Palma, 12 de mayo de 2010
Ante el anuncio efectuado hoy en el Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Consejo Territorial de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en las Islas Baleares quiere manifestar lo siguiente:
1. UPyD lamenta que las medidas anticrisis se hayan tomado con tanta demora y sólo a instancias de Europa y Estados Unidos, después de tres años en que el Gobierno ha negado la realidad y ha ignorado la información y los avisos que, entre otros, nuestro partido le ha suministrado en el Congreso en numerosas ocasiones, con el consiguiente daño añadido a la economía nacional y, por tanto, a la economía balear.
2. Lamentamos también que las medidas de recorte anunciadas, por más que seguramente sean necesarias, incidan sólo sobre los sectores con menos poder adquisitivo de la sociedad -asalariados, pensionistas, jóvenes, dependientes- cuando, por el contrario, no se tocan ni las SICAV ni los grandes patrimonios. UPyD no entiende que un gobierno que se llama progresista y que ha jurado por activa y por pasiva que no se tocarían los gastos sociales haga recaer el peso de la necesaria austeridad sobre las clases medias y bajas de la sociedad.
3. La nefasta gestión del Gobierno, que se ha empeñado en ignorar los problemas más allá de lo razonable y con miras exclusivamente partidarias, han puesto finalmente la gestión de la crisis en manos de Washington y Bruselas. La pérdida de soberanía consiguiente y el descrédito que esto supone para José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo hacen necesaria, hoy más que nunca, la convocatoria de elecciones anticipadas para que los ciudadanos se pronuncien sobre quién debe liderar la Nación en momentos de tal trascendencia histórica.
4. En lo que concierne a las instituciones de Baleares, creemos en todo caso imprescindible que el gobierno de la Comunidad Autónoma se ponga a disposición del Gobierno nacional a la hora de coordinar estas medidas.
5. Rechazamos de plano las manifestaciones disparatadas de algunos líderes políticos según las cuales es el "Gobierno Central" quien debe recortar gastos, ya que un pueblo sumido en una profunda crisis económica, ética, institucional y política no puede permitirse nacionalismos de salón. Queremos recordar a la opinión pública que Estado lo es tanto el gobierno nacional como las instituciones autonómicas y locales, y que todas ellas se financian de la misma fuente: el dinero de los contribuyentes. Y, en este sentido, queremos recordar también que, dejando aparte la Seguridad Social, el Gobierno de la Nación administra sólo un 20% del gasto público total, mientras que las comunidades autónomas gestionan un 36%. Recientes estudios desvelan que las comunidades autónomas ocasionan un injustificable sobrecoste de unos 26.000 millones de euros, que se ahorrarían sólo ajustando las prácticas de gestión de todas las comunidades autónomas a las de las tres más eficientes, entre las cuales no se encuentra precisamente Baleares. Es imposible afrontar la crisis sin un cambio de actitud en todos y cada uno de los niveles del estado.
6. Instamos, por tanto, al Govern, a los consejos insulares, a las mancomunidades y a los ayuntamientos a recortar drásticamente el gasto corriente (cuatro primeros capítulos) así como a congelar la contratación tanto de funcionarios como de personal laboral en tanto se produce un análisis serio de la situación.
7. Reclamamos un freno inmediato a la elefantiasis de las administraciones y a la proliferación de organismos públicos, que obedecen más a criterios clientelares y al reparto de cuotas de poder entre los partidos del Pacte que a las necesidades reales de gestión de los asuntos públicos. Deben clausurarse todos los departamentos innecesarios, como los de política lingüística.
8. Creemos indispensable un viraje de 180 grados en la política de endeudamiento de la CAIB, que en la práctica impide que particulares y empresarios accedan al crédito, con el consiguiente freno a la reactivación económica. Igualmente, la suspensión de pagos de facto en la que se encuentra la Administración acentúa más si cabe los efectos de la crisis, ocasionando el cierre de múltiples empresas que son proveedoras de la Administración debido a su falta de liquidez, por lo que las instituciones contratantes deben esforzarse por cumplir sus compromisos y no perjudicar más al ciudadano.
9. Por su falta de transparencia, por ser un instrumento para camuflar deuda al Banco de España, por su carácter superfluo al acometer funciones que deben recaen sobre la Administración General y por ser un refugio para el amiguismo y el clientelismo más vergonzosos, hemos propuesto y seguiremos proponiendo la supresión -para empezar- de los 80 consorcios públicos para infraestructuras que tiene la comunidad autónoma balear, la unificación de los seis organismos relacionados con la Unión Europea en una sola dirección general, el replanteamiento de entes abiertamente ruinosos como IB3 o el Teatro Principal y, en general, la revisión de la telaraña de empresas públicas, consorcios, fundaciones y demás entes públicos que lastran la eficiencia en el gasto, la eficacia en la resolución de los problemas y que son fuente demostrada de corrupción.
10. Por último, UPyD quiere hacer un llamamiento a la sociedad balear para que afronte los cambios que se avecinan con serenidad y espíritu de sacrificio, pero a la vez con la necesaria firmeza frente a quienes tan irresponsablemente han gestionado nuestros recursos y nos han colocado al borde de la quiebra como nación.
Ante el anuncio efectuado hoy en el Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Consejo Territorial de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en las Islas Baleares quiere manifestar lo siguiente:
1. UPyD lamenta que las medidas anticrisis se hayan tomado con tanta demora y sólo a instancias de Europa y Estados Unidos, después de tres años en que el Gobierno ha negado la realidad y ha ignorado la información y los avisos que, entre otros, nuestro partido le ha suministrado en el Congreso en numerosas ocasiones, con el consiguiente daño añadido a la economía nacional y, por tanto, a la economía balear.
2. Lamentamos también que las medidas de recorte anunciadas, por más que seguramente sean necesarias, incidan sólo sobre los sectores con menos poder adquisitivo de la sociedad -asalariados, pensionistas, jóvenes, dependientes- cuando, por el contrario, no se tocan ni las SICAV ni los grandes patrimonios. UPyD no entiende que un gobierno que se llama progresista y que ha jurado por activa y por pasiva que no se tocarían los gastos sociales haga recaer el peso de la necesaria austeridad sobre las clases medias y bajas de la sociedad.
3. La nefasta gestión del Gobierno, que se ha empeñado en ignorar los problemas más allá de lo razonable y con miras exclusivamente partidarias, han puesto finalmente la gestión de la crisis en manos de Washington y Bruselas. La pérdida de soberanía consiguiente y el descrédito que esto supone para José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo hacen necesaria, hoy más que nunca, la convocatoria de elecciones anticipadas para que los ciudadanos se pronuncien sobre quién debe liderar la Nación en momentos de tal trascendencia histórica.
4. En lo que concierne a las instituciones de Baleares, creemos en todo caso imprescindible que el gobierno de la Comunidad Autónoma se ponga a disposición del Gobierno nacional a la hora de coordinar estas medidas.
5. Rechazamos de plano las manifestaciones disparatadas de algunos líderes políticos según las cuales es el "Gobierno Central" quien debe recortar gastos, ya que un pueblo sumido en una profunda crisis económica, ética, institucional y política no puede permitirse nacionalismos de salón. Queremos recordar a la opinión pública que Estado lo es tanto el gobierno nacional como las instituciones autonómicas y locales, y que todas ellas se financian de la misma fuente: el dinero de los contribuyentes. Y, en este sentido, queremos recordar también que, dejando aparte la Seguridad Social, el Gobierno de la Nación administra sólo un 20% del gasto público total, mientras que las comunidades autónomas gestionan un 36%. Recientes estudios desvelan que las comunidades autónomas ocasionan un injustificable sobrecoste de unos 26.000 millones de euros, que se ahorrarían sólo ajustando las prácticas de gestión de todas las comunidades autónomas a las de las tres más eficientes, entre las cuales no se encuentra precisamente Baleares. Es imposible afrontar la crisis sin un cambio de actitud en todos y cada uno de los niveles del estado.
6. Instamos, por tanto, al Govern, a los consejos insulares, a las mancomunidades y a los ayuntamientos a recortar drásticamente el gasto corriente (cuatro primeros capítulos) así como a congelar la contratación tanto de funcionarios como de personal laboral en tanto se produce un análisis serio de la situación.
7. Reclamamos un freno inmediato a la elefantiasis de las administraciones y a la proliferación de organismos públicos, que obedecen más a criterios clientelares y al reparto de cuotas de poder entre los partidos del Pacte que a las necesidades reales de gestión de los asuntos públicos. Deben clausurarse todos los departamentos innecesarios, como los de política lingüística.
8. Creemos indispensable un viraje de 180 grados en la política de endeudamiento de la CAIB, que en la práctica impide que particulares y empresarios accedan al crédito, con el consiguiente freno a la reactivación económica. Igualmente, la suspensión de pagos de facto en la que se encuentra la Administración acentúa más si cabe los efectos de la crisis, ocasionando el cierre de múltiples empresas que son proveedoras de la Administración debido a su falta de liquidez, por lo que las instituciones contratantes deben esforzarse por cumplir sus compromisos y no perjudicar más al ciudadano.
9. Por su falta de transparencia, por ser un instrumento para camuflar deuda al Banco de España, por su carácter superfluo al acometer funciones que deben recaen sobre la Administración General y por ser un refugio para el amiguismo y el clientelismo más vergonzosos, hemos propuesto y seguiremos proponiendo la supresión -para empezar- de los 80 consorcios públicos para infraestructuras que tiene la comunidad autónoma balear, la unificación de los seis organismos relacionados con la Unión Europea en una sola dirección general, el replanteamiento de entes abiertamente ruinosos como IB3 o el Teatro Principal y, en general, la revisión de la telaraña de empresas públicas, consorcios, fundaciones y demás entes públicos que lastran la eficiencia en el gasto, la eficacia en la resolución de los problemas y que son fuente demostrada de corrupción.
10. Por último, UPyD quiere hacer un llamamiento a la sociedad balear para que afronte los cambios que se avecinan con serenidad y espíritu de sacrificio, pero a la vez con la necesaria firmeza frente a quienes tan irresponsablemente han gestionado nuestros recursos y nos han colocado al borde de la quiebra como nación.
