Estos consorcios son un instrumento de ingeniería financiera para ocultar endeudamiento al Banco de España y gastar más de lo permitido · Su supresión obligaría a que CAIB y ayuntamientos reconocieran sus propias deudas contraídas gracias a estos organismos · Catorce de estos consorcios ni siquiera presentaron las cuentas en 2007 y 2008
Palma, 29 de mayo de 2010
De las aproximadamente 180 empresas públicas que tiene la CAIB a día de hoy, casi la mitad (unas 80) son los llamados "consorcios para infraestructuras y servicios". Formalmente, estos consorcios tienen como finalidad la ejecución de infraestructuras (Pla Mirall, desestacionalización turística, aguas, socio sanitarias o deportivas) y su necesidad suele justificarse por la variedad de administraciones que participan en un determinado proyecto. Por supuesto, no existe tal necesidad ni desde el punto de vista de recursos humanos (la Administración licita y ejecuta proyectos similares) ni jurídico: hay otros instrumentos jurídicos (los convenios entre administraciones por ejemplo) que permiten llevarlos a cabo sin ningún problema.
La realidad, dato que siempre se oculta, es que los consorcios constituyen un instrumento de ingeniería financiera que permite endeudarse al Govern y a las demás administraciones ocultando este endeudamiento al Banco de España, que tarda años en descubrirlo e imputarlo como deuda de las administraciones participantes. A menudo, el consorcio se crea con la única finalidad de pedir uno o varios préstamos para realizar una o varias infraestructuras, para que luego las administraciones participantes las vayan pagando corriendo con la amortización y los intereses de este préstamo. Así pues, las administraciones no reconocen oficialmente la deuda generada en su pasivo tras haberla disfrazado de un compromiso de gasto para los ejercicios futuros que se va devolviendo al consorcio, el titular de la deuda, en forma de una subvención anual. Esto permite a las distintas administraciones endeudarse más de lo permitido por ley. De hecho, la mayoría de estos ochenta consorcios para infraestructuras no tienen asignado ningún gasto a los capítulos de personal ni gasto corriente, lo que indica que son un subterfugio para burlar la ley de estabilidad presupuestaria y endeudarse más.
Los 79 consorcios que existían en 2007 tenían una deuda viva de 363 millones de euros. En 2008 ya subía a 379 millones. La falta de transparencia también es un signo distintivo de este tipo de consorcios. En 2007 y 2008, últimos ejercicios informados por los síndicos, catorce de ellos no entregaron las cuentas a la Sindicatura como está estipulado por ley. Por todos estos motivos, UPyD propone la liquidación de los 80 consorcios para infraestructuras y servicios.
Palma, 29 de mayo de 2010
De las aproximadamente 180 empresas públicas que tiene la CAIB a día de hoy, casi la mitad (unas 80) son los llamados "consorcios para infraestructuras y servicios". Formalmente, estos consorcios tienen como finalidad la ejecución de infraestructuras (Pla Mirall, desestacionalización turística, aguas, socio sanitarias o deportivas) y su necesidad suele justificarse por la variedad de administraciones que participan en un determinado proyecto. Por supuesto, no existe tal necesidad ni desde el punto de vista de recursos humanos (la Administración licita y ejecuta proyectos similares) ni jurídico: hay otros instrumentos jurídicos (los convenios entre administraciones por ejemplo) que permiten llevarlos a cabo sin ningún problema.
La realidad, dato que siempre se oculta, es que los consorcios constituyen un instrumento de ingeniería financiera que permite endeudarse al Govern y a las demás administraciones ocultando este endeudamiento al Banco de España, que tarda años en descubrirlo e imputarlo como deuda de las administraciones participantes. A menudo, el consorcio se crea con la única finalidad de pedir uno o varios préstamos para realizar una o varias infraestructuras, para que luego las administraciones participantes las vayan pagando corriendo con la amortización y los intereses de este préstamo. Así pues, las administraciones no reconocen oficialmente la deuda generada en su pasivo tras haberla disfrazado de un compromiso de gasto para los ejercicios futuros que se va devolviendo al consorcio, el titular de la deuda, en forma de una subvención anual. Esto permite a las distintas administraciones endeudarse más de lo permitido por ley. De hecho, la mayoría de estos ochenta consorcios para infraestructuras no tienen asignado ningún gasto a los capítulos de personal ni gasto corriente, lo que indica que son un subterfugio para burlar la ley de estabilidad presupuestaria y endeudarse más.
Los 79 consorcios que existían en 2007 tenían una deuda viva de 363 millones de euros. En 2008 ya subía a 379 millones. La falta de transparencia también es un signo distintivo de este tipo de consorcios. En 2007 y 2008, últimos ejercicios informados por los síndicos, catorce de ellos no entregaron las cuentas a la Sindicatura como está estipulado por ley. Por todos estos motivos, UPyD propone la liquidación de los 80 consorcios para infraestructuras y servicios.
