UPyD exige una auditoría inmediata en IB3

Denuncia falta de profesionalidad en la dirección, monopolio encubierto, financiación deficiente e indicios de presunta corrupción

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Palma, 27 de febrero de 2010
Francisco Alegret Crespí, coportavoz de UPyD Baleares y responsable de su grupo de análisis de medios audiovisuales, ha señalado ayer varias de las circunstancias que hacen urgente una auditoría del ente público IB3. Para Alegret, "las revelaciones de los últimos días en torno al presunto papel de Vídeo-U como oficina de colocación y fuente de financiación ilegal de Unió Mallorquina justifican la exigencia de una auditoría rigurosa de IB3, que el presidente Antich debería ser el más interesado en impulsar. UPyD propone reconsiderar el modelo de televisión pública y, en todo caso, la racionalización de su financiación, de sus procedimientos de contratación y de sus contenidos, a la vista de los motivos que hacen de él una empresa dañina para el sector audiovisual de las Islas Baleares, ruinosa para el contribuyente y superflua desde el punto de vista de sus resultados."

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Falta de profesionalidad de la dirección de IB3
Según Alegret, "otras televisiones autonómicas optaron por contratar a profesionales del medio televisivo que, retirados de TVE, encuentran en las televisiones autonómicas un medio muy digno de acabar su carrera profesional. Por el contrario, en Baleares se optó por el cargo político: Antoni Martorell, una persona notoriamente carente de cualificación para el cargo pero cuya carrera política estaba directamente vinculada con Maria Antònia Munar."

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Monopolio encubierto de dos grandes grupos audiovisuales.
UPyD critica también que "IB3 está en manos de los dos grandes grupos de comunicación de las islas, a saber, los de Sinto Farrús (con SBT a la cabeza) y Pedro Serra. Estos grupos audiovisuales eligen los programas que la cadena va a realizar, el precio que desean por ellos y hasta la forma de cobro. Entre ellos se reparten el pastel y dejan las migajas para el resto de productoras de las islas, de las cuales algunas llevan mas de ocho meses sin cobrar. Ésta sin duda no es manera de generar tejido audiovisual en las islas."
Alegret continúa: "La concesión de contratos de programas a realizar se realiza a puerta cerrada, entre los dos grandes de siempre, sin dar opción al resto de productoras. La aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas exige que se respeten unos principios básicos de publicidad, concurrencia, etc. que podrían dificultar la obtención de las concesiones de programas a estos dos grandes grupos. La ley no se aplica argumentando que la inspiración, el arte y el talento no se pueden medir. De ello deberíamos deducir que los programas de IB3 encierran un talento y una inspiración que sólo pueden aportar estos dos grupos audiovisuales, pero ello se contradice con los pobres resultados en audiencia. Ni hay competencia ni hay resultados."

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Más que dudosa y poco operativa financiación del grupo.
"Los presupuestos de IB3", sigue Francisco Alegret, "nunca han sido reales y tradicionalmente se han debido incrementar, anualmente y a finales de ejercicio, casi coincidiendo con las navidades, en 25 millones de euros. Además, parte del dinero de los presupuestos oficiales se le entrega a la cadena en préstamo a largo plazo: pan para hoy y hambre para mañana. Por ello no es de extrañar que dicha cadena arrastre una deuda que (sólo la bancaria) ya ronda los 200 millones de euros, una deuda que pagan con sus impuestos unos ciudadanos que francamente dan la espalda a la programación de la cadena." Alegret, que es miembro del Consejo Territorial de UPyD en Baleares y de su Consejo Político Nacional, asegura que "es necesario tomarse en serio la financiación de la cadena con el objetivo de aportar seguridad a la misma en sus gastos operativos."

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La conexión UM-IB3
Días atrás, UPyD ya destacó la "fabulosa telaraña tejida por UM en las empresas públicas audiovisuales". Francisco Alegret hablaba entonces de "colonización" de los medios públicos de radiotelevisión. Según Alegret, "el relato de esta colonización tiene todos los mimbres de una trama organizada. Primero, una empresa sin experiencia audiovisual ligada al imputado Bartomeu Vicens (Studio Media Comunicació), dirigida por su presunto testaferro y también imputado Alfredo Conde, recibe millonarias subvenciones para montar Radio Mallorca, concedidas directamente por la igualmente imputada Maria Antònia Munar, entonces presidenta del Consell. A la vez, empresas ligadas a otro imputado, Miquel Nadal (Vídeo U y Bahía Difusión), cuyo presunto testaferro e idénticamente imputado, Miquel Sard, es primo de la mujer de Nadal, reciben millonarias subvenciones de Munar para montar TV Mallorca. Luego se coloca como presidente de IB3 a Antoni Martorell, forzando a todo un Parlament a votar a un candidato de cualificación muy dudosa como moneda de cambio en las negociaciones del Pacte. Más tarde se contrata como director de Producción Ajena al mismo Alfredo Conde. Y para redondear el círculo, se contrata como directora del equipo jurídico de IB3 a Magdalena Pascual Sancho, socia del despacho de abogados de Nadal e hija de Antonio Pascual, conseller insular de Obras Públicas hasta la reciente ruptura del Pacte y enésimo imputado en este relato." La conclusión, para UPyD, es clara. "Es necesario abrir las ventanas y ventilar: IB3 debe soportar una auditoría con carácter inmediato."

UPyD reitera la necesidad de elecciones anticipadas tras la dimisión de Munar

Palma, 26 de febrero de 2010
El portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Baleares, Juan Luis Calbarro, ha declarado hoy su "satisfacción" tras la noticia de la dimisión de Maria Antònia Munar como diputada y presidente del Parlamento de las Islas Baleares. "Pese a que no nos ha regalado nada que no hubiera hecho hace ya mucho tiempo cualquier responsable político en un país democráticamente maduro, es de agradecer que aclare el panorama y facilite el trabajo de fiscales y jueces". No obstante, afirma Calbarro, "la situación política balear dista de estar resuelta. La insólita sucesión de condenas e imputaciones afecta a PP, PSOE y UM, y es especialmente sangrante el caso de este último partido, cuya acción u omisión sigue siendo necesaria como llave de las instituciones. Cualquier solución que pase por el cálculo de intereses electorales de los partidos sería un nuevo engaño a los ciudadanos de Baleares".

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El dirigente del partido de Rosa Díez en las islas continúa: "El Presidente Antich tiene la obligación de escuchar el clamor de la calle, que si no puede cuestionar la legalidad de una moción de censura, ni la legitimidad democrática de quienes fueron elegidos por la ciudadanía, sí cuestiona, y rotundamente, la credibilidad de unos políticos que en el mejor caso han convivido con la corrupción y que no pueden ya alegar su desconocimiento, porque o mienten o fueron unos verdaderos incapaces. El Govern no puede gobernar, y nadie entendería una nueva alianza PP-UM, por mucho que se disimulen los apoyos, sino como una reedición de la legislatura más corrupta de la historia de Baleares. La dimisión de Munar, en realidad, es un signo clarísimo de que hasta aquí hemos llegado. Los ciudadanos deben ser llamados a escoger el mejor camino para salir de este caos político, que avergüenza a todos dentro y fuera de la comunidad autónoma. UPyD reitera, por tanto, la necesidad urgente de un anticipo electoral."

UPyD relaciona la red de empresas públicas de Baleares con la corrupción política y promete su "drástica reducción"

Las últimas investigaciones judiciales parecen desvelar que buena parte de las empresas públicas se han ido convirtiendo en los últimos años en instrumentos de colonización laboral y corrupción económica. Sin embargo, hay otro tipo de corrupción que los jueces no pueden juzgar y que afecta a todas. Los partidos políticos gobernantes conciben las empresas públicas como fortines para alcanzar el poder o para encastillarse en él.

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Palma, 24 de febrero de 2010.
“Cualquier ciudadano de Baleares dirá que una empresa pública tiene como fin prestar un servicio, por ejemplo, el suministro de agua (EMAYA), y que su presidente tendrá que ser un gestor profesional. Los políticos, en cambio, prefieren poner al frente de las empresas públicas a otros políticos, muchas veces incompetentes, que aunque las lleven a la ruina las conviertan eficazmente en medio de control o de conquista de poder”, ha declarado el portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en las islas, Juan Luis Calbarro. "Así lo demuestran las palabras de José María Rodríguez, líder del PP de Palma, que declara sin tapujos que, antes de plantear una moción de censura en Cort, el PP se hará con las empresas públicas municipales."

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"También lo demuestra especialmente la fabulosa telaraña tejida por UM en las empresas públicas audiovisuales", añade Francisco Alegret Crespí, miembro del nuevo Consejo Territorial de UPyD y responsable de su grupo de análisis de medios audiovisuales. "Lo importante parece ser, además de enriquecerse y “colocar” a los amigos, colonizar políticamente los medios públicos de radiotelevisión. El relato de esta colonización tiene todos los mimbres de una trama organizada. Primero, una empresa sin experiencia audiovisual ligada al imputado Bartomeu Vicens (Studio Media Comunicació), dirigida por su presunto testaferro y también imputado Alfredo Conde, recibe millonarias subvenciones para montar Radio Mallorca, concedidas directamente por la igualmente imputada Maria Antònia Munar, entonces presidenta del Consell. A la vez, empresas sin experiencia audiovisual ligadas a otro imputado, Miquel Nadal (Vídeo U y Bahía Difusión), regentadas por su presunto testaferro e idénticamente imputado, Miquel Sard, reciben millonarias subvenciones de Munar para montar TV Mallorca. Luego se coloca como presidente de IB3 a Antoni Martorell, cuya carrera está estrechamente vinculada con Munar, forzando a todo un Parlament a votar a un candidato de cualificación muy dudosa como moneda de cambio en las negociaciones del Pacte. Más tarde se contrata como director de Producción Ajena al mismo Alfredo Conde. Y para redondear el círculo, se contrata como directora del equipo jurídico de IB3 a Magdalena Pascual Sancho, socia de despacho de abogados de Nadal e hija de Antonio Pascual, conseller insular de Obras Públicas hasta la reciente ruptura del Pacte y enésimo imputado en este relato."

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Calbarro afirma que "desde UPyD impulsaremos una drástica reducción del número de las más de 160 empresas públicas del Govern que hoy operan en Baleares sin que en la mayor parte de los casos se obtenga de ellas ningún beneficio en la gestión del interés común. Los ciudadanos son cada vez más conscientes de que la proliferación de empresas públicas sirve más bien para permitir a los políticos gastar dinero público sin pasar por el control parlamentario, oscurecer la contabilidad, sortear los requisitos del funcionariado en el acceso al empleo público (es decir, enchufar a familiares y amigos a costa del contribuyente), otorgar contratos a empresarios amigos sin las restricciones de la Administración y, en definitiva, para crear redes clientelares y de beneficio privado con cargo al ciudadano." Para los representantes baleares del partido de Rosa Díez, "hay pocas cosas que una empresa pública pueda hacer que no se pueda hacer desde las oficinas de las distintas consejerías, que disponen de funcionarios y técnicos más que suficientes para dar servicio a la ciudadanía; y la prueba es que cuando por cualquier motivo el presidente Antich ha hecho desaparecer alguna empresa, fundación, consorcio o instituto público, en nada se ha resentido la Administración y nadie los ha echado de menos. Los políticos baleares parecen haber olvidado que el servicio público es la única razón de ser de la acción política; caer en lo contrario también es corrupción. En UPyD sostenemos que combatir la crisis económica pasa también por reducir una administración hipertrófica puesta al servicio de intereses particulares, en la que las empresas públicas cumplen un papel especialmente debilitador de la economía."

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UPyD denuncia que imputados en casos de corrupción sigan ocupando cargos públicos de relevancia y gestionando importantes cantidades de dinero público

Los organismos públicos, con el pretexto de ofrecer servicios a los ciudadanos, parecen tener una única finalidad, la de expoliar legal e impunemente el erario público. La telaraña de UM aún sigue funcionando.

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Palma, 19 de febrero de 2010.
“¿A qué espera Antonio Martorell para destituir de su cargo a Alfredo Conde, Director de Producción Ajena de IB3?”, pregunta Arturo Muñoz, portavoz de UPyD en Baleares. Alfredo Conde, imputado en el Caso Maquillaje, por controlar la productora STUDIO MEDIA COMUNICACIÓ, receptora de millonarias subvenciones, presuntamente ilegales, para montar Radio Mallorca, está en la calle bajo fianza de 200.000€ (pagados en menos 24 horas), y el día 16 de febrero el juez del caso le impuso otra nueva fianza de 800.000€. Sin embargo, no parece que a Antonio Martorell le parezca relevante la situación de su subordinado y se mantiene en silencio al respecto. ¿Tiene algún favor que pagarle?
Es incomprensible que un imputado, en libertad bajo fianza muy elevada por un caso, como el de Maquillaje, relacionado con su actividad de productor audiovisual y, por tanto, con su actual trabajo en IB3, pueda seguir gestionando varios millones de euros en fondos públicos con total impunidad.

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Los lobos no pueden cuidar de las ovejas. UPyD reclama a Antonio Martorell, que demuestre el celo por los bienes públicos que supuestamente debe tener un Director General, y cese inmediatamente de su cargo a Alfredo Conde.
UPyD recuerda a su vez al presidente Antich su compromiso de cesar a todos los cargos públicos vinculados a UM, especialmente los imputados, del que al parecer se ha olvidado. Su responsabilidad como Presidente de las Islas Baleares exige una ejemplaridad que debe iniciarse desde las mismas instituciones. No en vano la situación de la Comunidad es de crisis institucional.
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UPyD logrará detener las paranoicas leyes del catalán

Frente a las disparatadas políticas lingüísticas de los últimos gobiernos de Baleares, encabezados por el PP o por el PSOE, UPyD restaurará el sentido común y las políticas de libertad.
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Palma, 18 de febrero de 2010.
Poco importa a ciertos políticos baleares la crisis que viven las instituciones políticas de Baleares, la crisis económica, la elevada deuda de la comunidad, el escandaloso déficit presupuestario, el paro, el ínfimo nivel educativo de nuestros alumnos. Lo más importante es cerrar los ojos, evitar trabajar para sacar al país adelante y preocuparse por esos asuntos esos que nada tienen que ver con lo verdaderamente importante. “Para ellos lo único importante en época de prosperidad o en época de crisis es violentar la libertad individual y la libertad de empresa, en nombre de quiméricos derechos históricos”, dice el portavoz Arturo Muñoz.

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Como no podía ser de otra manera, dada la nula personalidad de los políticos baleares, ya ha comenzado la carrera por copiar lo peor de las políticas nacionalistas catalanas, en este caso en forma de ley del cine catalán. El Ayuntamiento de Palma, por medio del Consell Municipal de Cultura, se ha dirigido al Govern para que presente en el Parlament una ley del cine catalán. “Ni siquiera se preguntan si esta ley puede suponer un perjuicio económico para los productores, distribuidores y exhibidores de cine, ya que para ellos no tiene la más mínima importancia. Tampoco, si esta ley atenta contra la libertad individual y de empresa, porque éstas tampoco tienen para ellos la más mínima importancia” termina el portavoz Arturo Muñoz.

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UPyD denuncia que el precio de los contratos públicos está muy por encima del valor del mercado

UPyD reclama que se ahonde más en la reducción de las empresas públicas y en los departamentos. UPyD defiende priorizar la oferta económica, los criterios objetivos, la subasta sobre los concursos y prohibir aquellos estudios externos que puedan realizar los funcionarios.

Palma, 16 de febrero de 2010.
Los recortes en personal y empresas públicas que se han producido tras la expulsión de UM del Pacte obedecen sin duda a la racionalidad y al sentido común que siempre han sido santo y seña en UPyD. De ahí que celebremos los tijeretazos de Antich, Armengol y Aina Calvo como un primer paso para poner coto a la elefantiasis de nuestras administraciones públicas. Sin embargo, UPyD cree que no es suficiente y que debe profundizarse más en la racionalización de un sector público, que en el caso de la comunidad autónoma está más que sobredimensionado. UPyD llevará en su programa electoral un cúmulo de medidas eficaces y contundentes en la senda de reducir drásticamente una Administración que los ciudadanos apenas podemos mantener si no es aumentando los impuestos o endeudándonos más todavía a través de emisiones masivas de deuda pública.

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Asimismo UPyD apostará por la reducción del gasto público y la regeneración democrática con medidas muy concretas. Para dificultar el amaño de concursos, UPyD propone modificar la ley de contratos (o en su defecto, gobernar o condicionar la acción de gobierno en este sentido) para que se primen las subastas sobre los concursos, dejando a estos últimos para casos excepcionales. En el caso de los concursos, tipo de adjudicación que tendría un carácter excepcional, se limitaría la subjetividad al máximo, acotando los criterios de baremación no cuantificables de los pliegos de condiciones, primando en mayor grado la oferta económica de lo que actualmente se está haciendo. Ello no sólo coadyuvaría a minimizar la corrupción, sino que ayudaría a adjudicar a precios más competitivos y ajustados al mercado. Hay que recordar que la publicidad institucional (cuyos costes se suman a los contratos), el amaño para ofrecer contratos a unas pocas empresas, la corrupción, la falta de liquidez que propicia recurrir a financiación a largo plazo (como los peajes a la sombra de las carreteras o la financiación de Son Espases) y el mismo hecho de que la Administración pague tarde y mal (de ahí la importancia de tener unas cuentas saneadas) son las principales causas de que el precio de los contratos públicos estén muy por encima del precio de mercado.

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Otro aspecto a considerar es la afición a los estudios (externos, naturalmente) de cuyo entusiasmo participan todos los partidos tradicionales. Cualquiera diría que los estudios se han convertido en la principal industria de esta comunidad. Una paradoja teniendo en cuenta que ocupamos los últimos lugares del ránking en formación, fracaso y abandono escolar. Resulta sospechosa la proliferación de los estudios externos de contenido muy discutible en una de las administraciones públicas con un mayor número de funcionarios (y expandiéndose). ¿Acaso la Administración no tiene funcionarios aptos para elaborarlos? UPyD instará a que se prohíban aquellos estudios externos que puedan realizar funcionarios y que se tomen medidas contundentes contra los cargos públicos que los encarguen.

Javier Gómez Alarcón, nuevo Coordinador Territorial de UPyD en Baleares, y Juan Luis Calbarro, portavoz

La jornada electoral de hoy, para elegir el Consejo Territorial que ha de dirigir UPyD en Baleares durante los próximos cuatro años, ha dado como resultado la victoria de la candidatura encabezada por Javier Gómez Alarcón. La proclamación oficial de la candidatura ganadora se hará dentro de 10 días, una vez transcurrido el plazo preceptivo de presentación de alegaciones. Mientras tanto, el triunfo de la candidatura se considerará provisional.

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Palma, 13 de febrero de 2010.
Se sometieron a las urnas dos candidaturas, una encabezada por José Ignacio Galmés Sastre y otra por Javier Gómez Alarcón. Todos los afiliados de Baleares pudieron votar a lo largo del día 13, mediante voto directo y secreto, sin delegados ni compromisarios.
Los componentes de la candidatura ganadora son los siguientes:

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JAVIER GÓMEZ ALARCÓN (coordinador territorial)
JUAN LUIS CALBARRO MORALES (portavoz, Programa, Estudios y Comunicación)
ANTONIO RIBAS LÖNNQVIST (Organización y Expansión)
FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ (Acción Institucional y Sociedad Civil)
FRANCISCO ALEGRET CRESPÍ
CARLOS CABEZA RODRÍGUEZ
JOAN FONT ROSSELLÓ
JUAN JOSÉ GOMILA FÉLIX
JORGE ARTURO MUÑOZ GONZÁLEZ
JULIÁN RUIZ-BRAVO PEÑA
JOSÉ MARÍA SOLERA ORBIS
JOSÉ MANUEL SORIA RICO

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La jornada electoral comenzó a las 10 de la mañana en el Hotel Isla de Mallorca, con la constitución de la mesa electoral y la presentación de las candidaturas ante todos los afiliados asistentes, que hicieron cuantas preguntas estimaron oportunas. Las votaciones dieron comienzo a las 13 horas, también a la misma hora en Menorca y en Ibiza, y se prolongaron hasta las 17 horas en horario ininterrupido.

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Transcurridos diez días, para presentación de posibles alegaciones, la candidatura ganadora será proclamada oficialmente. Una vez que se haya cumplido el anterior trámite, se notificará debidamente a la prensa y se la convocará.

UPyD insta a Antich a que cese a todos los cargos de UM de las empresas públicas, incluida IB3.

UPyD lamenta que no se haya iniciado ningún movimiento para conseguir que el Parlament destituya o haga dimitir a Antonio Martorell, Director General de IB3, que en su día fue impuesto por UM para fraguar el Pacte que Antich ha roto, y que continúa manejando un presupuesto de más de 60 millones. Hay que destacar también que, oh casualidad, una de las socias de Nadal en su bufete de abogados, hija del exconseller de Obras Públicas Antoni Pascual, UM, imputado por el caso Peaje, es uno de los puntales de Martorell, la directora de la asesoría jurídica de IB3, Magdalena Pascual Sancho.

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Palma, 13 de febrero de 2010.
Al Presidente del Gobierno balear le ha temblado el pulso cuando ha tenido que tomar medidas drásticas para destituir a todos los cargos de UM. Incumple así su compromiso de destituirlos. No se sabe con qué criterio se destituye, por ejemplo, a Cristina Cerdó, mientras quedan multitud de altos cargos públicos en manos de UM, como Antonio Martorell, al frente de IB3.
Martorell gestiona un presupuesto de más de 60 millones e IB3 acumula una escandalosa deuda acumulada, mucho mayor que el de empresas como el IBATUR (27 millones) e INESTUR (22 millones), que han servido para los fines que han caracterizado sobre todo a UM: el saqueo formalmente justificado de las arcas públicas. UPyD insta al Presidente Antich a cumplir su compromiso, y recuerda que siempre ha considerado nefasto que los entes públicos no estén dirigidos por profesionales acreditados, sino por extraños. Esto facilita que se entregue el dinero público a intereses partidistas y sectarios.

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¿Temen PSOE y PP romper definitivamente la posibilidad de renovar pactos con UM cuando convenga? Las afirmaciones de Francesc Fiol la noche del martes en un programa de la misma IB3 (“yo no hubiera roto el Pacte”), y la timidez de Antich al apartar a todos los cargos públicos que ostenta UM, prueban que los dos grandes partidos siguen siendo remisos a deshacerse del peor lastre que sufren las instituciones de Baleares: un partido con el que han pactado y cuya corrupción han propiciado.

La Conselleria de Educación, en vez de acometer reformas, se “entretiene” con un decreto sobre el derecho de huelga de los adolescentes

UPyD afirma que el Govern prefiere el beneficio electoral a la educación
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La Conselleria de Educación, en vez de acometer reformas valerosas para mejorar la calidad de la enseñanza, se “entretiene” con un decreto sobre el derecho de huelga de los adolescentes, para que le reporte beneficios electorales.

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Ni la alta tasa de abandono escolar de los alumnos de Baleares ni su deficiente nivel académico parecen importar al Govern Balear, que, ayuno de ideas y planes, evita pensar sobre cómo conseguir que nuestros alumnos mejoren su formación. Prefiere “distraerse” con aspectos secundarios y discutibles, como el derecho de huelga en alumnos menores de edad, la mayoría de ellos ni siquiera mayores de 16 años, despreciando la responsabilidad y tutela de sus padres. Tal vez piense que así se gana electoralmente mejor a los jóvenes.
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Palma, 11 de Febrero de 2010.
UPyD ha hecho de la educación de calidad y excelencia una de sus banderas más significativas, por lo que no puede dejar de denunciar estas maniobras pseudoeducativas. Son muchísimo más importantes, por ejemplo, medidas como la instauración de pruebas de nivel externas, selección rigurosa del profesorado, profesionalización docente, responsabilidad de los equipos docentes o la reforma de la atención a la diversidad.

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Para UPyD, se demuestra una vez más que la peor vía de agua en la educación, proviene de la nefasta legislación educativa que los gobiernos socialistas han implantado. La LOE reconoce el derecho de ponerse en huelga de los alumnos a partir de 3º de ESO, cuando los cambios en la legislación educativa o las decisiones de la dirección del centro, no sean de su agrado.
¿Tienen los adolescentes de 14-15 años madurez para valorar objetivamente las decisiones educativas? ¿Tienen los padres algo que decir al respecto? El portavoz Arturo Muñoz afirma que “para UPyD, éstas son preguntas fundamentales que el Decreto balear ignora por completo, o a las que da la peor respuesta posible. Todos los implicados en la docencia, saben que las huelgas de estudiantes no son más que pretextos para dejar de ir a clase. Y campo libre para que las consignas dirigidas por determinados partidos políticos, tengan un eco y una acogida acrítica, que no merecen”.

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Por otra parte, el hecho de que baste un 5% de los alumnos para secundar una huelga, o que los delegados del nivel la aprueben mayoritariamente, demuestra que lejos de regular este asunto, lo que se propicia es que se puedan convocar huelgas con un respaldo mínimo, de forma irresponsable y por cualquier motivo. En definitiva, se añade al desaguisado educativo la legalización del pataleo infantil, contrario al fomento de lo que el sentido común entiende por buena educación.

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UPyD considera tremendamente nocivo que se reconozca el pretendido derecho de los estudiantes menores de 18 años, mucho más nocivo en menores de 16 años, a tomar medidas de presión sobre la educación.

UPyD prepara su jornada electoral

UPyD celebra el jueves día 11 una asamblea informativa para preparar lo que será un nuevo hito en la trayectoria del partido en Baleares, la I Jornada Electoral, de la que saldrá elegido el nuevo Consejo Territorial. La jornada electoral se desarrollará simultáneamente en Mallorca, Menorca e Ibiza el 13 de febrero.
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Palma, 10 de febrero de 2010.
En una nueva prueba de la voluntad de UPyD de establecer una forma diferente de hacer política que restablezca la salud de nuestra democracia, se están celebrando en toda España los procesos democráticos de elecciones a los Consejos Territoriales. UPyD en su corta trayectoria ha ido cumpliendo los distintos hitos que se ha marcado para consolidar el partido a través de su modelo de participación democrática, en la que todos los afiliados pueden votar y todos, sin necesidad de avales, tienen la posibilidad de presentar una candidatura a la elección del primer Consejo Territorial en Baleares.

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Hasta ahora el funcionamiento del partido se ha mantenido gracias al trabajo voluntario y desinteresado de sus afiliados siendo éste el primer órgano que va a ser elegido por sufragio de todos los afiliados mediante el voto secreto y directo en todas las CCAA. En Baleares se han presentado 2 candidaturas, encabezadas por José Ignacio Galmés Sastre y por Francisco Javier Gómez Alarcón que concurren a estas elecciones después de haber presentado, en igualdad de condiciones, sus propuestas de gestión para el partido en Baleares para los próximos cuatro años.

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Para informar exhaustivamente de todo ello, Elena Vallhonrat, actual Coordinadora- que no se ha presentado a la reelección- ha convocado una reunión informativa el jueves día 11 para explicar el desarrollo del proceso electoral que se ha de celebrar el sábado día 13, simultáneamente en Palma, Ibiza y Menorca. La Jornada que durará desde las 10 de la mañana hasta las 17, comenzará con una asamblea en la que serán presentadas las dos candidaturas, seguida de un turno de preguntas por parte de los afiliados, para proceder a continuación a la votación.

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En su ponencia de Organización, aprobada el I Congreso Nacional celebrado en Noviembre pasado, UPyD aprobó a través del voto de los delegados asistentes, un riguroso código de buenas prácticas públicas, tanto a nivel interno como de aplicación a los futuros candidatos a ocupar cargos institucionales. Entre algunas de estas medidas podemos destacar la limitación de mandatos y la obligación de hacer una declaración de patrimonio antes de acceder a un cargo institucional y otra al terminar su responsabilidad en las instituciones.

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UPyD se ha propuesto abanderar el cambio hacia la regeneración democrática y lo hace siendo el primer partido en establecer un sistema que permite votar a todos los afiliados para elegir a sus órganos directivos. El hecho de que otros partidos estén copiando la implantación de este sistema de democracia para las elecciones internas es un buen síntoma de que UPyD está consiguiendo sus objetivos ya que sirve de ejemplo para otras formaciones políticas.
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UPyD afirma que PSOE y PP actúan como si entre ellos hubiera un pacto: no convocar elecciones anticipadas

El PSOE y el PP actúan como si hubiera un pacto entre ellos o buscaran un pacto: hacer como que UM no existe, no convocar elecciones anticipadas y ganar tiempo para que el PSOE pueda mantener sus sillas y el PP pueda arreglar su crisis interna. Mientras tanto juegan al despiste, el PSOE le pide al PP que presente moción de censura y el PP le pide al PSOE que se someta a cuestión de confianza.
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Palma, 9 de febrero de 2010.
“El pacto entre PSOE y PP para hacer como que UM no existe -aunque su ex presidenta, Maria Antònia Munar, sigue presidiendo el Parlament- y no hay mayor problema es sólo una maniobra dilatoria para retrasar la crisis del sistema en Baleares”, asevera en su blog el número dos de UPyD y su responsable nacional de Programa y Acción Política, Carlos Martínez Gorriarán.

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Uno por el otro y la casa sin barrer. Así podemos calificar el comportamiento tanto del PSOE como del PP que parecen haberse puesto de acuerdo en no convocar elecciones anticipadas. Mientras el PSOE no se quiere someter a una cuestión de confianza, lo más lógico en este caso, por miedo a perder el poder, el PP descarta por su parte la moción de censura por dos motivos: ganar tiempo para solucionar su división interna y no quedar manchado por los votos de UM. Unos y otros se retan a mover pieza sin que ninguno quiera hacerlo, sencillamente por motivos de partido. Una vez más se demuestra que tanto el PP como el PSOE sólo están interesados en sus expectativas electorales y poco les importa el interés general. Mismos objetivos, intereses contrapuestos. PP y PSOE tratan de impedir así que la ciudadanía decida después de los dos años y medio más convulsos que se recuerdan en la autonomía balear. PP y PSOE tratan de justificar su posición apelando al "consenso" y a la responsabilidad de todos, así como al "parón" que supondría el adelanto electoral, algo que en su opinión no se puede permitir la economía en tiempos de crisis. “Curioso argumento cuando el hasta ahora hexapartito se ha venido distinguiendo por su parálisis y su ineficacia, como si alargar esta situación de ingobernabilidad en lo que queda de legislatura fuera a aportar unas soluciones que durante los dos años y medio anteriores han brillado por su ausencia”, afirma Arturo Muñoz, portavoz de UPyD en Baleares.

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UPyD insiste en pedir la convocatoria de elecciones anticipadas como única opción factible para salir de este callejón sin salida que parece interesarles tanto al PSOE y al PP.

UPyD: Munar desprestigia el Parlament, que preside

Que la justicia aún no haya sustanciado la implicación de Munar en el caso Maquillaje, Ca’n Domenge o Son Oms, no evita el deber de exigir responsabilidades políticas a quien ha sido la artífice de UM durante décadas. Una política tan torpe, o con tan pocos escrúpulos, que se ha rodeado de tantos colaboradores incompetentes, corruptos y presuntamente corruptos debe abandonar la presidencia del Parlamento de las Islas Baleares.

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Palma, 7 de febrero de 2010.
La única política de UM que queda desempeñando una función política, después de la ruptura del Pacte, es Maria Antònia Munar, presidenta del Parlament balear. “La única explicación a este hecho es que Munar se agarra desesperadamente a los privilegios procesales que le brinda ser presidenta del Parlament, porque sabe que sin ellos lo más seguro es que ahora estaría, como Flaquer y Nadal, en prisión”, dice Arturo Muñoz, portavoz de UPyD. “Es absurdo que, fallando los cimientos de una casa, se pretenda mantener en el aire el tejado”, completa Elena Vallhonrat, coordinadora de la misma formación política.

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Al menos 20 políticos de UM, todos ellos personas de confianza, cuando no familiares de Munar, en la anterior legislatura y en la presente, están imputados, pluriimputados, condenados o con medidas cautelares por diversos casos de corrupción. Cada uno de ellos, además, lleva aparejado un buen número de empresarios, particulares, testaferros y familiares imputados (en un número total no inferior a 24) por recibir contratos a dedo, por aprovecharse de información privilegiada o por recibir subvenciones clientelares.

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El condenado y pluriimputado Bartomeu Vicens, el condenado Nicolau, los pluriimputados y en prisión Nadal y Flaquer, los imputados Pascual, Mulet, Aguiar, Carreras, Cerdà, Jaume Font, Grimalt, Morales, Nicolau, Orejudo, Oliver, Sastre, Rebassa, Tortella, Llompart, Plomer, no han sido meros subalternos de Munar durante los años en que ha gobernado el Consell Insular de Mallorca y presidido el Parlament, en coalición con el PP o con el PSOE, han sido personas de su confianza, estrechos colaboradores y algunos también amigos, que han desempeñado los más variados cargos públicos: consellerías de Turismo, de Ordenación Territorial, de Obras públicas, Direcciones Generales, vicepresidencias del Consell, gerentes de empresas públicas, etc.

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Todavía produce sonrojo recordar que Bartomeu Vicens, el campeón de los corruptos, pluriimplicado en cinco casos y condenado en uno de ellos a 4 años de cárcel, ha tenido el privilegio de poder despachar en el despacho de la presidenta del Parlament, Munar, hasta el día anterior en que se dictó la sentencia de 4 años de prisión.

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Al margen de las responsabilidades penales que le puedan corresponder, ni los políticos ni los ciudadanos de Baleares deben permitir que permanezca un día más al frente del Parlament, la institución legislativa básica de Baleares, una política que tan mal ha elegido a sus estrechos colaboradores o que con tanta falta de escrúpulos los ha dirigido.

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UPyD propone una reducción drástica de las empresas públicas

Esta reducción debe ser acompañada de medidas claras de transparencia en las administraciones públicas, como prohibir contratar estudios externos que puedan realizar funcionarios, priorizar la subasta sobre los concursos, limitar en éstos la subjetividad y los criterios de baremación no cuantificables de los pliegos de condiciones y primar la oferta económica.

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Palma, 6 de febrero de 2010.
Lo ocurrido con INESTUR, en manos nada menos que del “sector crítico” de UM, es la manifestación más palpable del manirrotismo a las que se siguen acogiendo las empresas públicas de la Administración Autonómica cuya deuda, en el tercer trimestre de 2009, alcanzaba la friolera de 652 millones de euros. INESTUR resume a la perfección los vicios inherentes a este tipo de empresas públicas que, bajo la coartada de la agilidad que supone operar sin la excesiva carga burocrática de la Administración Pública, se han convertido en auténticas cuevas de Ali Babá.

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Y no sólo por la malversación de fondos públicos que nos evoca los casos de BITEL, CDEIB, Turismo Joven, Fundación Illesport o la Funeraria Municipal de Palma, sino porque “son agencias de colocación diseñadas para las clientelas de los partidos tradicionales. Si INESTUR cuenta con 52 empleados que trabajan en una serie de competencias vaporosas y poco definidas, ¿a cuánto asciende el número de afiliados de los partidos tradicionales que trabajan en las casi 170 empresas públicas que viven a cargo de los presupuestos de la CAIB?”, DICE Arturo Muñoz, portavoz de UPyD. Este simple hecho ya es un escándalo por sí mismo, un escándalo ante el cual el Pacte, lejos de atajar la herencia envenenada que le dejó Jaume Matas, ha respondido limitándose a colonizarlas. La cuestión de fondo es para qué sirven muchas de nuestras empresas públicas y cuál es el rendimiento de sus trabajadores cuyo único mérito a menudo sólo reside en tener el carné de partido.

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“La asignatura pendiente” en el que se ha convertido, según Antich, el control de las empresas públicas pone de relieve un segundo aspecto no menos grave: el amaño de concursos con el fin de adjudicar los contratos a empresas afines a la clase política. UPyD propone cambiar la ley de contratos (o en su defecto, gobernar o condicionar la acción de gobierno en este sentido) para que se primen las subastas sobre los concursos, dejando a estos últimos para casos excepcionales. Así como, en este último caso, limitar la subjetividad al máximo así como los criterios de baremación no cuantificables de los pliegos de condiciones, primando la oferta económica sobre otros aspectos. Ello no sólo ayudaría a adjudicar a precios más competitivos para el contribuyente sino que además se evitarían los amaños.

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Los ciudadanos tal vez no sepan hasta qué punto nos salen caros los contratos de la Administración. Pagar, como se ha desvelado, 360.000€ (60 millones de pesetas) para un estudio comparativo entre nuestros competidores sobre el turismo congresual, ecológico y acuático ya es de por sí escandaloso, al margen de que después UM lo amañe para beneficiar a sus empresarios afines, como de costumbre.

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Otro último aspecto a considerar es la afición a los estudios (externos, naturalmente) de cuyo entusiasmo participan los partidos tradicionales. Cualquiera diría que los estudios se han convertido en la principal industria de esta comunidad. Resulta paradójico la proliferación de los estudios externos de contenido muy discutible en unas administraciones públicas con mayor (y en expansión) masa funcionarial. ¿Acaso la Administración no tiene funcionarios aptos para elaborarlos?

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UPyD pide a Antich elecciones anticipadas

Antich es hoy un presidente ilegítimo/ La ingobernabilidad del juguete roto del Pacte y la depuración de imputados en el Parlament aconsejan también el adelanto.

Palma, 5 de febrero de 2010.
La situación de ingobernabilidad en la que ha quedado el Govern Antich, tras la expulsión de UM de todas las áreas del gobierno, hace inexcusable el adelanto de elecciones. No hay que olvidar que Antich fue elegido con los votos del partido que ahora ha expulsado de su gobierno. Se trata por tanto de un presidente ilegítimo a todas luces. El Govern Antich es hoy también un gobierno manchado por la corrupción y más grave todavía, el PSIB y el Bloc eran plenamente conscientes de la peculiar naturaleza con quienes pactaban en 2007, cuando se engañaron a sí mismos pensando que habían ganado las elecciones con el único objetivo de desalojar al partido, el Partido Popular, que las había ganado ampliamente. “Roto el Pacte, Antich es hoy un presidente ilegítimo”, dice el porrtavoz Arturo Muñoz.

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La opción de plantear una cuestión de confianza o una moción de censura, posibilidad por la que parece inclinarse el PP, debe ser rechazada, porque sólo pueden prosperar con los votos de UM, “partido que definitivamente debe quedar fuera de toda acción de gobierno durante lo que reste de legislatura”, según manifiesta Elena Vallhonrat, coordinadora de UPyD.

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Además el anticipo electoral reportaría otras ventajas que no escapan a nadie. Si hasta ahora el Pacte se había caracterizado por su parálisis e inanidad para hacer frente a la crisis económica, entre otras razones, por la inestabilidad motivada por las guerras intestinas y los casos de corrupción que azotaban a su hasta hoy incómodo socio de gobierno, la ingobernabilidad, lejos de diluirse, se multiplicará más aun estando en minoría en el Parlament sin que el ejecutivo tenga la seguridad de aprobar sus iniciativas parlamentarias, retrasándose sine die los proyectos de ley.

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UPyD cree que ha llegado la hora de dar la voz a los ciudadanos para que los políticos, como ya ocurriera en 2007, no secuestren otra vez su voluntad con pactos antinatura que nos llevan al desastre. Además, el adelanto electoral tendrá otra consecuencia salutífera: purgar a la ristra de imputados con cargos ejecutivos y parlamentarios que, a buen seguro, serán depurados de las listas de sus respectivos partidos, no sólo de UM, sino del PP y PSOE, cumpliéndose el clamor ciudadano de ningún sospechoso por corrupción las instituciones. Para Arturo Muñoz, portavoz de UPyD, “sólo así podremos sustraernos a la vergüenza de tener a Munar (verdadera responsable política de los más de 20 políticos o altos cargos de UM imputados, pluriimplutados, condenados o con diversas medidas cautelares en distintos procesos judiciales actualmente en marcha) atrincherada al frente de la cámara balear”.

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UPyD denuncia que el Consell sigue siendo una máquina dilapidadora de dinero público

UPyD lamenta el absurdo e irresponsable derroche de dinero público en la gestión de Armengol al frente del Consell. Al igual que en la época de Munar, se gastan recursos en contratos y subvenciones inútiles, recurriendo exceso a la práctica de fraccionar pagos en la contratación, con el fin de evitar los concursos públicos.

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Palma, 4 de febrero de 2010.
“Gastar 9.000 euros en contratar a unos actores con el fin de promocionar la venta de ensaimadas en la isla, otros 20.000 en relojes de cocina, cucharas, llaveros y otros artículos de publicidad de la institución, o más de 80.000€ en editar tres agendas distintas, son pruebas de que al margen de quién lo gobierne, el Consell es una máquina dilapidadora del dinero público”, en palabras del portavoz de UPyD en Baleares, Arturo Muñoz.

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Para UPyD el futuro es más que preocupante, si tenemos en cuenta que el Consell asumirá un sinfín de competencias del Govern, con el incremento presupuestario correspondiente. Francina Armengol declaró en febrero de 2009, que “no asumiría competencia alguna sin la correspondiente financiación”. Pues bien, es de temer que consiga sus propósitos, ya que no cabe duda de que la Presidenta socialista se ha revelado como una digna discípula de la exministra de cultura Carmen Calvo: sólo un partidario de la teoría de que “el dinero público no es de nadie” puede actuar de esta forma.

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Para la agrupación de UPyD en Baleares no basta, sin embargo, con denunciar el malgasto. Es imprescindible una seria reflexión sobre la relevancia política del Consell, habiendo instituciones como el Govern y ayuntamientos que podrían asumir sus competencias. Es absurdo que el Consell tenga una consejería de turismo, cuya única función conocida es promocionar las ensaimadas y la gastronomía de las islas en los hoteles, teniendo también el Govern una consejería del ramo. Al respecto, hay que recordar que en el pasado Congreso Nacional del partido, se aprobó que UpyD analizaría la dudosa necesidad de mantener administraciones provinciales como las Diputaciones.
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Para UPyD, el optimismo antropológico del Govern choca con la cruda realidad

UPyD reclama que Antich y Armengol pongan fin al derroche y recorten el gasto corriente. También aconseja que paguen lo que deben a los proveedores antes de embarcarse en inversiones no productivas.
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Palma, 3 de febrero de 2010.
Veinticuatro horas después de que Antich vislumbrara los primeros “brotes verdes” de la economía balear, la dura realidad ha puesto en su sitio lo que cabría calificar como el optimismo antropológico de Antich, caracterizado, en una inversión del pesimismo apocalíptico, por la necesidad de dar noticias positivas que oculten la parálisis e inanidad del Govern para hacer frente a la triple crisis (económica, financiera y política) que padecemos, en las que el papel de la Administración de Antich no tiene precisamente un papel secundario.

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Los escalofriantes datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que eleva hasta 112.400 el número de desempleados de la isla, así como el doble anuncio de Rodríguez Zapatero del retraso de hasta dos años en la edad de jubilación y el recorte de 50.000 millones de euros en gasto público, pone de manifiesto dos cosas: lo equivocado de la política económica del Govern y el carácter drástico de los remedios urgentes que, siguiendo el ejemplo de Zapatero, debería tomar el Govern si no queremos poner a nuestra autonomía al borde de la bancarrota y arruinar el futuro de los ciudadanos.

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La política económica y presupuestaria del Govern ha sido un fracaso sin paliativos, como demuestran las cifras del paro de las Islas y la suspensión de pago de facto hacia ayuntamientos y proveedores de la Administración, creándose una burbuja mortífera que está provocando ya el cierre de cientos de pequeñas empresas. Una Administración como el Govern que gasta mucho más de lo que ingresa no tiene futuro, pero tampoco presente.
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El aumento del gasto público utilizando el “gasto social” como coartada, la emisión masiva de deuda pública de la CAIB que el año que viene rondaría los 5.000 millones de euros y la creación de una demanda artificial a través de inversión en infraestructuras públicas que no redundarán en potenciar la economía productiva para salir de la triple crisis son medidas que sólo auguran pan (poco pan, ciertamente) para hoy y hambre para mañana.
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Las medidas de Rodríguez Zapatero demuestran que hasta los socialistas más caracterizados se ven obligados a enderezar su política económica hacia soluciones de austeridad. Antich y Armengol deben aprender la lección, poniendo fin al insostenible aumento de gasto corriente, dejando de derrochar a manos llenas y posponiendo proyectos tan controvertidos en tiempos de crisis como la creación de más canales de televisión pública, como la rehabilitación de la Trapa, como el centro de interpretación de turismo cultural Ca’n Weyler (7,3 millones de euros) o como el Centro Internacional de Fotografía Toni Catany, con 4,3 millones de euros, partida que, aun viniendo directamente de los PGE, no dejamos de pagar todos los ciudadanos. Mejor sería que en lugar de acometer este tipo de inversiones se pagara lo que se debe a los proveedores ahogados.

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UPYD celebrará elecciones para elegir el nuevo Consejo Territorial en Baleares

UPyD elegirá su Consejo Territorial de Baleares el próximo día 13 de febrero de acuerdo a los Estatutos aprobados en el I Congreso nacional de noviembre. El procedimiento es ejemplarmente democrático ya que todos los afiliados tienen derecho a presentar candidaturas sin que sean necesarios avales de ningún tipo y todos los afiliados tienen derecho a votarlas mediante voto directo y secreto.

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Palma, 2 de febrero de 2010.
De acuerdo con los Estatutos aprobados en noviembre pasado en el Congreso nacional de UPyD se está procediendo en toda España a la votación de los órganos territoriales que gobernarán el partido durante los próximos cuatro años. En Baleares se elegirá el Consejo Territorial el próximo día 13 de febrero mediante el proceso de jornada electoral descentralizada.

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El Consejo Territorial se compone de un mínimo de siete y un máximo de quince miembros. Su máximo responsable es el Coordinador o Coordinadora Territorial y debe tener nominalmente asignadas las funciones de Coordinador/Portavoz, Organización, Acción Institucional, Comunicación y Programa y Expansión.

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El proceso de elección de los órganos de dirección de UPyD quiere ser muy exigente en cuanto a calidad democrática ya que una de las prioridades de UPyD es la regeneración de nuestra democracia. El procedimiento de presentación de candidaturas y de elección es profundamente democrático puesto que todos los afiliados, sin avales de ningún tipo pueden presentar candidaturas cerradas que han de ser votadas por todos los afiliados mediante voto directo y secreto, sin compromisarios o intermediarios de ningún tipo. Es el mismo procedimiento que se utilizó para elegir el Consejo de Dirección que dirige el partido en toda España.

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El plazo de presentación de candidaturas comenzó el día 24 de Enero y finalizará el día 3 de Febrero. Las candidaturas presentarán sus propuestas a los afiliados en una asamblea que tendrá lugar el mismo día 13 y posteriormente se realizará la votación de forma telemática simultáneamente en sus sedes de Palma, Ibiza y Menorca. Este Consejo Territorial elaborará el programa de política local, fomentará el desarrollo y expansión del partido en Baleares y dará apoyo a los candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales que tendrán lugar en 2011.

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UPyD afirma que el desafío de Nadal al resto de sus socios del ayuntamiento de Palma, prueba la falta de coherencia general contra la corrupción

UPyD afirma que el desafío de Nadal al resto de sus socios en el ayuntamiento de Palma, pone a prueba la falta de coherencia general contra la corrupción y el apego de todos ellos a los cargos.

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Miquel Nadal no sólo incumple el código ético (por estar doblemente imputado y habérsele retirado el pasaporte), sino que también pone presión sobre el nuevo presidente de su partido, Josep Melià, que siempre se ha mantenido en silencio en relación a las múltiples imputaciones a sus compañeros de partido.

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Nadal practica indignamente la supervivencia, aferrándose hasta el final a la forma de hacer política que ha caracterizado a todos los partidos políticos de Baleares: condescender, ponerse de perfil o incluso pactar con la corrupción de UM, con objeto de fraguar pactos de gobierno.

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La resistencia de Nadal (escenificada ante los afiliados en un acto el día 29 en el Hipódromo de Son Pardo), pone en evidencia al Bloc, cuyos ultimátums y plazos para dar un golpe sobre la mesa en nombre de la dignidad anticorrupción, rompiendo el Pacte y marchándose como sí ha hecho ERC, expiran en vano una y otra vez, convirtiéndose lo que queda del Bloc, con Eberhard Grosske a la cabeza, en el hazmerreír de la irrisoria clase política balear.

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La lugarteniente de Nadal, Cristina Cerdó, se suma al espectáculo y frivoliza jactanciosamente con las debilidades de Aina Calvo. Osa proponer que todos los que se encuentren a disgusto en el seno del pacto, pueden abandonarlo, para permanecer ellos junto al PSOE. En fin, una fanfarronada propia de quien pretende soslayar impunemente la verdadera situación de su partido.

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Para UpyD, la tragicomedia anticorrupción que se vive en el ayuntamiento de Palma, debe servir a los palmesanos para hacer patente la incoherencia de los partidos de Baleares contra la corrupción, un arma arrojadiza siempre que se reproche la de los demás, por supuesto.

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