Ahora sólo tiene funciones fiscalizadoras y consultivas · UPyD también viene reclamando que los síndicos no sean elegidos por los partidos políticos
Palma, 15 de mayo de 2010
El alboroto que se ha producido en torno a las irregularidades de todo tipo que se detallan en el informe anual de la Sindicatura de Cuentas referente a las cuentas del Govern en 2008 pone de manifiesto lo acertada de la propuesta que viene defendiendo UPyD de modificar la ley 4/2004 de la Sindicatura de Cuentas para que ésta pueda impulsar procesos judiciales penales y contencioso-administrativos, amén de otorgarle una capacidad sancionadora que ahora mismo no tiene. Así mismo, UPyD propone cambios en la elección de los síndicos para que éstos no dependan de los partidos políticos que ahora les eligen.
Lo que no tiene sentido es que ahora el Partido Popular, que impulsó la ley 4/2004 que ata de pies y manos la labor de los síndicos, reclame a Antich que "ordene a los consejeros que se pongan al servicio de Fiscalía" en base al último informe, cuando sabe a ciencia cierta que no lo hará y cuando debería ser la propia Sindicatura la que en buena lógica lo hiciera de forma independiente si ha observado indicios de delitos penales a lo largo de la fiscalización de las cuentas.
En sus sobrevenidas medidas contra la corrupción para salvar la poca credibilidad que les queda, los partidos tradicionales de las Islas parecen haberse olvidado interesadamente de un órgano que, si funcionara a pleno rendimiento y sin estar atado de pies y manos por los propios partidos, se convertiría con toda seguridad en la mayor herramienta disuasoria contra la corrupción: la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares.
A día de hoy, la Sindicatura es, según Juan Luis Calbarro, portavoz de UPyD en Baleares, "un organismo dependiente directamente de los partidos representados en el Parlament, con una potestad muy restringida puesto que según la ley 4/2004 se limita a fiscalizar externamente al sector público balear. En los informes que realiza anualmente es fácil constatar la gran cantidad de ayuntamientos, consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles en los que participa la CAIB que ni siquiera se toman la molestia de presentar sus cuentas anuales, lo que da una idea del respeto que infunde. Todo ello es posible porque la Sindicatura, por ley, no tiene capacidad sancionadora propia ni tampoco capacidad para poder iniciar y presentarse como parte en procesos judiciales penales y contencioso-administrativos si tiene indicios de ilícitos penales o administrativos".
Calbarro recuerda que "cuando se aprobó la ley 4/2004, todos los partidos representados en el Parlament se pusieron de acuerdo para dejarlo todo atado y bien atado para que el tribunal de cuentas balear no tuviera apenas potestad para luchar contra la corrupción. Los partidos limitaron las funciones de los síndicos a una mera labor fiscalizadora y consultiva, insuficiente para luchar eficazmente contra la impunidad y la inmunidad de los políticos. La dotaron de medios (54 funcionarios en plantilla y 2.853.710 € de presupuesto en 2010) a cambio de que se limitara a cubrir el expediente". La exigencia por ley de que los síndicos tienen que designarse por una mayoría parlamentaria holgada (3/5 partes de los diputados autonómicos) "ha provocado que los partidos se repartan el cupo de modo que cada formación tiene colocado a su propio síndico amigo. Imposible así que los síndicos tengan la independencia y neutralidad necesarias para dedicarse a lo que tendría que ser su principal misión: luchar contra la corrupción." UPyD está "estudiando nuevas fórmulas para la elección de los síndicos que liberen el órgano de su actual dependencia".
Palma, 15 de mayo de 2010
El alboroto que se ha producido en torno a las irregularidades de todo tipo que se detallan en el informe anual de la Sindicatura de Cuentas referente a las cuentas del Govern en 2008 pone de manifiesto lo acertada de la propuesta que viene defendiendo UPyD de modificar la ley 4/2004 de la Sindicatura de Cuentas para que ésta pueda impulsar procesos judiciales penales y contencioso-administrativos, amén de otorgarle una capacidad sancionadora que ahora mismo no tiene. Así mismo, UPyD propone cambios en la elección de los síndicos para que éstos no dependan de los partidos políticos que ahora les eligen.
Lo que no tiene sentido es que ahora el Partido Popular, que impulsó la ley 4/2004 que ata de pies y manos la labor de los síndicos, reclame a Antich que "ordene a los consejeros que se pongan al servicio de Fiscalía" en base al último informe, cuando sabe a ciencia cierta que no lo hará y cuando debería ser la propia Sindicatura la que en buena lógica lo hiciera de forma independiente si ha observado indicios de delitos penales a lo largo de la fiscalización de las cuentas.
En sus sobrevenidas medidas contra la corrupción para salvar la poca credibilidad que les queda, los partidos tradicionales de las Islas parecen haberse olvidado interesadamente de un órgano que, si funcionara a pleno rendimiento y sin estar atado de pies y manos por los propios partidos, se convertiría con toda seguridad en la mayor herramienta disuasoria contra la corrupción: la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares.
A día de hoy, la Sindicatura es, según Juan Luis Calbarro, portavoz de UPyD en Baleares, "un organismo dependiente directamente de los partidos representados en el Parlament, con una potestad muy restringida puesto que según la ley 4/2004 se limita a fiscalizar externamente al sector público balear. En los informes que realiza anualmente es fácil constatar la gran cantidad de ayuntamientos, consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles en los que participa la CAIB que ni siquiera se toman la molestia de presentar sus cuentas anuales, lo que da una idea del respeto que infunde. Todo ello es posible porque la Sindicatura, por ley, no tiene capacidad sancionadora propia ni tampoco capacidad para poder iniciar y presentarse como parte en procesos judiciales penales y contencioso-administrativos si tiene indicios de ilícitos penales o administrativos".
Calbarro recuerda que "cuando se aprobó la ley 4/2004, todos los partidos representados en el Parlament se pusieron de acuerdo para dejarlo todo atado y bien atado para que el tribunal de cuentas balear no tuviera apenas potestad para luchar contra la corrupción. Los partidos limitaron las funciones de los síndicos a una mera labor fiscalizadora y consultiva, insuficiente para luchar eficazmente contra la impunidad y la inmunidad de los políticos. La dotaron de medios (54 funcionarios en plantilla y 2.853.710 € de presupuesto en 2010) a cambio de que se limitara a cubrir el expediente". La exigencia por ley de que los síndicos tienen que designarse por una mayoría parlamentaria holgada (3/5 partes de los diputados autonómicos) "ha provocado que los partidos se repartan el cupo de modo que cada formación tiene colocado a su propio síndico amigo. Imposible así que los síndicos tengan la independencia y neutralidad necesarias para dedicarse a lo que tendría que ser su principal misión: luchar contra la corrupción." UPyD está "estudiando nuevas fórmulas para la elección de los síndicos que liberen el órgano de su actual dependencia".
