UPyD sigue denunciando el agujero sin fondo del Teatre Principal

El Teatre Principal, que ha recibido este año del Consell como presupuesto para 2010 casi cinco millones y medio de euros, continúa recibiendo más dinero público, ahora 250.000 euros de INESTUR, dependiente de la consejería de Turismo.


Palma, 30 de mayo de 2010

"En estos momentos de profundo déficit y deuda pública, lejos de aliviar las arcas públicas buscando patrocinios privados y una gestión comercial más eficaz que eleve los ingresos por venta en taquilla, el Teatre Principal sigue haciendo lo que sólo sabe hacer: recibir dinero público, sin recuperarlo ni devolverlo a los contribuyentes", afirma Julián Ruiz-Bravo, miembro del Consejo Territorial de UPyD en Baleares.

UPyD quiere dejar patente que estos 250.000 euros los destina una empresa pública como INESTUR, cuya actividad en el reciente pasado está siendo investigada judicialmente en el marco del caso VOLTOR y que tiene los días contados al ser absorbida por la Agencia Balear para el Turismo. "En realidad INESTUR está gastando el dinero antes de desaparecer, lo que es verdaderamente escandaloso. No es de extrañar, por lo tanto, que con la fusión de todos los institutos y empresas públicas relacionados con el turismo sólo se ahorren 600.000 euros".

El consejero de Cultura, Joan Font, afirma que este dinero ayuda a la programación de dos producciones propias del Teatre Principal, "una actividad que también genera puestos de trabajo". Sin embargo, UPyD sostiene que la financiación exclusivamente pública del teatro sólo genera puestos de trabajo pasivos, no activos, que no generan actividad ni riqueza, ya que sólo dependen de las subvenciones y que, de no existir éstas, desaparecerían.

Por otra parte, el gerente Guillem Román afirma que la temporada de Ópera es una "oferta estratégica a encajar en el ámbito turístico", lo cual, según Ruiz-Bravo, "no deja de tener gracia, ya que es una iniciativa que consta de dos óperas, que disfrutarán muy pocas personas y aún menos turistas, y nada sostenible, ya que su financiación es siempre deficitaria".

Por último, añade Ruiz-Bravo, "lo que en primer lugar debe hacer el Teatre Principal de Palma es publicar sus cuentas de los últimos años, el detalle de todos sus contratos y facturas, y explicar cómo es posible que recibiendo del Consell 6 millones de euros durante 2009 terminara el ejercicio con un millón de euros de déficit; nos llevaríamos una gran sorpresa. Las cuentas del Teatre Principal no las conoce nadie, parecen secreto de Estado".

UPyD propone al Govern la supresión de los 80 consorcios para infraestructuras que tiene la CAIB

Estos consorcios son un instrumento de ingeniería financiera para ocultar endeudamiento al Banco de España y gastar más de lo permitido · Su supresión obligaría a que CAIB y ayuntamientos reconocieran sus propias deudas contraídas gracias a estos organismos · Catorce de estos consorcios ni siquiera presentaron las cuentas en 2007 y 2008


Palma, 29 de mayo de 2010

De las aproximadamente 180 empresas públicas que tiene la CAIB a día de hoy, casi la mitad (unas 80) son los llamados "consorcios para infraestructuras y servicios". Formalmente, estos consorcios tienen como finalidad la ejecución de infraestructuras (Pla Mirall, desestacionalización turística, aguas, socio sanitarias o deportivas) y su necesidad suele justificarse por la variedad de administraciones que participan en un determinado proyecto. Por supuesto, no existe tal necesidad ni desde el punto de vista de recursos humanos (la Administración licita y ejecuta proyectos similares) ni jurídico: hay otros instrumentos jurídicos (los convenios entre administraciones por ejemplo) que permiten llevarlos a cabo sin ningún problema.

La realidad, dato que siempre se oculta, es que los consorcios constituyen un instrumento de ingeniería financiera que permite endeudarse al Govern y a las demás administraciones ocultando este endeudamiento al Banco de España, que tarda años en descubrirlo e imputarlo como deuda de las administraciones participantes. A menudo, el consorcio se crea con la única finalidad de pedir uno o varios préstamos para realizar una o varias infraestructuras, para que luego las administraciones participantes las vayan pagando corriendo con la amortización y los intereses de este préstamo. Así pues, las administraciones no reconocen oficialmente la deuda generada en su pasivo tras haberla disfrazado de un compromiso de gasto para los ejercicios futuros que se va devolviendo al consorcio, el titular de la deuda, en forma de una subvención anual. Esto permite a las distintas administraciones endeudarse más de lo permitido por ley. De hecho, la mayoría de estos ochenta consorcios para infraestructuras no tienen asignado ningún gasto a los capítulos de personal ni gasto corriente, lo que indica que son un subterfugio para burlar la ley de estabilidad presupuestaria y endeudarse más.

Los 79 consorcios que existían en 2007 tenían una deuda viva de 363 millones de euros. En 2008 ya subía a 379 millones. La falta de transparencia también es un signo distintivo de este tipo de consorcios. En 2007 y 2008, últimos ejercicios informados por los síndicos, catorce de ellos no entregaron las cuentas a la Sindicatura como está estipulado por ley. Por todos estos motivos, UPyD propone la liquidación de los 80 consorcios para infraestructuras y servicios.

UPyD Baleares se reúne en Ciudadela

Celebrarán un acto público en Ses Voltes el sábado a partir de las 12:30

Palma, 28 de mayo de 2010
Este fin de semana se celebran en Ciudadela unas Jornadas de Unión Progreso y Democracia (UPyD Baleares).

En el seno de estas Jornadas, organizadas por el Consejo Local de Menorca y el Consejo Territorial de Baleares de este partido, hoy viernes 28 de mayo, a las 7 de la tarde y en el Hotel Port de Ciutadella, tiene lugar el VI Foro de Progreso, dedicado en esta ocasión al "Estado de las urbanizaciones en Menorca". Participarán como ponentes Pedro Capó, presidente de la Asociación de Comerciantes y Hoteleros de Cala Blanca; Francisco Carrasco, presidente de Restauración y Hostelería de Ciudadela; Jordi Bosch, secretario de ASCOME, miembro de PIME; y Antonio Barber, director de restauración, miembro de la Plataforma de Progrés de Ciutadella.

Mañana sábado 29, sesenta militantes de UPyD Baleares se reúnirán en Ciudadela para celebrar una jornada de confraternización. A fin de dar a conocer el proyecto de UPyD a los habitantes de la localidad, a partir de las 12:30 dirigentes del partido atenderán al público y ofrecerán en la céntrica Plaça Nova (Ses Voltes) una charla sobre la necesidad de un proyecto como UPyD para Menorca, la necesidad de dotar a la política de coherencia y sentido común y poner coto a la corrupción en Baleares. Se contará con las intervenciones de Palmer Carretero y Paco Tutzó, respectivamente portavoz y coordinador de UPyD en Menorca, y de los miembros de su Consejo Territorial de Baleares, Juan José Gomila y Arturo Muñoz, portavoz adjunto en Baleares.

UPyD considera "descabellado" el proyecto de construir otro museo de arte en Calvià

El espectáculo de la política balear no deja de producir paradojas. Mientras el presidente Antich y el consejero de Hacienda Manera descubren súbitamente que existe la responsabilidad en relación al gasto público; mientras Rodríguez Zapatero acata medidas que hace dos días calificaba despectivamente de neoliberales, Carlos Delgado se transforma en un neokeynesiano dispuesto a ejercer el cesarismo de grandes construcciones comparables a la Ópera de Matas o a las playas artificiales de Catalina Cirer con las que se presentaron a la cita electoral de 2011.

"Es descabellado que cada municipio turístico, y en particular Calvià, tenga su palacio de congresos y su museo de arte contemporáneo", afirmó la coordinadora en funciones de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Calvià, Victoria Ruiz. "No sólo no es el momento de afrontar gastos de esta envergadura, sino que incluso deberíamos cuestionar los que están presupuestados".

UPyD considera que "se debe analizar rigurosamente la necesidad de invertir recursos públicos en infraestructuras cuando ya se cuenta con instalaciones que no generan la demanda que se esperaba de las mismas. La Fundación Miró, casi olvidada, o Es Baluard, generosamente regado con tres millones públicos anuales, son dos ejemplos palmarios. Cuando se construye un gran Palacio de Congresos en Palma cuya viabilidad queda en entredicho desde el momento en que sus promotores privados lo están abandonando, no parece de recibo construir otro a escasos kilómetros. Una actitud que, por otra parte, debería tener en cuenta el alcalde Carlos Delgado en cuanto a la fiabilidad de la financiación que proviene de manos privadas, que a veces no vacilan en animar a la Administración para que lidere proyectos faraónicos que después tienen que ser sufragados íntegramente por la propia Administración".

Por otra parte, la realidad se impone haciendo imposible la financiación del proyecto. El artículo 14 del Real Decreto Ley 8/2010 del 20 de mayo de recorte de gasto público prueba la gravedad de la situación, sea cual sea su redacción final. "Poco importaría que Delgado pidiera financiación a la administración central y autonómica: todas, y también la del Ayuntamiento de Calvià, están igualmente endeudadas".

UPyD denuncia que la última rectificación de Zapatero lanzará a los ayuntamientos a una "loca carrera" hacia el endeudamiento

Calbarro pronostica más deuda, caída del consumo, el colapso de los municipios y una "brutal subida" de impuestos si no cambia la política del Gobierno · Reclama un gobierno de concentración y elecciones anticipadas


Palma, 26 de mayo de 2010

El portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Baleares, Juan Luis Calbarro, afirmó que "el nuevo e irresponsable bandazo del gobierno Zapatero, que permite a las entidades locales endeudarse a largo plazo hasta el 31 de diciembre, va en contra de los objetivos del Real Decreto-Ley 8/2010 del 20 de mayo. Los ayuntamientos y consells, campeones del endeudamiento en Baleares hasta ayer mismo, retomarán mañana una loca carrera para endeudarse aún más y cubrir 2011 y 2012, en que no podrán firmar nuevos créditos, y tal vez unos años más por si acaso."

Calbarro auguró que "la deuda previsible hace igualmente previsibles la caída del consumo privado por dificultad de acceso al crédito dedicado a los ayuntamientos, el colapso económico de los municipios, que sólo estamos demorando, y una subida de impuestos brutal para paliarlo, con lo que una vez más y por todos los conceptos serán las clases medias las que tengan que cargar con la factura de la absurda gestión del gobierno Zapatero, que antes que gobernar con responsabilidad prefiere contentar al lobby de alcaldes despilfarradores".

"Con esta rectificación, ¿se logrará reducir la deuda pública o aumentarla?", se preguntó Calbarro. "Si Zapatero, Antich, los presidentes de los consells insulares y los alcaldes de la mayor parte de los municipios de Baleares tuvieran un mínimo sentido de la responsabilidad, deberían dimitir inmediatamente por haberse empeñado contra toda evidencia en aumentar el déficit. Ellos son responsables; no pueden dirigir la recuperación los mismos que han hundido las cuentas públicas. No podemos esperar que ahora, en estos meses, se conviertan de la noche a la mañana en buenos gestores. Zapatero y Antich entienden la política como un terreno en el que hacerlo rematadamente mal no tiene consecuencias, y la carrera por aumentar la deuda parece haber sido para ellos un deporte. Hace falta un giro de 180 grados en la política económica, y este gobierno está noqueado. Hacen falta un gobierno de concentración y elecciones anticipadas".

Calbarro quiso recordar "las medidas anticrisis que está en mano de las instituciones de Baleares ejecutar y que UPyD lleva mucho tiempo proponiendo, por la sencilla razón de que son inevitables: reducción a la mitad de los más de 300 millones que destinan los presupuestos de la CAIB de 2010 a subvenciones; reducción a más de la mitad del resto de las subvenciones concedidas por consells y ayuntamientos; eliminación de las partidas presupuestarias destinadas a normalización lingüística (más de 14 millones de euros); eliminación de los 67 asesores del Govern (3 millones de euros) y de las decenas de asesores del resto de las administraciones; reducción drástica de las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento de la enorme cantidad de teatros públicos (5 millones y medio sólo el Teatre Principal) que programan una media de no más de 6 funciones mensuales; replanteamiento de IB3 (61 millones de euros) y TV Mallorca, etc."

UPyD no secundará el plan de ajuste del Gobierno, pero no se pronuncia sobre la manifestación de funcionarios ni ante la huelga del 8 de junio

Unión Progreso y Democracia (UPyD) considera que los recortes salariales de funcionarios y la congelación de las pensiones podrían haberse evitado si Rodríguez Zapatero no hubiera hecho caso omiso a todas las alarmas. Y afirma que es injusto que sectores muy dispares, como funcionarios y pensionistas, sean los primeros en pagar la irresponsabilidad e incompetencia del gobierno. La líder y portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, no votará a favor del recorte en salarios y pensiones.

Sin embargo, aun comprendiendo los motivos, UPyD no apoya ni rechaza la convocatoria de movilizaciones. Es de recibo recordar que no todos los que llaman a los funcionarios a manifestarse y a la huelga merecen la misma credibilidad. Las políticas que han llevado a la bancarrota a la nación son las que los principales sindicatos han proclamado y siguen proclamando irreflexivamente. El descontrol en el gasto público, la metástasis en la administración (especialmente la autonómica), la permanente llamada al alza de la presión fiscal, la concesión a las comunidades autónomas de competencias mediante la creación de organismos redundantes, la proliferación absurda de empresas y consorcios públicos y el derroche vía subvención (de la que partidos, sindicatos y patronales siguen beneficiándose con cifras descomunales) son, entre otras, causas principales del problema.

Las propuestas de los sindicatos no parten de un diagnóstico acertado, sino de los mismos lugares comunes en defensa de las políticas que hemos citado. La cerrazón a la reforma laboral es el colmo de una mentalidad conservadora y miope a más no poder, pues se ignora que abaratar costes de contratación fomenta la misma y beneficia a los parados. Por no hablar del consabido comodín del neoliberalismo con el que muchos, incluyendo a Rodríguez Zapatero, han intentado tapar sus propias vergüenzas en vano. Definitivamente, los principales sindicatos deben encontrar un equilibro entre sus propuestas y la realidad económica que parecen ignorar.

UPyD pide la dimisión inmediata de los dos gerentes de SFM

La irresponsabilidad de unos gestores de perfil político que juegan a ser técnicos sin estar preparados pone en peligro la seguridad de los pasajeros · Un no titulado que firmaba proyectos y un funcionario sin conocimientos de ingeniería juzgando a un ingeniero · UPyD se pregunta por los estudios que permitieron a Tomeu Gual ser designado gerente de SFM



Palma, 24 de mayo de 2010

UPyD pide la dimisión inmediata de los dos gerentes de SFM, Jaume Jaume (PSOE) y Tomeu Gual (PSM), tras los escándalos que se han desvelado estos últimos días en referencia a la suplantación por parte del jefe técnico de proyectos de SFM, Pedro Sintes, del título de ingeniero de obras públicas gracias al cual firmaba los proyectos de la empresa ferroviaria, así como por el durísimo veredicto de un juez contra SFM en el despido improcedente de la anterior jefe de obras del Metro a la UIB, Ana García. En este último caso la sentencia no sólo apunta a que Ana García se vio sometida a una cacería sin posibilidad de defenderse a raíz de un expediente administrativo que le abrieron a raíz de las inundaciones del metro en 2007, sino que pone al descubierto una vez más el desgobierno de la empresa pública. El juez señala que quien instruyó el expediente contra la exjefe de obras del Metro no tenía siquiera conocimientos de ingeniería, aunque no tuvo reparos en juzgar la idoneidad técnica de una ingeniero. Llueve por tanto sobre mojado. La actual dirección de SFM no sólo permite que alguien que no es titulado firme proyectos sino que también designa a alguien sin conocimientos técnicos para que evalúe la idoneidad de un ingeniero de obras públicas. UPyD considera además que abrir un expediente a García con la intención de someterla a una causa general constituye un fraude de ley inadmisible que refleja la catadura sectaria de los directivos de SFM. UPyD se pregunta si, a raíz de las recientes inundaciones del Metro de Palma, SFM va a abrir otro expediente informativo al responsable de las obras de reforma del Metro.

Por si fuera poco, a UPyD le constan los subterfugios que ya en su día se vio obligado a hacer SFM para poder designar como gerente a Tomeu Gual, por no tener estudios suficientes. A todo ello se suma la incapacidad de mantener una vía como la de Manacor en perfectas condiciones, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros al minimizar el peligro como se ha demostrado, por ejemplo con el puente de Son Fogó en Petra, de donde Gual es nada menos que concejal de obras públicas. Tras el descarrilamiento del tren del pasado miércoles, SFM ha decidido cerrar el puente y arreglarlo, aprovechando el cierre de la línea ferroviaria, lo que da una idea de que incluso las decisiones técnicas que afectan a la seguridad de los ciudadanos se someten a criterios de oportunidad política. Unos comportamientos que concuerdan con la irresponsabilidad propia de unos gestores de perfil político que juegan el papel de técnicos sin estar preparados.

UPyD critica la subordinación de Antich a los intereses del nacionalismo catalán

Antich arropa a Montilla en sus amenazas al Constitucional · Implica de lleno la suerte de las Islas en el contencioso catalán reconociendo una posible inconstitucionalidad del estatuto balear · Antich vuelve a manifestar su pancatalanismo incurable

Palma, 25 de mayo de 2010
UPyD no entiende el seguidismo de Francesc Antich a José Montilla y su subordinación a los intereses de la clase política catalana tras arropar la mascarada del presidente catalán en el Senado. El presidente balear no sólo ha respaldado con su presencia las nuevas presiones y amenazas de Montilla al Tribunal Constitucional (TC) sino que se ha implicado de lleno en la defensa del estatuto catalán pidiendo al PP que retirara el recurso ante el alto tribunal. Antich representa a todos los ciudadanos de las Islas Baleares, a la mayoría de los cuales les resultará muy difícil comprender la actitud de su presidente de restar legitimidad al TC al tiempo que se postra al dictado de la desprestigiada clase política catalana personificada en José Montilla.

El principal argumento de Antich, tomando parte activa como nunca antes en un contencioso que en principio sólo afecta a Cataluña, ha sido que, en su opinión, había artículos del estatuto balear que eran similares a los aprobados en el catalán, y que un fallo contrario del TC podría afectar al estatuto balear; un órdago en toda regla destinado a sumarse a las presiones al alto tribunal, insinuando la amenaza de poner patas arriba la arquitectura territorial del Estado si finalmente el TC fallaba contra el estatuto catalán. Antich se comporta poco menos que como un nacionalista del PSM o ERC al unir la suerte de las Islas a la de Cataluña, como si las primeras fueran un territorio más de la segunda. La devoción catalanista y la querencia por un estado no federal ni igualitario, sino confederal y no igualitario, ha podido más que la prudencia de un mutis por el foro, que es lo que se esperaba de un presidente de las Islas Baleares.

UPyD exige al Govern, a los consells y a los ayuntamientos la publicación de todas las subvenciones

El Govern podría publicar, pero no publica, aquellas subvenciones que, aun estando en su base de datos, son inferiores a 3.000 euros · Tampoco publica las subvenciones nominativas contempladas en los presupuestos ni las previstas en una norma de rango legal · Los consells insulares y los ayuntamientos ni siquiera realizan ninguna publicación periódica unificada.


Palma, 24 de mayo de 2010

En palabras de Juan Luis Calbarro, portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Baleares, "aunque es cierto que el Decreto Legislativo 2/2005 concede a la CAIB la potestad de publicar o no publicar las subvenciones nominativas, las que vienen fijadas por ley y las inferiores a 3.000 euros, UPyD considera que en estos momentos es más necesaria que nunca la transparencia, que el ciudadano pueda conocer todos los gastos públicos -todos, hasta el último-, para que sea consciente del dinero que se gasta en subvenciones y de quién las recibe. La información puntual y pública, por boletín o a través de página web, es una de las mejores maneras de luchar contra la corrupción y contra el despilfarro. Parece que para el Govern 3.000 euros es una cantidad despreciable; yo les aseguro que para cualquier ciudadano es una cantidad importante".

La transparencia informativa evitaría ocultar fraccionamientos de subvenciones inferiores a 3.000 euros a una misma persona o entidad, que podría recibir, por ejemplo, dos subvenciones de 2.999 euros por un mismo concepto; o, por ejemplo, una subvención de Trabajo por 2.999 euros y otra de Presidencia por 2.999 euros, de lo que nadie se enteraría. "¿Puede decirnos alguien que esto es ser especialmente malpensados, cuando tenemos en Baleares más de 100 personas imputadas judicialmente por distintos casos de presunta corrupción, y cuando el reciente informe de la Sindicatura de Cuentas indica que, por otro lado, el fraccionamiento de contratos es una práctica habitual para sortear los requisitos impuestos por la ley?"

Mucho peor es el caso de los consells insulares y de los ayuntamientos, que, aun cuando el artículo 18 de la Ley estatal 28/2003 de subvenciones obliga a que publiquen sus subvenciones, según reglamentariamente determinen, no hacen una publicación de las mismas con un régimen unificado, en un listado unificado, con una periodicidad determinada, ni en un boletín o sitio web común. "Y eso que, por ejemplo, el Consell Insular de Mallorca destina para subvenciones, según los presupuestos aprobados para 2010, la nada desdeñable cantidad de 11 millones y medio de euros. Si un ciudadano quiere conocer las subvenciones concedidas a una asociación de vecinos, a una ONG o a un comerciante por rotular en catalán, no tiene más remedio que leer pacientemente todos los días el Boletín Oficial o el Boletín interno de cada institución. Las subvenciones están sometidas al mayor de los oscurantismos", concluye Juan Luis Calbarro.

UPyD sugiere que Antich elimine los 67 asesores que tiene el Govern

La factura de los 67 asesores es de casi tres millones de euros · Antich tiene 12 asesores · UPyD duda de los beneficios aportados por estos asesores

Palma, 23 de mayo de 2010
UPyD está dispuesto a "echar una mano a Francesc Antich y Joana Barceló a la hora de proporcionarles ideas de cómo lograr recortar los 200 millones de euros a los que está obligado el Govern por mandato imperativo de Zapatero". Ya días atrás el partido de Rosa Díez señaló que sólo reduciendo a la mitad el irracional gasto en subvenciones se cubriría prácticamente el recorte exigido.

En palabras de su portavoz en Baleares, Juan Luis Calbarro, UPyD sugiere a Antich "que elimine los 67 asesores que tiene el Govern entre jefes de gabinete, jefes de prensa, asesores técnicos, coordinadores y secretarios. 52 de estos asesores cobran una nómina de 49.767,54 euros, trece de ellos una de 23.616 euros y dos de ellos 30.600 euros cada uno. Para poner un ejemplo, el mismo Presidente del Govern, Francesc Antich, tiene la friolera de 12 asesores, diez de ellos cobrando la máxima retribución. El coste total de los 67 asesores del Govern es de 2.956.120 euros."

En opinión de Calbarro, "a la vista de la incapacidad, incompetencia y inutilidad que el Pacte va demostrando cada día que pasa para afrontar la crisis, nos preguntamos de qué le ha servido tener casi setenta asesores". UPyD cree que "el recorte debería empezar por ahí, eliminando gastos superfluos e innecesarios que en nada o en tan poco contribuyen a mejorar la gestión del Govern".

UPyD considera "irrisorio" el ahorro de la fusión de IBATUR e INESTUR

La fusión no aborda lo esencial: la necesidad de muchos de sus cometidos en promoción y "estrategia" turísticas y la eficiencia con la que son gestionados · Sólo se ahorran 600.000 euros frente a los casi 42 millones de euros que suman los presupuestos de los dos institutos


Palma, 22 de mayo de 2010

Al igual que lo ocurrido recientemente, cuando Albert Moragues hizo efectiva la supresión de tres fundaciones y tres consorcios, algunos de ellos inactivos y sin competencias, la fusión de las empresas públicas IBATUR e INESTUR supone un ahorro nimio, el que resulta de ahorrarse el alquiler de la sede de IBATUR y de prescindir de cinco altos cargos de INESTUR, curiosamente los altos cargos de UM destituidos a raíz de la Operación Voltor. En total, un ahorro de 600.000 euros frente a los casi 42 millones de euros que suman los presupuestos de 2010 de ambos institutos. La causa de un ahorro tan irrisorio es que INESTUR asume todas las competencias y todo el personal de IBATUR, a excepción de las competencias de calidad e infraestructuras, que pasan a la Dirección General de Desarrollo Turístico. No hay que olvidar la duplicidad entre estos dos institutos con unos consells insulares a los que se han transferido las competencias de promoción turística.

Aunque la fusión va en la buena dirección, lo cierto es que el ahorro es a todas luces insuficiente, sobre todo cuando se habla de un tijeretazo en las cuentas de la comunidad autónoma de 200 millones de euros para este año. UPyD considera que el Pacte no tendría que limitarse a hacer operaciones de maquillaje con las empresas públicas, traspasando presupuestos de unos entes a otros, sino plantearse de verdad la superfluidad de algunas de las funciones que realizan y la eficiencia con la que son gestionadas. Así, por ejemplo, al no incluirlos en el ahorro anunciado, el Pacte parece dar por buenos los convenios de infraestructuras que la destituida dirección de UM de INESTUR firmó, curiosamente, sólo con ayuntamientos presididos por alcaldes de UM (Campos, Alcudia, Pollença y Porreres), convenios que ascendían a 2.650.000 euros.

UPyD cree que el Pacte no ataca el problema de fondo, conformándose con ligeros maquillajes. UPyD cree que antes de paralizar las inversiones en infraestructuras el Govern tendría que abordar una drástica reducción de las empresas públicas, planteándose el sentido de las funciones de la mayoría. Si no es así corremos el peligro de tener una Administración hipertrofiada absorbe la integridad de nuestros ingresos fiscales y que no tiene dinero para cumplir una de sus principales funciones: hacer aquellas infraestructuras necesarias que redunden en la economía productiva de las islas.

UPyD asgura que el Govern puede cubrir el recorte necesario en gasto público con sólo reducir a la mitad las subvenciones

Calbarro considera "escandaloso" y "una tomadura de pelo" tanto la cantidad comprometida en subvenciones como la forma de concederlas


Palma, 20 de mayo de 2010

Según UPyD, los más de 300 millones de euros (301.450.000) destinados por la CAIB a subvenciones durante 2008 son "un dispendio insoportable". Al gasto del Govern hay que sumar el dinero destinado a los mismos fines por consells y ayuntamientos. Gran parte de las subvenciones tienen graves defectos de forma y no cumplen los requisitos de concurrencia y publicidad, y las subvenciones nominativas no se conceden atendiendo a los preceptivos criterios de excepcionalidad.

"Si se quiere recortar el gasto público, teniendo en cuenta que en el año 2010 se ha aumentado considerablemente la cantidad destinada a subvenciones con respecto a los 300 millones de 2008, basta con reducir a la mitad la cantidad destinada a las mismas; con ello ahorramos más de 170 millones de euros, esos que el Gobierno central ha impuesto como "deberes" al Govern y que el Govern busca desesperadamente recortar por algún lado. Y nos quedamos cortos, porque aún faltaría por recortar los millones de euros que a subvenciones también destinan los consejos insulares y los ayuntamientos. El descontrol del gasto es escandaloso”, aseguró Juan Luis Calbarro, portavoz de UPyD en Baleares.

"Los gestores públicos consideran el dinero de los contribuyentes como un medio para tener contentos a diversos colectivos, hacer amigos y comprar voluntades. De otra forma no se entiende que tengan tan poco cuidado en la convocatoria, publicidad y concesión de las mismas. Muy pocas de las subvenciones analizadas por el reciente informe de la Sindicatura de Cuentas reúnen todos los requisitos; siempre se falla en algo o en casi todo: falta de concreción de lo subvencionable, de los proyectos, ausencia de detalle de presupuestos, de memorias justificativas, de facturas subvencionables, comprobantes de pago, cumplimiento de términos, etc. En definitiva, una tomadura de pelo en toda regla", dijo Calbarro.

Uno de los métodos preferidos para esa "compra" de voluntades es el uso y abuso sistemático de las subvenciones nominativas, aquellas que se conceden directamente a una entidad sin concurrencia y publicidad, como, por ejemplo, a la miríada de asociaciones catalanistas, obviando el criterio de excepcionalidad que la ley limita para este tipo de ayudas y sin justificar adecuadamente la concesión, las obligaciones que debe cumplir el beneficiario y la forma en que se ha de justificar el objeto de la subvención.

Las administraciones públicas incumplen igualmente el requisito de publicidad; tampoco en 2010 se publican en lista unificada todas las subvenciones concedidas. Sólo trimestralmente la CAIB publica en el BOIB una lista parcial de subvenciones, quedando excluidas de la misma las nominativas (más del doble de la cantidad destinada a subvenciones) y las de una cuantía inferior a 3.000 euros. Ni los consells ni los ayuntamientos publican en lista unificada sus subvenciones.

"La única manera que tiene el ciudadano de conocer el montante total de subvenciones concedidas durante un ejercicio", señaló Calbarro, "es esperar pacientemente a que la Sindicatura de Cuentas, dos o tres años después, analice las cuentas de la CAIB, Consells y Ayuntamientos, y aún así no tendrá cumplida información, porque la Sindicatura sólo puede analizar una muestra aleatoria de lo que le envían las administraciones y no, a pesar de sus propuestas, de lo que no le envían, o retienen, o maquillan".

UPyD denuncia la irregularidad sistemática en las contrataciones del Institut d'Estudis Baleàrics

Propone eliminar el IEB · Sugiere la intervención de la Fiscalía

Palma, 17 de mayo de 2010
"El informe de la Sindicatura de Cuentas del 2008 ha sido contundente: de 20 contratos fiscalizados del IEB, en todos ellos se fracciona el pago para eludir el concurso abierto y adjudicarlos a dedo", afirmó Juan Luis Calbarro, portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Baleares, que además se preguntó "si tales hechos no son encuadrables en algún tipo de ilícito administrativo o penal que justifique una investigación de la fiscalía".

El representante de UPyD señala que "los veinte contratos se conceden a seis proveedores diferentes. Seis a un único proveedor y por el mismo concepto. Otro proveedor fue contratado en cuatro ocasiones por el mismo concepto, y otros en tres ocasiones, lo que parece demostrar una práctica sistemática para evitar la concurrencia y conceder arbitrariamente y a dedo los contratos, de manera fraccionada. La Sindicatura subraya además que en dos de ellos, cuyo objeto es la maquetación e impresión del libro "Balears, Cultura y Societat en el segle XX", no consta que el libro se haya entregado al final del ejercicio. La gestión en el IEB, según Calbarro, "constituye una muestra más de la particular manera de entender la gestión de los políticos de Unió Malloquina, y de su tradicional predilección por las adjudicaciones a dedo".

El Institut d'Estudis Baleàrics fue desmantelado parcialmente después de que en febrero Antich expulsara del Govern a los políticos de UM, aduciéndose que era un organismo superfluo cuyas funciones eran compartidas por otros organismos similares como el COFUC, el Institut Ramon Llull (IRL) y las direcciones generales de Política Lingüística y de Cultura. "Está claro que el IEB era la cuota lingüístico-cultural de UM en el Govern después de que éste último decidiera incorporarse al IRL en 2007, lo que hacía del IEB un ente innecesario que sólo se explicaba por el reparto de cuotas del Pacte. Desde UPyD proponemos que el Govern traspase los proyectos pendientes a otros departamentos y termine de liquidar el IEB", concluyó Calbarro.

UPyD alerta sobre la "extraña y ruinosa" compra de un edificio por la sociedad pública ParcBit Desenvolupament

Insta a la Fiscalía a investigar el caso para descartar presunto tráfico de influencias

Palma, 16 de mayo de 2010
La sociedad pública ParcBit Desenvolupament compró en 2008 por más de 4 millones un edificio construido en un solar que había sido anteriormente propiedad de la sociedad pública y que había vendido en 2006 por 489.000 euros a la empresa Magatzems Metrocúbico, que acto seguido empezó a construir el edificio. Unión Progreso y Democracia (UPyD), partiendo del reciente informe de la Sindicatura de Cuentas, alerta de que esta operación podría esconder un presunto caso de información privilegiada y, también presuntamente, una estrategia para evitar un concurso público sometido a la ley de contratos. UPyD considera que la Fiscalía debería investigar esta operación, dada la relación del arquitecto y promotor Boris Pena Covián con instituciones y personas íntimamente relacionadas con el poder.

Fernando Navarro, del departamento jurídico de UPyD en Baleares, explica que "el informe de la Sindicatura de Cuentas a las cuentas de la Comunidad Autónoma de Baleares durante 2008 ofrece todo un catálogo de malas prácticas de gestión, de descuidos y de escandalosas infracciones de las normas sobre contratación pública y subvenciones, que demuestran al menos una vergonzante desidia en la gestión de las cuentas públicas, propia de gestores que consideran el dinero de los contribuyentes como dinero de nadie. El informe también deja claro que no hay diferencia en la mala gestión entre el actual gobierno del Pacte y el anterior del PP". Uno de estos escandalosos casos lo relata la Sindicatura de cuentas con todo detalle en las páginas 260 y 261 de su informe.

En febrero de 2006 la sociedad pública ParcBit Desenvolupament vende por 489.000 euros un solar de su propiedad a la empresa Magatzems Metrocúbico, que se pone a construir un edificio de oficinas. En junio de 2008, ante la demanda de empresas que buscaban locales para alquilar, según un informe del gerente de ParcBit Desenvolupament, el socialista Vicenç Matas, esta sociedad decide comprar un edificio en el llamado Parc BIT, alegando que, en caso de construirlo por sus medios en algún solar de su propiedad en lugar de comprarlo terminado, se tardaría un año y medio. "Lo extraño del caso es que el edificio elegido para ser comprado es el que Magatzems Metrocúbico estaba construyendo en el mismo solar que había sido propiedad de ParcBit Desenvolupament. La compra se efectuó por 4.269.000 €, cuando el edificio sólo estaba construido en un 60%. A pesar de la urgencia alegada, la recepción parcial del edificio se hizo en 2009, casi un año después, pendiente de realizar los locales del subterráneo, por lo que la recepción final no se recoge en el informe de la sindicatura", señala Navarro.

Según alerta la Sindicatura de cuentas, el gerente de ParcBit Desenvolupament no acompaña ningún expediente que justifique que, entre los edificios disponibles en Parc BIT, ése sea el idóneo. "La Sindicatura indica también de forma clara que, para conseguir el mismo objetivo construyendo el edificio en su propio solar, la sociedad pública tendría que haberse sometido a la ley de contratos públicos (y por tanto abrir licitación), cosa que eludió al optar por vender el solar y posteriormente comprar el edificio."

A este sorprendente relato de la Sindicatura de Cuentas, UPyD añade la circunstancia de que "el administrador único de Magatzems Metrocúbico es Boris Pena Covián, entre otras cosas ganador en 2008 del premio Guillem Sagrera que otorga el Ayuntamiento de Palma y diseñador de la nueva sede de la Consejería de Salud."

UPyD se pregunta por qué en 2006 la sociedad ParcBIT Desenvolupament no detecta demanda de oficinas para alquilar y sí en 2008, teniendo en cuenta que 2008 es un año en que la crisis ya había estallado y en 2006 aún no se había manifestado. "También nos preguntamos por qué no se adjuntó expediente que justificara la compra del edificio en cuestión. Dada la buena relación aparente entre el promotor implicado en este proceso de compraventa y diversas instituciones contratantes controladas por el Pacte, así como el carácter definitivamente extraño y ruinoso de la operación para la sociedad pública, instamos a la Fiscalía a investigar este caso para descartar un presunto tráfico de influencias."

UPyD insiste en la necesidad de que la Sindicatura de Cuentas pueda impulsar procesos judiciales y sancionar

Ahora sólo tiene funciones fiscalizadoras y consultivas · UPyD también viene reclamando que los síndicos no sean elegidos por los partidos políticos

Palma, 15 de mayo de 2010
El alboroto que se ha producido en torno a las irregularidades de todo tipo que se detallan en el informe anual de la Sindicatura de Cuentas referente a las cuentas del Govern en 2008 pone de manifiesto lo acertada de la propuesta que viene defendiendo UPyD de modificar la ley 4/2004 de la Sindicatura de Cuentas para que ésta pueda impulsar procesos judiciales penales y contencioso-administrativos, amén de otorgarle una capacidad sancionadora que ahora mismo no tiene. Así mismo, UPyD propone cambios en la elección de los síndicos para que éstos no dependan de los partidos políticos que ahora les eligen.

Lo que no tiene sentido es que ahora el Partido Popular, que impulsó la ley 4/2004 que ata de pies y manos la labor de los síndicos, reclame a Antich que "ordene a los consejeros que se pongan al servicio de Fiscalía" en base al último informe, cuando sabe a ciencia cierta que no lo hará y cuando debería ser la propia Sindicatura la que en buena lógica lo hiciera de forma independiente si ha observado indicios de delitos penales a lo largo de la fiscalización de las cuentas.

En sus sobrevenidas medidas contra la corrupción para salvar la poca credibilidad que les queda, los partidos tradicionales de las Islas parecen haberse olvidado interesadamente de un órgano que, si funcionara a pleno rendimiento y sin estar atado de pies y manos por los propios partidos, se convertiría con toda seguridad en la mayor herramienta disuasoria contra la corrupción: la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares.

A día de hoy, la Sindicatura es, según Juan Luis Calbarro, portavoz de UPyD en Baleares, "un organismo dependiente directamente de los partidos representados en el Parlament, con una potestad muy restringida puesto que según la ley 4/2004 se limita a fiscalizar externamente al sector público balear. En los informes que realiza anualmente es fácil constatar la gran cantidad de ayuntamientos, consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles en los que participa la CAIB que ni siquiera se toman la molestia de presentar sus cuentas anuales, lo que da una idea del respeto que infunde. Todo ello es posible porque la Sindicatura, por ley, no tiene capacidad sancionadora propia ni tampoco capacidad para poder iniciar y presentarse como parte en procesos judiciales penales y contencioso-administrativos si tiene indicios de ilícitos penales o administrativos".

Calbarro recuerda que "cuando se aprobó la ley 4/2004, todos los partidos representados en el Parlament se pusieron de acuerdo para dejarlo todo atado y bien atado para que el tribunal de cuentas balear no tuviera apenas potestad para luchar contra la corrupción. Los partidos limitaron las funciones de los síndicos a una mera labor fiscalizadora y consultiva, insuficiente para luchar eficazmente contra la impunidad y la inmunidad de los políticos. La dotaron de medios (54 funcionarios en plantilla y 2.853.710 € de presupuesto en 2010) a cambio de que se limitara a cubrir el expediente". La exigencia por ley de que los síndicos tienen que designarse por una mayoría parlamentaria holgada (3/5 partes de los diputados autonómicos) "ha provocado que los partidos se repartan el cupo de modo que cada formación tiene colocado a su propio síndico amigo. Imposible así que los síndicos tengan la independencia y neutralidad necesarias para dedicarse a lo que tendría que ser su principal misión: luchar contra la corrupción." UPyD está "estudiando nuevas fórmulas para la elección de los síndicos que liberen el órgano de su actual dependencia".

UPyD cree que es necesario reducir la cuantía máxima permitida para adjudicar contratos menores

Así mismo preconiza que los organismos públicos publiquen en sus webs las subvenciones, los contratos menores y las liquidaciones

Palma, 14 de mayo de 2010
UPyD propondrá reducir la cuantía máxima permitida para adjudicar contratos menores sin publicidad, una cuantía que la ley de contratos establece en los 18.000 €. En la anterior ley de contratos, esta cuantía era de 12.000 €, por lo que entendemos que, en vez de mejorar, se ha empeorado en este sentido.

El informe de la Sindicatura de Cuentas de 2008 demuestra que la Ley de Contratos Públicos deja vías abiertas para la corrupción y las irregularidades en la contratación. Sólo en el año 2008 el gobierno de Antich adjudicó un total de 2.360 contratos menores, contratos que se asignan a dedo y sin publicidad, por un importe de 24 millones de euros. Además fomenta, como la Sindicatura acaba de demostrar y denunciar, la práctica de fraccionar los pagos para eludir el concurso abierto.

La cuantía máxima vigente para los contratos menores es demasiado elevada: impide el control necesario sin acotar la arbitrariedad de los políticos a la hora de contratar a dedo a socios, amigos y familiares.

La modificación de la ley de contratos debería ir acompañada también por la medida complementaria de obligar a los organismos públicos a publicar en su página web las subvenciones concedidas, los contratos públicos adjudicados (incluidos naturalmente los menores) y la liquidación aprobada del ejercicio anterior. Esta transparencia coadyuvaría sin duda a un mayor control por parte de ciudadanos y empresas en cómo y con quién se gastan los dineros los políticos.

Comunicado de UPyD Baleares sobre las medidas anticrisis del Presidente del Gobierno

Palma, 12 de mayo de 2010
Ante el anuncio efectuado hoy en el Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Consejo Territorial de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en las Islas Baleares quiere manifestar lo siguiente:

1. UPyD lamenta que las medidas anticrisis se hayan tomado con tanta demora y sólo a instancias de Europa y Estados Unidos, después de tres años en que el Gobierno ha negado la realidad y ha ignorado la información y los avisos que, entre otros, nuestro partido le ha suministrado en el Congreso en numerosas ocasiones, con el consiguiente daño añadido a la economía nacional y, por tanto, a la economía balear.

2. Lamentamos también que las medidas de recorte anunciadas, por más que seguramente sean necesarias, incidan sólo sobre los sectores con menos poder adquisitivo de la sociedad -asalariados, pensionistas, jóvenes, dependientes- cuando, por el contrario, no se tocan ni las SICAV ni los grandes patrimonios. UPyD no entiende que un gobierno que se llama progresista y que ha jurado por activa y por pasiva que no se tocarían los gastos sociales haga recaer el peso de la necesaria austeridad sobre las clases medias y bajas de la sociedad.

3. La nefasta gestión del Gobierno, que se ha empeñado en ignorar los problemas más allá de lo razonable y con miras exclusivamente partidarias, han puesto finalmente la gestión de la crisis en manos de Washington y Bruselas. La pérdida de soberanía consiguiente y el descrédito que esto supone para José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo hacen necesaria, hoy más que nunca, la convocatoria de elecciones anticipadas para que los ciudadanos se pronuncien sobre quién debe liderar la Nación en momentos de tal trascendencia histórica.

4. En lo que concierne a las instituciones de Baleares, creemos en todo caso imprescindible que el gobierno de la Comunidad Autónoma se ponga a disposición del Gobierno nacional a la hora de coordinar estas medidas.

5. Rechazamos de plano las manifestaciones disparatadas de algunos líderes políticos según las cuales es el "Gobierno Central" quien debe recortar gastos, ya que un pueblo sumido en una profunda crisis económica, ética, institucional y política no puede permitirse nacionalismos de salón. Queremos recordar a la opinión pública que Estado lo es tanto el gobierno nacional como las instituciones autonómicas y locales, y que todas ellas se financian de la misma fuente: el dinero de los contribuyentes. Y, en este sentido, queremos recordar también que, dejando aparte la Seguridad Social, el Gobierno de la Nación administra sólo un 20% del gasto público total, mientras que las comunidades autónomas gestionan un 36%. Recientes estudios desvelan que las comunidades autónomas ocasionan un injustificable sobrecoste de unos 26.000 millones de euros, que se ahorrarían sólo ajustando las prácticas de gestión de todas las comunidades autónomas a las de las tres más eficientes, entre las cuales no se encuentra precisamente Baleares. Es imposible afrontar la crisis sin un cambio de actitud en todos y cada uno de los niveles del estado.

6. Instamos, por tanto, al Govern, a los consejos insulares, a las mancomunidades y a los ayuntamientos a recortar drásticamente el gasto corriente (cuatro primeros capítulos) así como a congelar la contratación tanto de funcionarios como de personal laboral en tanto se produce un análisis serio de la situación.

7. Reclamamos un freno inmediato a la elefantiasis de las administraciones y a la proliferación de organismos públicos, que obedecen más a criterios clientelares y al reparto de cuotas de poder entre los partidos del Pacte que a las necesidades reales de gestión de los asuntos públicos. Deben clausurarse todos los departamentos innecesarios, como los de política lingüística.

8. Creemos indispensable un viraje de 180 grados en la política de endeudamiento de la CAIB, que en la práctica impide que particulares y empresarios accedan al crédito, con el consiguiente freno a la reactivación económica. Igualmente, la suspensión de pagos de facto en la que se encuentra la Administración acentúa más si cabe los efectos de la crisis, ocasionando el cierre de múltiples empresas que son proveedoras de la Administración debido a su falta de liquidez, por lo que las instituciones contratantes deben esforzarse por cumplir sus compromisos y no perjudicar más al ciudadano.

9. Por su falta de transparencia, por ser un instrumento para camuflar deuda al Banco de España, por su carácter superfluo al acometer funciones que deben recaen sobre la Administración General y por ser un refugio para el amiguismo y el clientelismo más vergonzosos, hemos propuesto y seguiremos proponiendo la supresión -para empezar- de los 80 consorcios públicos para infraestructuras que tiene la comunidad autónoma balear, la unificación de los seis organismos relacionados con la Unión Europea en una sola dirección general, el replanteamiento de entes abiertamente ruinosos como IB3 o el Teatro Principal y, en general, la revisión de la telaraña de empresas públicas, consorcios, fundaciones y demás entes públicos que lastran la eficiencia en el gasto, la eficacia en la resolución de los problemas y que son fuente demostrada de corrupción.

10. Por último, UPyD quiere hacer un llamamiento a la sociedad balear para que afronte los cambios que se avecinan con serenidad y espíritu de sacrificio, pero a la vez con la necesaria firmeza frente a quienes tan irresponsablemente han gestionado nuestros recursos y nos han colocado al borde de la quiebra como nación.

Elegidos en UPyD los nuevos consejos locales de Palma, Ibiza y Menorca

Carmen Ortuño, Pepe Torres y Paco Tutzó coordinadores respectivamente de Palma, Ibiza y Menorca · Ángel Saiz en Palma y Palmer Carretero en Menorca, portavoces

Palma, 10 de mayo de 2010
El consejo local de Palma y los consejos insulares de Ibiza y Menorca de Unión Progreso y Democracia (UPyD) han sido renovados el pasado fin de semana mediante el correspondiente proceso de elecciones internas. De esta manera se completa en el ámbito local de Baleares el proceso de renovación democrática de cargos iniciado en UPyD en noviembre de 2009 con motivo de su I Congreso Nacional.

En el caso de Palma, el nuevo consejo local estará coordinado por María del Carmen Ortuño Rodríguez, que hasta el momento coordinaba el grupo de trabajo de Sanidad de UPyD Baleares. El nuevo responsable de Organización será Rafael Bejarano Arbós, y Ángel Saiz Núñez se hará cargo de la portavocía y del área de Política Local.

Ibiza y Formentera contarán con un consejo insular cuyo coordinador y portavoz será José Torres Torres, que ya pertenecía al órgano con anterioridad. Torres es también, desde su creación, miembro del Consejo Político nacional de UPyD. José Segador Parra se encargará del área de Organización, y Rosalía Moreno Marí de la de Política Local.

Francisco Tutzó Escudero será el nuevo coordinador de UPyD en Menorca. Palmer Carretero Vilches continuará siendo el portavoz de la formación en la isla y asumirá Política Local. Daniel Prats Florit llevará Organización.

Los hasta ahora coordinadores de UPyD en Ibiza y Menorca, José Manuel Soria Rico y Juan José Gomila Félix respectivamente, seguirán participando en el desempeño del partido en Baleares a través de su condición de miembros del máximo órgano ejecutivo de UPyD en las islas, el Consejo Territorial.

El Anteproyecto de la Ley de la “Desigualdad”, de Fina Santiago, sólo sirve para aumentar el gasto público y crear decenas de nuevos cargos

UPyD afirma que el anteproyecto de ley de Igualdad de hombres y mujeres es un monumento a la retórica del feminismo más vacío, idéntico a la retórica del “machismo caballeroso”, y sólo sirve para esquilmar aún más las escuálidas arcas públicas.

Palma, 9 de marzo de 2010
UPyD considera un abuso que el Anteproyecto de Ley de la Igualdad de Hombres y Mujeres, que promueve la consellera Fina Santiago, contemple los siguientes cargos o unidades administrativas, con su consiguiente presupuesto económico: 1. Comisión del Govern para la Igualdad, 2. Consell para la Igualdad de Género, 3. Consell de Participació de les Dones (ya existente), 4. Síndica para la Igualdad de Mujeres y Hombres (adscrito al Sindic de Greugues), 5. un representante en cada uno de los cientos de consejos escolares de centros de enseñanza de Baleares, 6. un Representante en los consejos escolares insulares, 7. un representante del Institut Balear de la Dona en el Consell Escolar de las Islas Baleares, 7. Unidades de Igualdad en la universidad.

“Con este ejército de comisarios de género la ley pretende primero controlar toda la Administración Pública y, en un segundo momento, controlar también el ámbito privado. Es sólo cuestión de tiempo que las numerosas recomendaciones de género dirigidas a las empresas se conviertan en preceptos, es cuestión de tiempo que se obligue a tener representantes de Igualdad en los consejos de administración de las empresas, en las asociaciones de comerciantes o en las asociaciones de vecinos”

Todos los partidos políticos, incluidos los de la oposición, callan ante este despropósito, acomplejados ante la posibilidad de ser acusados de “machistas” si osan poner algún pero al anteproyecto. UPyD, en cambio, no tiene miedo a decir la verdad: “este anteproyecto es una excusa para esquilmar aún más la Hacienda Pública en nombre de supuestos principios altruistas; y es también el anteproyecto de la desigualdad, el anteproyecto del machismo caballeroso, el que considera a la mujer un ser desvalido, incluso minusválido, al que hay que proteger siempre y en todas las circunstancias dándole graciosamente las ventajas y el poder, sin que luche por él”.

Para UPyD, la política teatral balear actual ignora el teatro privado

A pesar de que dos teatros privados, el Auditorium y el de Cala Gamba, atraen muchísimo más público que el conjunto de teatros públicos de Mallorca, las distintas administraciones baleares se empeñan en realizar competencia desleal al regar con dinero de todos los contribuyentes a los teatros públicos y no exigirles equilibrio presupuestario.

Palma, 8 de abril de 2010
“En una actividad económica normal, la empresa que ha acometido unos costes, para la creación de un producto o servicio, vende ese producto o servicio para intentar cubrir los costes y obtener un beneficio; en la industria del espectáculo en Baleares con frecuencia ocurre lo contrario: la empresa que acomete buena parte de los costes de un espectáculo teatral, la administración, es la misma que compra ese espectáculo; todo un homenaje a la antieconomía: los mayores costes posibles para el menor beneficio posible”, afirma Julián Ruiz-Bravo, miembro del grupo de Educación y Cultura de UPyD en Baleares. “Cada vez es más habitual que una compañía teatral privada reciba, del Consell de Mallorca por ejemplo, no sólo subvenciones públicas en todas las fases de creación de un espectáculo, producción, distribución, promoción, transporte, sino que lo venda a un teatro público, financiado o dirigido, por ejemplo, por el propio Consell, que la ha tan generosamente subvencionado. Y esto no es todo: el teatro público se permite además vender entradas muy por debajo de su valor o mantener obras sin público”.

Esta situación de “subvención perfecta y circular” lejos de beneficiar la actividad teatral, la perjudica notablemente. UPyD sostiene que de esta manera se producen los siguientes efectos indeseados: “en primer lugar, se rompe la relación necesaria entre público y espectáculo teatral; en segundo lugar, los espectáculos subvencionados se encarecen; en tercer lugar, los teatros públicos realizan competencia desleal a los teatros privados, ya que cualquier compañía teatral preferirá contratar y cobrar los altos cachés que paga el teatro público, no urgido por su rentabilidad; en cuarto lugar, lo que es más grave, elimina la independencia creadora, ya que las compañías terminan creando espectáculos vacíos, que no molesten al pagador”.

Para UPyD urge racionalizar la política cultural teatral, y por extensión, la artística. Dotar, por ejemplo, de 6 millones de euros, durante 2009, al Teatro Principal no tiene ningún sentido si eso supone encarecer los espectáculos teatrales, no llenar las salas, subvencionar a los escasos espectadores y generar un millón de euros de déficit, cuando existe un Auditorium que programa por su cuenta y riesgo obras de diversas calidades y obtiene el favor de muchísimos más espectadores.

UPyD denuncia nuevas retenciones de contenedores en Barcelona porque Balearia y Acciona no tienen plataformas rodadas suficientes

UPyD lleva denunciando el modelo RO-PAX adoptado por Balearia y Acciona, un modelo que encarece las importaciones y exportaciones · Estas paralizaciones provocan demoras que repercuten en un encarecimiento adicional del precio final de la mercancía · El comerciante de las islas sale con desventaja por el mayor coste en el envío y recepción de sus mercancías · UPyD lamenta que la Autoridad Portuaria deje en un segundo plano el transporte de mercancías

Palma, 7 de mayo de 2010

Como viene ocurriendo en los últimos años cuando se acerca Navidad, Semana Santa o la temporada alta, las retenciones de contenedores en el puerto de Barcelona siguen siendo noticia debido a que Balearia y Acciona (o sus empresas comercializadoras) no tienen plataformas rodadas (o equipos) suficientes para embarcarlos hacia Mallorca. Algunos retrasos son incluso superiores a los diez días. Estas retenciones son inherentes al modelo RO-PAX (carga rodada + pasajeros) adoptado por las dos navieras que realizan el servicio, puesto que, tras haber eliminado los costes de estiba en el puerto de Palma y haberlos trasladado al cliente final, cada contenedor transportado precisa de un remolque, un camión y un chófer, de los cuales ambas navieras no están suficientemente dotadas por mucho que los buques "sean más grandes", como esgrimen desde Balearia y Acciona. Además, por muy grandes que sean las bodegas de los ferries el hecho de no poder apilar los contenedores en vertical (como en los buques portacontenedores) hace que se pueda transportar mucha menos carga.

Estas paralizaciones en Barcelona suponen un retraso en la recepción de los productos para todos aquellos distribuidores con pedidos en las distintas zonas turísticas en las Islas. Asimismo, estas retenciones repercuten en el encarecimiento del producto final por dos motivos más: la ocupación de los contenedores en el muelle de Barcelona y la penalización de las demoras en la devolución del contenedor vacío. Un sobrecoste que se suma a los ya altos costes del transporte marítimo (se han duplicado en los últimos cinco años) que restan competividad a nuestros empresarios exportadores y encarecen el precio final para los consumidores. Si a todos los problemas anteriores que podemos llamar "estructurales" sumamos la huelga convocada por los estibadores portuarios que reclaman la defensa de sus puestos de trabajo, no es exagerado afirmar que la situación es altamente preocupante.

La entrevista concedida el domingo pasado a Diario de Mallorca por parte del presidente de la Autoridad Portuaria, Francesc Triay, pone de relieve que nuestras autoridades han apostado claramente por transformar el muelle palmesano en un escaparate para cruceros y yates olvidándose del transporte de mercancías, cuando el 90% de los productos que se consumen en la isla vienen de fuera. UPyD está a favor de la apuesta por el turismo naútico y de cruceros, pero no a costa de olvidarse por completo del tráfico de mercancías. Nuestras autoridades parecen haber olvidado que unas islas son en efecto islas, de ahí que sea un sinsentido para UPyD que, mientras anuncian hasta mil de millones para ampliar el puerto de Palma, sean incapaces de dotar al puerto de infraestructuras básicas como grúas, una zona de vigilancia aduanera, un punto de inspección fronteriza, zonas frigoríficas, zona de mercancías peligrosas que, de existir, a buen seguro atraerían a las navieras que operan con buques portacontenedores, redundando en una mayor competividad y el consiguiente abaratamiento de precios. Resulta sospechoso que las ya escasas y en muchos casos obsoletas infraestructuras portuarias para la manipulación de contenedores que en su día existieron en el puerto de Palma hayan sido desmanteladas por la Autoridad Portuaria al mismo tiempo que Acciona y Balearia adoptaban el modelo RO-PAX que las hace superfluas para ellos pero no para otras navieras que podrían entrar en el mercado de transporte.

UPyD considera que el PSOE no invierte en infraestructuras estratégicas como el puerto de Palma y en cambio sí en otras superfluas como el tren a Artà

Zapatero y el Pacte gastan mucho en lo que no deben y poco en lo que deben · Así no se cambia el modelo productivo · El resultado a la larga: el pleno paro

Palma, 6 de mayo de 2010
Sin entrar en el fondo de la cuestión, a UPyD le han llamado la atención las recientes declaraciones de Francesc Triay, presidente de la Autoridad Portuaria, afirmando que "no hay financiación para ampliar el puerto de Palma", una ampliación que se considera estratégica para el turismo náutico y de cruceros y que va a posponerse diez años más. Y llama la atención porque mientras el Gobierno de Zapatero y el Pacte se endeudan hasta las cejas para obtener financiación con el fin de poner en marcha planes E, el tranvía de Palma o el tren hasta Artà, que en poco afectarán en el incremento de nuestra competitividad como destino turístico y en el fomento de la economía productiva de estas islas, no tienen dinero para aquellas infraestructuras básicas que sí son decisivas a largo plazo para el futuro económico de las islas, como el puerto de Palma.

No tiene sentido que se deje de la mano de Dios la regeneración de la playa de Cala Agulla en Capdepera, como informa un rotativo local, poniendo en peligro cientos de puestos de trabajo que viven del turismo de sol y playa, mientras el Pacte gasta dinero a espuertas en estudios, en cursos de formación para sindicatos y en consultorías carísimas para demostrar los fallos estructurales del metro, se dilapidan millones de euros en normalización lingüística, se siguen construyendo teatros públicos o se dedican cientos de millones a etéreas tecnologías TIC para el turismo, por poner sólo algunos ejemplos.

Dos ejemplos paradigmáticos, la ampliación del puerto de Palma y la regeneración de Cala Agulla, que para UPyD demuestran que el PSOE sigue más preocupado por mimar sus nichos electorales cara a 2011 que por el interés general que nos compete a todos: activar la economía productiva de las islas y salir del pozo en el que nos encontramos.

UPyD reclama a la Consejería de Educación que libere los datos de la Evaluación de Diagnóstico para poderlos someter a estudios independientes

Ni la Consejería ni el Instituto de Evaluación permiten que ninguna asociación educativa, sindicato o partido político puedan tener acceso a los datos obtenidos por las pruebas de Evaluación de Diagnóstico · La OCDE y el informe PISA sí liberan los datos no individuales obtenidos por sus estudios, para que puedan ser interpretados y contrastados por otras entidades.

Palma, 6 de mayo de 2010
Durante la presente semana todos los alumnos de 2º de ESO de Baleares han realizado las distintas pruebas de evaluación de diagnóstico que darán la medida del dominio de ciertas competencias básicas. Las competencias objeto de evaluación (lingüística –castellano, catalán, inglés-, matemáticas e interacción con el mundo físico), así como las pruebas elaboradas por la Consejería de Educación, son diferentes a las de otras comunidades autónomas.

Una vez realizadas estas pruebas, los profesores introducirán las respuestas en un programa informático y un equipo de evaluación de la Consejería estudiará los datos obtenidos, los interpretará y publicará finalmente el grado de asimilación de las distintas competencias, sin publicar grado de asimilación de los mismos por cada alumno o por cada centro.

UPyD quiere denunciar que la Consejería no permite que ningún investigador independiente, ninguna asociación educativa ni ningún partido político tenga acceso a los datos arrojados por estas pruebas, para poder así contrastar los resultados e interpretaciones que ofrezca la Consejería con las interpretaciones de entidades independientes. "Precisamente lo contrario de lo que hacen los estudios serios, como los de la OCDE y los del informe PISA, que no publican datos individuales pero liberan aquéllos que sirven a los investigadores para hacer sus estudios y aportaciones", afirma Julián Ruiz-Bravo, miembro del Grupo de Educación de UPyD.

Esta misma situación de oscurantismo se repite nacionalmente a propósito de las evaluaciones de diagnóstico estatales, realizadas por una muestra de alumnos de toda España, que elabora y lleva a cabo el Instituto de Evaluación, dependiente del Ministerio y cuyo consejo rector lo forman representantes de cada Comunidad Autónoma. Ésta fue la respuesta del Instituto de Evaluación a la petición de liberación de datos de las pruebas de evaluación que hizo la portavoz de UPyD, Rosa Díez el año pasado: "... un buen número de datos son utilizados en estudios sucesivos con el fin de ver la evolución de aquello que queramos analizar en cada momento, y ésos no se entregan nunca, al menos, hasta que se decida su "liberación". Me estoy refiriendo a datos -no gráficas o cuadros- , porque lo que podíamos ofrecerle en EXCEL son las bases de datos iniciales con las que hacemos nuestros análisis. Todo el trabajo intermedio desaparece, una vez que los informes han sido publicados".

A juicio de UPyD, no merece la pena sostener con fondos públicos organismos que sólo facilitan estudios o aportan datos a los funcionarios de dichos organismos o a los políticos del gobierno, impidiendo sospechosamente el acceso de la sociedad civil a los datos y su participación en la interpretación de los mismos.

UPyD solicita que la fiscalía investigue el aparcamiento ilegal de Isabel Alemany

El juez confirma irregularidades · Según un informe de Interior, Alemany pone en riesgo "vidas y bienes de terceros"

Palma, 5 de mayo de 2010
Después de la sentencia en que el juez absuelve a los periodistas que en su día denunciaron las irregularidades del aparcamiento de Sant Elm propiedad de la dirigente de Unió Mallorquina Isabel Alemany, Unión Progreso y Democracia (UPyD) solicita que la fiscalía inicie una investigación en torno a las circunstancias en que el Ayuntamiento de Andratx resolvió el expediente referido a la citada explotación.

Para UPyD, no resulta democráticamente aceptable que hoy sea alcaldesa de Andratx y vicepresidenta del Parlament una persona que, según ya dos sentencias (del TSJB y del juez de lo penal), ha infringido normativas, desacatando la primera de esas sentencias y beneficiándose presuntamente de su posición política en el Ayuntamiento de Andratx para la rápida obtención de autorizaciones que en otras ocasiones se demoran y que, en todo caso, deben ajustarse a la correspondiente regulación. Una persona que, además, al parecer ha hecho caso omiso de un informe de la Consejería de Interior que habla de "riesgo medio de inundaciones para la vida y los bienes de terceros". La responsabilidad política alcanza a todos los partidos que han tolerado esta situación.

Para UPyD, la reiterada manifestación de "extrañeza" en la sentencia del magistrado, referida a las actuaciones del Ayuntamiento de Andratx "favorables a los intereses" de la familia de la señora Alemany en un momento en que ésta era teniente de alcalde de esa localidad, justifica sobradamente que la fiscalía tome cartas en el asunto por si se hubiese dado un caso de prevaricación en el seno del anterior equipo municipal.

Por último, UPyD quiere hacer una reflexión sobre el grado de descomposición democrática que supone el hecho de que dirigentes políticos de moralidad muy cuestionable se dediquen a arremeter contra los periodistas que denuncian sus presuntas irregularidades: es un síntoma más de que la regeneración de nuestro sistema político resulta cada día más urgente.

UPyD celebra la dimisión de Cerdó

Ahora reclama la de Martorell en IB3


Palma, 3 de mayo de 2010

Unión Progreso y Democracia (UPyD) celebra la dimisión de Cristina Cerdó como regidora del Ayuntamiento de Palma y presidenta de EMAYA, uno de los últimos centros de poder que le quedaban a Unió Mallorquina. UPyD había venido reclamando que UM saliera de todos los puestos ejecutivos de los que había disfrutado en virtud de un pacto parlamentario hoy roto.

En estos momentos, por tanto, debemos insistir en que Antoni Martorell siga los pasos de su excompañera de partido y dimita de la dirección de IB3. Tanto EMAYA como IB3 están sometidos al juicio negativo de la ciudadanía por su pésima gestión e, incluso, a serias sospechas de corrupción que deberían ser esclarecidas partiendo de nuevos equipos directivos.

UPyD critica que la Obra Cultural Balear tenga asegurados ya más de 800.000 euros públicos para 2010

A esta cantidad ascienden las subvenciones directas presupuestadas por el Consell de Mallorca, Cort y la Generalitat de Cataluña · Todavía falta saber qué le dará el Govern en 2010

Palma, 3 de mayo de 2010
A falta de conocer la suma exacta que le concederá el Govern, cuyos presupuestos de Política Lingüística no se desglosan en detalle, la organización nacionalista Obra Cultural Balear y sus filiales (Paraula y Joves per la Llengua) tienen asegurados de momento, según los cálculos de Unión Progreso y Democracia (UPyD), 820.762 € en los presupuestos de 2010. Se trata de la suma de las subvenciones directas que recibirá de acuerdo con los presupuestos del Consell de Mallorca, Ayuntamiento de Palma y la Generalitat de Cataluña, ésta última en virtud de un convenio de colaboración con el Departamento de Vicepresidencia de 1,15 millones en cuatro años (2007-2010). Tampoco se han cuantificado las ayudas obtenidas del resto de ayuntamientos de la isla.

La OCB tiene asegurados, de momento, 743.762 €; la asociación Paraula, el centro de servicios lingüísticos de la OCB radicada en el mismo domicilio, otros 37.000 € provenientes del Departamento de Cultura del Consell. Por su parte, Joves per la Llengua, otros 40.000 € del Consell también, a lo que habrá que añadir la parte alícuota correspondiente del Plan D o Servicio de Dinamización Lingüística de Palma que suele repartirse con la misma OCB. Nanda Ramon ha aumentado este año la partida del Plan D, pasando de los 120.000 € del 2009 a los 207.762 €. Estas cantidades a buen seguro aumentarán después de que el Govern haga efectivas sus ayudas para 2010.

Más de 1.250.000 euros recibidos en 2009
Como UPyD ha denunciado en otras ocasiones, en 2009 la OCB y sus filiales recibieron 1.273.889€. La OCB recibió un total de 949.190 €. Paraula recibió otros 212.292 €. Finalmente, Joves per la Llengua, la organización juvenil de la OCB sita en el mismo domicilio y dedicada a labores de "voluntariado lingüístico" generosamente remunerado, recibió otros 112.407 €. Prácticamente toda su totalidad fueron subvenciones directas, a dedo. Hay que destacar que la asociación Paraula cobra además por los servicios que ofrece, como la traducción y corrección de textos.

Estos datos confirman, tal como ha venido denunciando UPyD, que la llamada normalización lingüística se ha convertido en un sabroso negocio para entidades como la OCB que han pasado de financiar sus actividades con las afiliaciones de sus socios a financiarse con dinero público a mansalva, un factor a tener en cuenta a la hora de cerrar filas con el llamado Pacte de Progrés. Parece que algunos sortean la crisis gracias al dinero del contribuyente, con el pretexto de salvar una lengua y una patria catalanas que nadie en Baleares les ha pedido que salven.

La OCB está manejando tanto dinero público como alguno de nuestros ayuntamientos más pequeños y, aun cuando es verdad de que se trata de una entidad privada no sometida a la ley de contratos, UPyD entiende que sus dirigentes tendrían que hacer un mayor ejercicio de transparencia del que han venido haciendo y dar explicaciones sobre cómo se está gastando todo este dinero público. Cabe recordar que, tal como ha aparecido en algún medio de comunicación, no siempre ha quedado claro el destino de estos dineros. En 2007 la concejal de Cultura de Cort, Nanda Ramón, concedió 6.400 € a la OCB para la realización y montaje de un vídeo "sobre la persecución de la lengua catalana en Mallorca" del que nunca más se supo.

UPyD defiende pruebas de evaluación externa comunes en toda España y con calificación

Las pruebas de evaluación de diagnóstico, que se celebran del 3 al 7 de mayo con el fin de conocer el grado de asimilación de competencias básicas de los alumnos de segundo de ESO de Baleares, están lastradas por una serie de limitaciones que les impiden ser un instrumento adecuado para medir el nivel educativo de la comunidad, de sus centros y de sus alumnos y para planificar medidas correctoras

Palma, 1 de mayo de 2010
Para Arturo Muñoz, coordinador de Educación de UPyD en Baleares y coportavoz del partido, "el primer gran defecto de las pruebas de evaluación de diagnóstico que se celebran en toda España es su disgregación y dispersión. Se vuelve a repetir una vez más el endémico "batiburrillo" español de dispersión legislativa, donde lo importante es diferenciarse. Unas evalúan dos competencias, de las ocho que recoge la LOE, otras tres, otras cuatro; unas declaran exentos de las pruebas a unos alumnos, otras a otros; los ejercicios de matemáticas, lengua e inglés se configuran de distinta manera."

La segunda limitación es la imposibilidad de establecer estudios comparativos entre las distintas comunidades autónomas. "Es imposible establecer las causas por las cuales se produce un mayor éxito o fracaso en unos lugares que en otros, por el hecho de no ser iguales las pruebas ni los criterios utilizados."

La tercera limitación es el secretismo, denunciado repetidamente por UPyD. Tanto la Consejería de Educación como el Instituto de Evaluación, cuyo consejo rector lo componen los consejeros de las comunidades autónomas, impiden a investigadores, asociaciones independientes, sindicatos y partidos políticos conocer los datos en los que descansan los informes y resultados oficiales, así como el trabajo intermedio de interpretación, extremo éste reconocido por el propio Instituto de Evaluación. "Todo lo contrario de lo que hacen los informes educativos serios como el informe PISA o el de la OCDE, que liberan los datos no individuales para que puedan ser contrastados y analizados por equipos ajenos a las consejerías autonómicas y al ministerio", dice Julián Ruiz-Bravo, miembro también del grupo de Educación de UPyD en Baleares.

La cuarta limitación proviene de la anterior: "el oscurantismo informativo impide la verificación independiente de las conclusiones ofrecidas por las administraciones educativas y de las variables estadísticas utilizadas".

La quinta limitación "es pedagógica y consiste en la ausencia de contenidos mínimos previamente fijados y en el desprecio por evaluar resultados, en favor de las difusas competencias. Para que una evaluación sea eficaz, no ha de centrarse en los procesos de aprendizaje sino en los resultados, en los contenidos y destrezas aprendidas. Para ello hay que fijar de forma clara y precisa, tanto para los profesores como para los alumnos y los padres, los contenidos a evaluar."
La última limitación es quizá la más determinante de todas. "La ausencia de reconocimiento académico de las pruebas, en forma de calificación. Lo que impide que se manifieste en los alumnos algo tan natural como el deseo de reconocimiento y superación; se enfrentan a las pruebas con el mayor desinterés".

UPyD Baleares denuncia que el excesivo endeudamiento de la CAIB está impidiendo la salida de la crisis

El partido lleva manifestando largo tiempo que el sector público retira financiación del mercado bancario que es vital para que las empresas puedan propiciar la salida de la crisis

Palma, 1 de mayo de 2010
Según un estudio del centro de investigación de la escuela de negocios EAE Business School, Baleares es la segunda comunidad autónoma más endeudada de España, con una deuda acumulada a finales del 2009 de 3.289 millones de euros, lo que supone para cada habitante de Baleares una deuda de 3.003 €.

Sólo Cataluña está por delante de Baleares, con una deuda total de 22.604 millones de euros, los cuales repartidos entre sus habitantes arrojan una deuda de 3.024 € per cápita.

Los 3.289 millones de euros de Baleares son financiados por los bancos, que restan esta financiación a las empresas de las Islas, que sufren la escasez y las restricciones del crédito por parte de los bancos bien en forma de negativa a la hora de concesión de los mismos, que tanto necesitan, bien mediante el endurecimiento de las condiciones de los préstamos que solicitan.
UPyD señala que estos 3.289 millones generarían en manos de la empresas más riqueza que en manos del sector público; además, no podemos olvidar la enorme carga de intereses que estos préstamos conllevan y que tienen que ser pagados por los contribuyentes.

Dado lo anterior, UPyD reitera una vez más la necesidad de poner límites al excesivo endeudamiento de la comunidad autónoma y manifiesta la necesidad de evitar que las empresas de Baleares tengan que competir con la CAIB para conseguir los recursos necesarios para poner en marcha proyectos que nos saquen de la crisis que vivimos.