UPyD reclama que Antich y Armengol pongan fin al derroche y recorten el gasto corriente. También aconseja que paguen lo que deben a los proveedores antes de embarcarse en inversiones no productivas.
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Palma, 3 de febrero de 2010.
Veinticuatro horas después de que Antich vislumbrara los primeros “brotes verdes” de la economía balear, la dura realidad ha puesto en su sitio lo que cabría calificar como el optimismo antropológico de Antich, caracterizado, en una inversión del pesimismo apocalíptico, por la necesidad de dar noticias positivas que oculten la parálisis e inanidad del Govern para hacer frente a la triple crisis (económica, financiera y política) que padecemos, en las que el papel de la Administración de Antich no tiene precisamente un papel secundario.
Veinticuatro horas después de que Antich vislumbrara los primeros “brotes verdes” de la economía balear, la dura realidad ha puesto en su sitio lo que cabría calificar como el optimismo antropológico de Antich, caracterizado, en una inversión del pesimismo apocalíptico, por la necesidad de dar noticias positivas que oculten la parálisis e inanidad del Govern para hacer frente a la triple crisis (económica, financiera y política) que padecemos, en las que el papel de la Administración de Antich no tiene precisamente un papel secundario.
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Los escalofriantes datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que eleva hasta 112.400 el número de desempleados de la isla, así como el doble anuncio de Rodríguez Zapatero del retraso de hasta dos años en la edad de jubilación y el recorte de 50.000 millones de euros en gasto público, pone de manifiesto dos cosas: lo equivocado de la política económica del Govern y el carácter drástico de los remedios urgentes que, siguiendo el ejemplo de Zapatero, debería tomar el Govern si no queremos poner a nuestra autonomía al borde de la bancarrota y arruinar el futuro de los ciudadanos.
Los escalofriantes datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que eleva hasta 112.400 el número de desempleados de la isla, así como el doble anuncio de Rodríguez Zapatero del retraso de hasta dos años en la edad de jubilación y el recorte de 50.000 millones de euros en gasto público, pone de manifiesto dos cosas: lo equivocado de la política económica del Govern y el carácter drástico de los remedios urgentes que, siguiendo el ejemplo de Zapatero, debería tomar el Govern si no queremos poner a nuestra autonomía al borde de la bancarrota y arruinar el futuro de los ciudadanos.
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La política económica y presupuestaria del Govern ha sido un fracaso sin paliativos, como demuestran las cifras del paro de las Islas y la suspensión de pago de facto hacia ayuntamientos y proveedores de la Administración, creándose una burbuja mortífera que está provocando ya el cierre de cientos de pequeñas empresas. Una Administración como el Govern que gasta mucho más de lo que ingresa no tiene futuro, pero tampoco presente.
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La política económica y presupuestaria del Govern ha sido un fracaso sin paliativos, como demuestran las cifras del paro de las Islas y la suspensión de pago de facto hacia ayuntamientos y proveedores de la Administración, creándose una burbuja mortífera que está provocando ya el cierre de cientos de pequeñas empresas. Una Administración como el Govern que gasta mucho más de lo que ingresa no tiene futuro, pero tampoco presente.
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El aumento del gasto público utilizando el “gasto social” como coartada, la emisión masiva de deuda pública de la CAIB que el año que viene rondaría los 5.000 millones de euros y la creación de una demanda artificial a través de inversión en infraestructuras públicas que no redundarán en potenciar la economía productiva para salir de la triple crisis son medidas que sólo auguran pan (poco pan, ciertamente) para hoy y hambre para mañana.
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Las medidas de Rodríguez Zapatero demuestran que hasta los socialistas más caracterizados se ven obligados a enderezar su política económica hacia soluciones de austeridad. Antich y Armengol deben aprender la lección, poniendo fin al insostenible aumento de gasto corriente, dejando de derrochar a manos llenas y posponiendo proyectos tan controvertidos en tiempos de crisis como la creación de más canales de televisión pública, como la rehabilitación de la Trapa, como el centro de interpretación de turismo cultural Ca’n Weyler (7,3 millones de euros) o como el Centro Internacional de Fotografía Toni Catany, con 4,3 millones de euros, partida que, aun viniendo directamente de los PGE, no dejamos de pagar todos los ciudadanos. Mejor sería que en lugar de acometer este tipo de inversiones se pagara lo que se debe a los proveedores ahogados.
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