El recorte del gasto sanitario de 2010 asciende a la misma cantidad · Un proyecto de 203 millones de 2006 terminará costando casi 300 millones en 2010 · UPyD solicita un dictamen del Consejo Consultivo de la CAIB
Palma, 19 de abril de 2010
UPyD considera escandaloso que el nuevo hospital de referencia de Son Espases haya podido costar casi cien millones de euros más de lo presupuestado inicialmente en 2006, tal como ha revelado la diputada del PP, Aina Castillo. De ser así, habría mentido el conseller de Sanidad, Vicenç Thomàs, que recientemente estimó en 60 millones de euros dicho sobrecoste. Curiosamente este desvío presupuestario asciende al recorte del gasto sanitario de 2010, con lo cual se visualiza bien a las claras que la mala gestión de los dineros públicos la acaban pagando los ciudadanos que tienen que conformarse con peores servicios.
No hace falta preguntarse qué pasaría si un gestor de una empresa privada gastara casi el 50% más de lo presupuestado en el proyecto inicial de 2006, con el agravante de que los precios de la mano de obra y los materiales de la construcción han disminuido desde entonces a causa de la crisis económica. Además, UPyD tiene muchas dudas respecto de la legalidad de un proyecto modificado que supera en mucho el 10% permitido por la ley de contratos sin convocar un nuevo concurso, por lo que proponemos que, como primera medida para evaluar los indicios de ilegalidad, el Consell Consultiu de la CAIB emita un informe jurídico al respecto.
Palma, 19 de abril de 2010
UPyD considera escandaloso que el nuevo hospital de referencia de Son Espases haya podido costar casi cien millones de euros más de lo presupuestado inicialmente en 2006, tal como ha revelado la diputada del PP, Aina Castillo. De ser así, habría mentido el conseller de Sanidad, Vicenç Thomàs, que recientemente estimó en 60 millones de euros dicho sobrecoste. Curiosamente este desvío presupuestario asciende al recorte del gasto sanitario de 2010, con lo cual se visualiza bien a las claras que la mala gestión de los dineros públicos la acaban pagando los ciudadanos que tienen que conformarse con peores servicios.
No hace falta preguntarse qué pasaría si un gestor de una empresa privada gastara casi el 50% más de lo presupuestado en el proyecto inicial de 2006, con el agravante de que los precios de la mano de obra y los materiales de la construcción han disminuido desde entonces a causa de la crisis económica. Además, UPyD tiene muchas dudas respecto de la legalidad de un proyecto modificado que supera en mucho el 10% permitido por la ley de contratos sin convocar un nuevo concurso, por lo que proponemos que, como primera medida para evaluar los indicios de ilegalidad, el Consell Consultiu de la CAIB emita un informe jurídico al respecto.
