Esta reducción debe ser acompañada de medidas claras de transparencia en las administraciones públicas, como prohibir contratar estudios externos que puedan realizar funcionarios, priorizar la subasta sobre los concursos, limitar en éstos la subjetividad y los criterios de baremación no cuantificables de los pliegos de condiciones y primar la oferta económica.
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Palma, 6 de febrero de 2010.
Lo ocurrido con INESTUR, en manos nada menos que del “sector crítico” de UM, es la manifestación más palpable del manirrotismo a las que se siguen acogiendo las empresas públicas de la Administración Autonómica cuya deuda, en el tercer trimestre de 2009, alcanzaba la friolera de 652 millones de euros. INESTUR resume a la perfección los vicios inherentes a este tipo de empresas públicas que, bajo la coartada de la agilidad que supone operar sin la excesiva carga burocrática de la Administración Pública, se han convertido en auténticas cuevas de Ali Babá.
Palma, 6 de febrero de 2010.
Lo ocurrido con INESTUR, en manos nada menos que del “sector crítico” de UM, es la manifestación más palpable del manirrotismo a las que se siguen acogiendo las empresas públicas de la Administración Autonómica cuya deuda, en el tercer trimestre de 2009, alcanzaba la friolera de 652 millones de euros. INESTUR resume a la perfección los vicios inherentes a este tipo de empresas públicas que, bajo la coartada de la agilidad que supone operar sin la excesiva carga burocrática de la Administración Pública, se han convertido en auténticas cuevas de Ali Babá.
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Y no sólo por la malversación de fondos públicos que nos evoca los casos de BITEL, CDEIB, Turismo Joven, Fundación Illesport o la Funeraria Municipal de Palma, sino porque “son agencias de colocación diseñadas para las clientelas de los partidos tradicionales. Si INESTUR cuenta con 52 empleados que trabajan en una serie de competencias vaporosas y poco definidas, ¿a cuánto asciende el número de afiliados de los partidos tradicionales que trabajan en las casi 170 empresas públicas que viven a cargo de los presupuestos de la CAIB?”, DICE Arturo Muñoz, portavoz de UPyD. Este simple hecho ya es un escándalo por sí mismo, un escándalo ante el cual el Pacte, lejos de atajar la herencia envenenada que le dejó Jaume Matas, ha respondido limitándose a colonizarlas. La cuestión de fondo es para qué sirven muchas de nuestras empresas públicas y cuál es el rendimiento de sus trabajadores cuyo único mérito a menudo sólo reside en tener el carné de partido.
Y no sólo por la malversación de fondos públicos que nos evoca los casos de BITEL, CDEIB, Turismo Joven, Fundación Illesport o la Funeraria Municipal de Palma, sino porque “son agencias de colocación diseñadas para las clientelas de los partidos tradicionales. Si INESTUR cuenta con 52 empleados que trabajan en una serie de competencias vaporosas y poco definidas, ¿a cuánto asciende el número de afiliados de los partidos tradicionales que trabajan en las casi 170 empresas públicas que viven a cargo de los presupuestos de la CAIB?”, DICE Arturo Muñoz, portavoz de UPyD. Este simple hecho ya es un escándalo por sí mismo, un escándalo ante el cual el Pacte, lejos de atajar la herencia envenenada que le dejó Jaume Matas, ha respondido limitándose a colonizarlas. La cuestión de fondo es para qué sirven muchas de nuestras empresas públicas y cuál es el rendimiento de sus trabajadores cuyo único mérito a menudo sólo reside en tener el carné de partido.
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“La asignatura pendiente” en el que se ha convertido, según Antich, el control de las empresas públicas pone de relieve un segundo aspecto no menos grave: el amaño de concursos con el fin de adjudicar los contratos a empresas afines a la clase política. UPyD propone cambiar la ley de contratos (o en su defecto, gobernar o condicionar la acción de gobierno en este sentido) para que se primen las subastas sobre los concursos, dejando a estos últimos para casos excepcionales. Así como, en este último caso, limitar la subjetividad al máximo así como los criterios de baremación no cuantificables de los pliegos de condiciones, primando la oferta económica sobre otros aspectos. Ello no sólo ayudaría a adjudicar a precios más competitivos para el contribuyente sino que además se evitarían los amaños.
“La asignatura pendiente” en el que se ha convertido, según Antich, el control de las empresas públicas pone de relieve un segundo aspecto no menos grave: el amaño de concursos con el fin de adjudicar los contratos a empresas afines a la clase política. UPyD propone cambiar la ley de contratos (o en su defecto, gobernar o condicionar la acción de gobierno en este sentido) para que se primen las subastas sobre los concursos, dejando a estos últimos para casos excepcionales. Así como, en este último caso, limitar la subjetividad al máximo así como los criterios de baremación no cuantificables de los pliegos de condiciones, primando la oferta económica sobre otros aspectos. Ello no sólo ayudaría a adjudicar a precios más competitivos para el contribuyente sino que además se evitarían los amaños.
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Los ciudadanos tal vez no sepan hasta qué punto nos salen caros los contratos de la Administración. Pagar, como se ha desvelado, 360.000€ (60 millones de pesetas) para un estudio comparativo entre nuestros competidores sobre el turismo congresual, ecológico y acuático ya es de por sí escandaloso, al margen de que después UM lo amañe para beneficiar a sus empresarios afines, como de costumbre.
Los ciudadanos tal vez no sepan hasta qué punto nos salen caros los contratos de la Administración. Pagar, como se ha desvelado, 360.000€ (60 millones de pesetas) para un estudio comparativo entre nuestros competidores sobre el turismo congresual, ecológico y acuático ya es de por sí escandaloso, al margen de que después UM lo amañe para beneficiar a sus empresarios afines, como de costumbre.
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Otro último aspecto a considerar es la afición a los estudios (externos, naturalmente) de cuyo entusiasmo participan los partidos tradicionales. Cualquiera diría que los estudios se han convertido en la principal industria de esta comunidad. Resulta paradójico la proliferación de los estudios externos de contenido muy discutible en unas administraciones públicas con mayor (y en expansión) masa funcionarial. ¿Acaso la Administración no tiene funcionarios aptos para elaborarlos?
Otro último aspecto a considerar es la afición a los estudios (externos, naturalmente) de cuyo entusiasmo participan los partidos tradicionales. Cualquiera diría que los estudios se han convertido en la principal industria de esta comunidad. Resulta paradójico la proliferación de los estudios externos de contenido muy discutible en unas administraciones públicas con mayor (y en expansión) masa funcionarial. ¿Acaso la Administración no tiene funcionarios aptos para elaborarlos?
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