoz de UPyD en Baleares, "el callejón de salida del modelo de gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs), que ha fracasado cuatro años después de ponerse en funcionamiento, con una clase política -todos los viejos partidos en su conjunto- incapaz ahora de dar solución a las funestas consecuencias que ellos mismos han propiciado y que lastra al sector de la construcción, uno de los más dinámicos de Mallorca".
En 2003 se decidió conceder el servicio “público” de gestión de los residuos sólidos urbanos (RCDs), neumáticos y voluminosos en régimen de monopolio a la empresa Mac Insular. En 2006 se puso en marcha el nuevo modelo. Todos los escombros de cualquier obra de la isla tienen como destino final obligatorio las plantas de tratamiento de Mac Insular, donde se reciclan. UPyD recuerda que "para deshacerse de ellos, el usuario ha de pagar la tasa más alta de toda Europa (ahora mismo 43 euros/tonelada), más el IVA, más el servicio de transporte hasta las plantas de reciclaje. La decisión de los políticos no es gratuita: concede valor a lo que antes no había tenido ninguno puesto que hasta entonces deshacerse de los escombros no sólo era gratuito sino que encima los propietarios de las canteras en restauración lo agradecían. Las altas tarifas y el hecho de dar valor a deshacerse de los escombros generan, inevitablemente, un mercado negro al atraer a otras empresas ilegales dispuestas a ofrecer sus canteras como depósitos de escombros por un precio inferior al oficial. Una vez más el intervencionismo prohibitivo del Estado hace aflorar un mercado negro al que, después, los mismos políticos que lo han propiciado no quieren poner fin."
Efectivamente, "igual que ocurre con las ilegalidades urbanísticas, ningún político está dispuesto a pasar por el trance de denunciar los vertederos ilegales aunque estén a la vista de todos. De ahí que ninguna de las administraciones competentes (ayuntamientos, Consell y Consejería de Medio Ambiente) esté dispuesta a perseguir a los infractores por temor a granjearse una cierta impopularidad entre los potenciales votantes. El resultado: las plantas de Mac Insular sólo reciben poco más de la cuarta parte de los escombros generados en Mallorca, de ahí que el concesionario haya ya anunciado el aumento de la tasa que pasará a 51’5 euros/tonelada. Como de costumbre, sobre todo donde hay una clase política que mira por sus exclusivos intereses y no por los de los ciudadanos, los que cumplan la ley estarán pagando de su bolsillo la impunidad de los infractores. Un sistema perverso, típico de cuando se tiene a una clase política que sólo sirve para generar problemas y que después se muestra incapaz de encontrar ninguna solución a los entuertos en que nos meten a todos."
