Las últimas investigaciones judiciales parecen desvelar que buena parte de las empresas públicas se han ido convirtiendo en los últimos años en instrumentos de colonización laboral y corrupción económica. Sin embargo, hay otro tipo de corrupción que los jueces no pueden juzgar y que afecta a todas. Los partidos políticos gobernantes conciben las empresas públicas como fortines para alcanzar el poder o para encastillarse en él.
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Palma, 24 de febrero de 2010.
“Cualquier ciudadano de Baleares dirá que una empresa pública tiene como fin prestar un servicio, por ejemplo, el suministro de agua (EMAYA), y que su presidente tendrá que ser un gestor profesional. Los políticos, en cambio, prefieren poner al frente de las empresas públicas a otros políticos, muchas veces incompetentes, que aunque las lleven a la ruina las conviertan eficazmente en medio de control o de conquista de poder”, ha declarado el portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en las islas, Juan Luis Calbarro. "Así lo demuestran las palabras de José María Rodríguez, líder del PP de Palma, que declara sin tapujos que, antes de plantear una moción de censura en Cort, el PP se hará con las empresas públicas municipales."
Palma, 24 de febrero de 2010.
“Cualquier ciudadano de Baleares dirá que una empresa pública tiene como fin prestar un servicio, por ejemplo, el suministro de agua (EMAYA), y que su presidente tendrá que ser un gestor profesional. Los políticos, en cambio, prefieren poner al frente de las empresas públicas a otros políticos, muchas veces incompetentes, que aunque las lleven a la ruina las conviertan eficazmente en medio de control o de conquista de poder”, ha declarado el portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en las islas, Juan Luis Calbarro. "Así lo demuestran las palabras de José María Rodríguez, líder del PP de Palma, que declara sin tapujos que, antes de plantear una moción de censura en Cort, el PP se hará con las empresas públicas municipales."
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"También lo demuestra especialmente la fabulosa telaraña tejida por UM en las empresas públicas audiovisuales", añade Francisco Alegret Crespí, miembro del nuevo Consejo Territorial de UPyD y responsable de su grupo de análisis de medios audiovisuales. "Lo importante parece ser, además de enriquecerse y “colocar” a los amigos, colonizar políticamente los medios públicos de radiotelevisión. El relato de esta colonización tiene todos los mimbres de una trama organizada. Primero, una empresa sin experiencia audiovisual ligada al imputado Bartomeu Vicens (Studio Media Comunicació), dirigida por su presunto testaferro y también imputado Alfredo Conde, recibe millonarias subvenciones para montar Radio Mallorca, concedidas directamente por la igualmente imputada Maria Antònia Munar, entonces presidenta del Consell. A la vez, empresas sin experiencia audiovisual ligadas a otro imputado, Miquel Nadal (Vídeo U y Bahía Difusión), regentadas por su presunto testaferro e idénticamente imputado, Miquel Sard, reciben millonarias subvenciones de Munar para montar TV Mallorca. Luego se coloca como presidente de IB3 a Antoni Martorell, cuya carrera está estrechamente vinculada con Munar, forzando a todo un Parlament a votar a un candidato de cualificación muy dudosa como moneda de cambio en las negociaciones del Pacte. Más tarde se contrata como director de Producción Ajena al mismo Alfredo Conde. Y para redondear el círculo, se contrata como directora del equipo jurídico de IB3 a Magdalena Pascual Sancho, socia de despacho de abogados de Nadal e hija de Antonio Pascual, conseller insular de Obras Públicas hasta la reciente ruptura del Pacte y enésimo imputado en este relato."
"También lo demuestra especialmente la fabulosa telaraña tejida por UM en las empresas públicas audiovisuales", añade Francisco Alegret Crespí, miembro del nuevo Consejo Territorial de UPyD y responsable de su grupo de análisis de medios audiovisuales. "Lo importante parece ser, además de enriquecerse y “colocar” a los amigos, colonizar políticamente los medios públicos de radiotelevisión. El relato de esta colonización tiene todos los mimbres de una trama organizada. Primero, una empresa sin experiencia audiovisual ligada al imputado Bartomeu Vicens (Studio Media Comunicació), dirigida por su presunto testaferro y también imputado Alfredo Conde, recibe millonarias subvenciones para montar Radio Mallorca, concedidas directamente por la igualmente imputada Maria Antònia Munar, entonces presidenta del Consell. A la vez, empresas sin experiencia audiovisual ligadas a otro imputado, Miquel Nadal (Vídeo U y Bahía Difusión), regentadas por su presunto testaferro e idénticamente imputado, Miquel Sard, reciben millonarias subvenciones de Munar para montar TV Mallorca. Luego se coloca como presidente de IB3 a Antoni Martorell, cuya carrera está estrechamente vinculada con Munar, forzando a todo un Parlament a votar a un candidato de cualificación muy dudosa como moneda de cambio en las negociaciones del Pacte. Más tarde se contrata como director de Producción Ajena al mismo Alfredo Conde. Y para redondear el círculo, se contrata como directora del equipo jurídico de IB3 a Magdalena Pascual Sancho, socia de despacho de abogados de Nadal e hija de Antonio Pascual, conseller insular de Obras Públicas hasta la reciente ruptura del Pacte y enésimo imputado en este relato."
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Calbarro afirma que "desde UPyD impulsaremos una drástica reducción del número de las más de 160 empresas públicas del Govern que hoy operan en Baleares sin que en la mayor parte de los casos se obtenga de ellas ningún beneficio en la gestión del interés común. Los ciudadanos son cada vez más conscientes de que la proliferación de empresas públicas sirve más bien para permitir a los políticos gastar dinero público sin pasar por el control parlamentario, oscurecer la contabilidad, sortear los requisitos del funcionariado en el acceso al empleo público (es decir, enchufar a familiares y amigos a costa del contribuyente), otorgar contratos a empresarios amigos sin las restricciones de la Administración y, en definitiva, para crear redes clientelares y de beneficio privado con cargo al ciudadano." Para los representantes baleares del partido de Rosa Díez, "hay pocas cosas que una empresa pública pueda hacer que no se pueda hacer desde las oficinas de las distintas consejerías, que disponen de funcionarios y técnicos más que suficientes para dar servicio a la ciudadanía; y la prueba es que cuando por cualquier motivo el presidente Antich ha hecho desaparecer alguna empresa, fundación, consorcio o instituto público, en nada se ha resentido la Administración y nadie los ha echado de menos. Los políticos baleares parecen haber olvidado que el servicio público es la única razón de ser de la acción política; caer en lo contrario también es corrupción. En UPyD sostenemos que combatir la crisis económica pasa también por reducir una administración hipertrófica puesta al servicio de intereses particulares, en la que las empresas públicas cumplen un papel especialmente debilitador de la economía."
Calbarro afirma que "desde UPyD impulsaremos una drástica reducción del número de las más de 160 empresas públicas del Govern que hoy operan en Baleares sin que en la mayor parte de los casos se obtenga de ellas ningún beneficio en la gestión del interés común. Los ciudadanos son cada vez más conscientes de que la proliferación de empresas públicas sirve más bien para permitir a los políticos gastar dinero público sin pasar por el control parlamentario, oscurecer la contabilidad, sortear los requisitos del funcionariado en el acceso al empleo público (es decir, enchufar a familiares y amigos a costa del contribuyente), otorgar contratos a empresarios amigos sin las restricciones de la Administración y, en definitiva, para crear redes clientelares y de beneficio privado con cargo al ciudadano." Para los representantes baleares del partido de Rosa Díez, "hay pocas cosas que una empresa pública pueda hacer que no se pueda hacer desde las oficinas de las distintas consejerías, que disponen de funcionarios y técnicos más que suficientes para dar servicio a la ciudadanía; y la prueba es que cuando por cualquier motivo el presidente Antich ha hecho desaparecer alguna empresa, fundación, consorcio o instituto público, en nada se ha resentido la Administración y nadie los ha echado de menos. Los políticos baleares parecen haber olvidado que el servicio público es la única razón de ser de la acción política; caer en lo contrario también es corrupción. En UPyD sostenemos que combatir la crisis económica pasa también por reducir una administración hipertrófica puesta al servicio de intereses particulares, en la que las empresas públicas cumplen un papel especialmente debilitador de la economía."
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