Así mismo preconiza que los organismos públicos publiquen en sus webs las subvenciones, los contratos menores y las liquidaciones
Palma, 14 de mayo de 2010
UPyD propondrá reducir la cuantía máxima permitida para adjudicar contratos menores sin publicidad, una cuantía que la ley de contratos establece en los 18.000 €. En la anterior ley de contratos, esta cuantía era de 12.000 €, por lo que entendemos que, en vez de mejorar, se ha empeorado en este sentido.
El informe de la Sindicatura de Cuentas de 2008 demuestra que la Ley de Contratos Públicos deja vías abiertas para la corrupción y las irregularidades en la contratación. Sólo en el año 2008 el gobierno de Antich adjudicó un total de 2.360 contratos menores, contratos que se asignan a dedo y sin publicidad, por un importe de 24 millones de euros. Además fomenta, como la Sindicatura acaba de demostrar y denunciar, la práctica de fraccionar los pagos para eludir el concurso abierto.
La cuantía máxima vigente para los contratos menores es demasiado elevada: impide el control necesario sin acotar la arbitrariedad de los políticos a la hora de contratar a dedo a socios, amigos y familiares.
La modificación de la ley de contratos debería ir acompañada también por la medida complementaria de obligar a los organismos públicos a publicar en su página web las subvenciones concedidas, los contratos públicos adjudicados (incluidos naturalmente los menores) y la liquidación aprobada del ejercicio anterior. Esta transparencia coadyuvaría sin duda a un mayor control por parte de ciudadanos y empresas en cómo y con quién se gastan los dineros los políticos.
Palma, 14 de mayo de 2010
UPyD propondrá reducir la cuantía máxima permitida para adjudicar contratos menores sin publicidad, una cuantía que la ley de contratos establece en los 18.000 €. En la anterior ley de contratos, esta cuantía era de 12.000 €, por lo que entendemos que, en vez de mejorar, se ha empeorado en este sentido.
El informe de la Sindicatura de Cuentas de 2008 demuestra que la Ley de Contratos Públicos deja vías abiertas para la corrupción y las irregularidades en la contratación. Sólo en el año 2008 el gobierno de Antich adjudicó un total de 2.360 contratos menores, contratos que se asignan a dedo y sin publicidad, por un importe de 24 millones de euros. Además fomenta, como la Sindicatura acaba de demostrar y denunciar, la práctica de fraccionar los pagos para eludir el concurso abierto.
La cuantía máxima vigente para los contratos menores es demasiado elevada: impide el control necesario sin acotar la arbitrariedad de los políticos a la hora de contratar a dedo a socios, amigos y familiares.
La modificación de la ley de contratos debería ir acompañada también por la medida complementaria de obligar a los organismos públicos a publicar en su página web las subvenciones concedidas, los contratos públicos adjudicados (incluidos naturalmente los menores) y la liquidación aprobada del ejercicio anterior. Esta transparencia coadyuvaría sin duda a un mayor control por parte de ciudadanos y empresas en cómo y con quién se gastan los dineros los políticos.
