Las pruebas de evaluación de diagnóstico, que se celebran del 3 al 7 de mayo con el fin de conocer el grado de asimilación de competencias básicas de los alumnos de segundo de ESO de Baleares, están lastradas por una serie de limitaciones que les impiden ser un instrumento adecuado para medir el nivel educativo de la comunidad, de sus centros y de sus alumnos y para planificar medidas correctoras
Palma, 1 de mayo de 2010
Para Arturo Muñoz, coordinador de Educación de UPyD en Baleares y coportavoz del partido, "el primer gran defecto de las pruebas de evaluación de diagnóstico que se celebran en toda España es su disgregación y dispersión. Se vuelve a repetir una vez más el endémico "batiburrillo" español de dispersión legislativa, donde lo importante es diferenciarse. Unas evalúan dos competencias, de las ocho que recoge la LOE, otras tres, otras cuatro; unas declaran exentos de las pruebas a unos alumnos, otras a otros; los ejercicios de matemáticas, lengua e inglés se configuran de distinta manera."
La segunda limitación es la imposibilidad de establecer estudios comparativos entre las distintas comunidades autónomas. "Es imposible establecer las causas por las cuales se produce un mayor éxito o fracaso en unos lugares que en otros, por el hecho de no ser iguales las pruebas ni los criterios utilizados."
La tercera limitación es el secretismo, denunciado repetidamente por UPyD. Tanto la Consejería de Educación como el Instituto de Evaluación, cuyo consejo rector lo componen los consejeros de las comunidades autónomas, impiden a investigadores, asociaciones independientes, sindicatos y partidos políticos conocer los datos en los que descansan los informes y resultados oficiales, así como el trabajo intermedio de interpretación, extremo éste reconocido por el propio Instituto de Evaluación. "Todo lo contrario de lo que hacen los informes educativos serios como el informe PISA o el de la OCDE, que liberan los datos no individuales para que puedan ser contrastados y analizados por equipos ajenos a las consejerías autonómicas y al ministerio", dice Julián Ruiz-Bravo, miembro también del grupo de Educación de UPyD en Baleares.
La cuarta limitación proviene de la anterior: "el oscurantismo informativo impide la verificación independiente de las conclusiones ofrecidas por las administraciones educativas y de las variables estadísticas utilizadas".
La quinta limitación "es pedagógica y consiste en la ausencia de contenidos mínimos previamente fijados y en el desprecio por evaluar resultados, en favor de las difusas competencias. Para que una evaluación sea eficaz, no ha de centrarse en los procesos de aprendizaje sino en los resultados, en los contenidos y destrezas aprendidas. Para ello hay que fijar de forma clara y precisa, tanto para los profesores como para los alumnos y los padres, los contenidos a evaluar."
La última limitación es quizá la más determinante de todas. "La ausencia de reconocimiento académico de las pruebas, en forma de calificación. Lo que impide que se manifieste en los alumnos algo tan natural como el deseo de reconocimiento y superación; se enfrentan a las pruebas con el mayor desinterés".
