martes, 16 de febrero de 2010

UPyD denuncia que el precio de los contratos públicos está muy por encima del valor del mercado


UPyD reclama que se ahonde más en la reducción de las empresas públicas y en los departamentos. UPyD defiende priorizar la oferta económica, los criterios objetivos, la subasta sobre los concursos y prohibir aquellos estudios externos que puedan realizar los funcionarios.

Palma, 16 de febrero de 2010.
Los recortes en personal y empresas públicas que se han producido tras la expulsión de UM del Pacte obedecen sin duda a la racionalidad y al sentido común que siempre han sido santo y seña en UPyD. De ahí que celebremos los tijeretazos de Antich, Armengol y Aina Calvo como un primer paso para poner coto a la elefantiasis de nuestras administraciones públicas. Sin embargo, UPyD cree que no es suficiente y que debe profundizarse más en la racionalización de un sector público, que en el caso de la comunidad autónoma está más que sobredimensionado. UPyD llevará en su programa electoral un cúmulo de medidas eficaces y contundentes en la senda de reducir drásticamente una Administración que los ciudadanos apenas podemos mantener si no es aumentando los impuestos o endeudándonos más todavía a través de emisiones masivas de deuda pública.
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Asimismo UPyD apostará por la reducción del gasto público y la regeneración democrática con medidas muy concretas. Para dificultar el amaño de concursos, UPyD propone modificar la ley de contratos (o en su defecto, gobernar o condicionar la acción de gobierno en este sentido) para que se primen las subastas sobre los concursos, dejando a estos últimos para casos excepcionales. En el caso de los concursos, tipo de adjudicación que tendría un carácter excepcional, se limitaría la subjetividad al máximo, acotando los criterios de baremación no cuantificables de los pliegos de condiciones, primando en mayor grado la oferta económica de lo que actualmente se está haciendo. Ello no sólo coadyuvaría a minimizar la corrupción, sino que ayudaría a adjudicar a precios más competitivos y ajustados al mercado. Hay que recordar que la publicidad institucional (cuyos costes se suman a los contratos), el amaño para ofrecer contratos a unas pocas empresas, la corrupción, la falta de liquidez que propicia recurrir a financiación a largo plazo (como los peajes a la sombra de las carreteras o la financiación de Son Espases) y el mismo hecho de que la Administración pague tarde y mal (de ahí la importancia de tener unas cuentas saneadas) son las principales causas de que el precio de los contratos públicos estén muy por encima del precio de mercado.
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Otro aspecto a considerar es la afición a los estudios (externos, naturalmente) de cuyo entusiasmo participan todos los partidos tradicionales. Cualquiera diría que los estudios se han convertido en la principal industria de esta comunidad. Una paradoja teniendo en cuenta que ocupamos los últimos lugares del ránking en formación, fracaso y abandono escolar. Resulta sospechosa la proliferación de los estudios externos de contenido muy discutible en una de las administraciones públicas con un mayor número de funcionarios (y expandiéndose). ¿Acaso la Administración no tiene funcionarios aptos para elaborarlos? UPyD instará a que se prohíban aquellos estudios externos que puedan realizar funcionarios y que se tomen medidas contundentes contra los cargos públicos que los encarguen.