domingo, 16 de mayo de 2010

UPyD alerta sobre la "extraña y ruinosa" compra de un edificio por la sociedad pública ParcBit Desenvolupament

Insta a la Fiscalía a investigar el caso para descartar presunto tráfico de influencias

Palma, 16 de mayo de 2010
La sociedad pública ParcBit Desenvolupament compró en 2008 por más de 4 millones un edificio construido en un solar que había sido anteriormente propiedad de la sociedad pública y que había vendido en 2006 por 489.000 euros a la empresa Magatzems Metrocúbico, que acto seguido empezó a construir el edificio. Unión Progreso y Democracia (UPyD), partiendo del reciente informe de la Sindicatura de Cuentas, alerta de que esta operación podría esconder un presunto caso de información privilegiada y, también presuntamente, una estrategia para evitar un concurso público sometido a la ley de contratos. UPyD considera que la Fiscalía debería investigar esta operación, dada la relación del arquitecto y promotor Boris Pena Covián con instituciones y personas íntimamente relacionadas con el poder.

Fernando Navarro, del departamento jurídico de UPyD en Baleares, explica que "el informe de la Sindicatura de Cuentas a las cuentas de la Comunidad Autónoma de Baleares durante 2008 ofrece todo un catálogo de malas prácticas de gestión, de descuidos y de escandalosas infracciones de las normas sobre contratación pública y subvenciones, que demuestran al menos una vergonzante desidia en la gestión de las cuentas públicas, propia de gestores que consideran el dinero de los contribuyentes como dinero de nadie. El informe también deja claro que no hay diferencia en la mala gestión entre el actual gobierno del Pacte y el anterior del PP". Uno de estos escandalosos casos lo relata la Sindicatura de cuentas con todo detalle en las páginas 260 y 261 de su informe.

En febrero de 2006 la sociedad pública ParcBit Desenvolupament vende por 489.000 euros un solar de su propiedad a la empresa Magatzems Metrocúbico, que se pone a construir un edificio de oficinas. En junio de 2008, ante la demanda de empresas que buscaban locales para alquilar, según un informe del gerente de ParcBit Desenvolupament, el socialista Vicenç Matas, esta sociedad decide comprar un edificio en el llamado Parc BIT, alegando que, en caso de construirlo por sus medios en algún solar de su propiedad en lugar de comprarlo terminado, se tardaría un año y medio. "Lo extraño del caso es que el edificio elegido para ser comprado es el que Magatzems Metrocúbico estaba construyendo en el mismo solar que había sido propiedad de ParcBit Desenvolupament. La compra se efectuó por 4.269.000 €, cuando el edificio sólo estaba construido en un 60%. A pesar de la urgencia alegada, la recepción parcial del edificio se hizo en 2009, casi un año después, pendiente de realizar los locales del subterráneo, por lo que la recepción final no se recoge en el informe de la sindicatura", señala Navarro.

Según alerta la Sindicatura de cuentas, el gerente de ParcBit Desenvolupament no acompaña ningún expediente que justifique que, entre los edificios disponibles en Parc BIT, ése sea el idóneo. "La Sindicatura indica también de forma clara que, para conseguir el mismo objetivo construyendo el edificio en su propio solar, la sociedad pública tendría que haberse sometido a la ley de contratos públicos (y por tanto abrir licitación), cosa que eludió al optar por vender el solar y posteriormente comprar el edificio."

A este sorprendente relato de la Sindicatura de Cuentas, UPyD añade la circunstancia de que "el administrador único de Magatzems Metrocúbico es Boris Pena Covián, entre otras cosas ganador en 2008 del premio Guillem Sagrera que otorga el Ayuntamiento de Palma y diseñador de la nueva sede de la Consejería de Salud."

UPyD se pregunta por qué en 2006 la sociedad ParcBIT Desenvolupament no detecta demanda de oficinas para alquilar y sí en 2008, teniendo en cuenta que 2008 es un año en que la crisis ya había estallado y en 2006 aún no se había manifestado. "También nos preguntamos por qué no se adjuntó expediente que justificara la compra del edificio en cuestión. Dada la buena relación aparente entre el promotor implicado en este proceso de compraventa y diversas instituciones contratantes controladas por el Pacte, así como el carácter definitivamente extraño y ruinoso de la operación para la sociedad pública, instamos a la Fiscalía a investigar este caso para descartar un presunto tráfico de influencias."

sábado, 15 de mayo de 2010

UPyD insiste en la necesidad de que la Sindicatura de Cuentas pueda impulsar procesos judiciales y sancionar

Ahora sólo tiene funciones fiscalizadoras y consultivas · UPyD también viene reclamando que los síndicos no sean elegidos por los partidos políticos

Palma, 15 de mayo de 2010
El alboroto que se ha producido en torno a las irregularidades de todo tipo que se detallan en el informe anual de la Sindicatura de Cuentas referente a las cuentas del Govern en 2008 pone de manifiesto lo acertada de la propuesta que viene defendiendo UPyD de modificar la ley 4/2004 de la Sindicatura de Cuentas para que ésta pueda impulsar procesos judiciales penales y contencioso-administrativos, amén de otorgarle una capacidad sancionadora que ahora mismo no tiene. Así mismo, UPyD propone cambios en la elección de los síndicos para que éstos no dependan de los partidos políticos que ahora les eligen.

Lo que no tiene sentido es que ahora el Partido Popular, que impulsó la ley 4/2004 que ata de pies y manos la labor de los síndicos, reclame a Antich que "ordene a los consejeros que se pongan al servicio de Fiscalía" en base al último informe, cuando sabe a ciencia cierta que no lo hará y cuando debería ser la propia Sindicatura la que en buena lógica lo hiciera de forma independiente si ha observado indicios de delitos penales a lo largo de la fiscalización de las cuentas.

En sus sobrevenidas medidas contra la corrupción para salvar la poca credibilidad que les queda, los partidos tradicionales de las Islas parecen haberse olvidado interesadamente de un órgano que, si funcionara a pleno rendimiento y sin estar atado de pies y manos por los propios partidos, se convertiría con toda seguridad en la mayor herramienta disuasoria contra la corrupción: la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares.

A día de hoy, la Sindicatura es, según Juan Luis Calbarro, portavoz de UPyD en Baleares, "un organismo dependiente directamente de los partidos representados en el Parlament, con una potestad muy restringida puesto que según la ley 4/2004 se limita a fiscalizar externamente al sector público balear. En los informes que realiza anualmente es fácil constatar la gran cantidad de ayuntamientos, consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles en los que participa la CAIB que ni siquiera se toman la molestia de presentar sus cuentas anuales, lo que da una idea del respeto que infunde. Todo ello es posible porque la Sindicatura, por ley, no tiene capacidad sancionadora propia ni tampoco capacidad para poder iniciar y presentarse como parte en procesos judiciales penales y contencioso-administrativos si tiene indicios de ilícitos penales o administrativos".

Calbarro recuerda que "cuando se aprobó la ley 4/2004, todos los partidos representados en el Parlament se pusieron de acuerdo para dejarlo todo atado y bien atado para que el tribunal de cuentas balear no tuviera apenas potestad para luchar contra la corrupción. Los partidos limitaron las funciones de los síndicos a una mera labor fiscalizadora y consultiva, insuficiente para luchar eficazmente contra la impunidad y la inmunidad de los políticos. La dotaron de medios (54 funcionarios en plantilla y 2.853.710 € de presupuesto en 2010) a cambio de que se limitara a cubrir el expediente". La exigencia por ley de que los síndicos tienen que designarse por una mayoría parlamentaria holgada (3/5 partes de los diputados autonómicos) "ha provocado que los partidos se repartan el cupo de modo que cada formación tiene colocado a su propio síndico amigo. Imposible así que los síndicos tengan la independencia y neutralidad necesarias para dedicarse a lo que tendría que ser su principal misión: luchar contra la corrupción." UPyD está "estudiando nuevas fórmulas para la elección de los síndicos que liberen el órgano de su actual dependencia".

viernes, 14 de mayo de 2010

UPyD cree que es necesario reducir la cuantía máxima permitida para adjudicar contratos menores

Así mismo preconiza que los organismos públicos publiquen en sus webs las subvenciones, los contratos menores y las liquidaciones

Palma, 14 de mayo de 2010
UPyD propondrá reducir la cuantía máxima permitida para adjudicar contratos menores sin publicidad, una cuantía que la ley de contratos establece en los 18.000 €. En la anterior ley de contratos, esta cuantía era de 12.000 €, por lo que entendemos que, en vez de mejorar, se ha empeorado en este sentido.

El informe de la Sindicatura de Cuentas de 2008 demuestra que la Ley de Contratos Públicos deja vías abiertas para la corrupción y las irregularidades en la contratación. Sólo en el año 2008 el gobierno de Antich adjudicó un total de 2.360 contratos menores, contratos que se asignan a dedo y sin publicidad, por un importe de 24 millones de euros. Además fomenta, como la Sindicatura acaba de demostrar y denunciar, la práctica de fraccionar los pagos para eludir el concurso abierto.

La cuantía máxima vigente para los contratos menores es demasiado elevada: impide el control necesario sin acotar la arbitrariedad de los políticos a la hora de contratar a dedo a socios, amigos y familiares.

La modificación de la ley de contratos debería ir acompañada también por la medida complementaria de obligar a los organismos públicos a publicar en su página web las subvenciones concedidas, los contratos públicos adjudicados (incluidos naturalmente los menores) y la liquidación aprobada del ejercicio anterior. Esta transparencia coadyuvaría sin duda a un mayor control por parte de ciudadanos y empresas en cómo y con quién se gastan los dineros los políticos.

miércoles, 12 de mayo de 2010

Comunicado de UPyD Baleares sobre las medidas anticrisis del Presidente del Gobierno

Palma, 12 de mayo de 2010
Ante el anuncio efectuado hoy en el Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Consejo Territorial de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en las Islas Baleares quiere manifestar lo siguiente:

1. UPyD lamenta que las medidas anticrisis se hayan tomado con tanta demora y sólo a instancias de Europa y Estados Unidos, después de tres años en que el Gobierno ha negado la realidad y ha ignorado la información y los avisos que, entre otros, nuestro partido le ha suministrado en el Congreso en numerosas ocasiones, con el consiguiente daño añadido a la economía nacional y, por tanto, a la economía balear.

2. Lamentamos también que las medidas de recorte anunciadas, por más que seguramente sean necesarias, incidan sólo sobre los sectores con menos poder adquisitivo de la sociedad -asalariados, pensionistas, jóvenes, dependientes- cuando, por el contrario, no se tocan ni las SICAV ni los grandes patrimonios. UPyD no entiende que un gobierno que se llama progresista y que ha jurado por activa y por pasiva que no se tocarían los gastos sociales haga recaer el peso de la necesaria austeridad sobre las clases medias y bajas de la sociedad.

3. La nefasta gestión del Gobierno, que se ha empeñado en ignorar los problemas más allá de lo razonable y con miras exclusivamente partidarias, han puesto finalmente la gestión de la crisis en manos de Washington y Bruselas. La pérdida de soberanía consiguiente y el descrédito que esto supone para José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo hacen necesaria, hoy más que nunca, la convocatoria de elecciones anticipadas para que los ciudadanos se pronuncien sobre quién debe liderar la Nación en momentos de tal trascendencia histórica.

4. En lo que concierne a las instituciones de Baleares, creemos en todo caso imprescindible que el gobierno de la Comunidad Autónoma se ponga a disposición del Gobierno nacional a la hora de coordinar estas medidas.

5. Rechazamos de plano las manifestaciones disparatadas de algunos líderes políticos según las cuales es el "Gobierno Central" quien debe recortar gastos, ya que un pueblo sumido en una profunda crisis económica, ética, institucional y política no puede permitirse nacionalismos de salón. Queremos recordar a la opinión pública que Estado lo es tanto el gobierno nacional como las instituciones autonómicas y locales, y que todas ellas se financian de la misma fuente: el dinero de los contribuyentes. Y, en este sentido, queremos recordar también que, dejando aparte la Seguridad Social, el Gobierno de la Nación administra sólo un 20% del gasto público total, mientras que las comunidades autónomas gestionan un 36%. Recientes estudios desvelan que las comunidades autónomas ocasionan un injustificable sobrecoste de unos 26.000 millones de euros, que se ahorrarían sólo ajustando las prácticas de gestión de todas las comunidades autónomas a las de las tres más eficientes, entre las cuales no se encuentra precisamente Baleares. Es imposible afrontar la crisis sin un cambio de actitud en todos y cada uno de los niveles del estado.

6. Instamos, por tanto, al Govern, a los consejos insulares, a las mancomunidades y a los ayuntamientos a recortar drásticamente el gasto corriente (cuatro primeros capítulos) así como a congelar la contratación tanto de funcionarios como de personal laboral en tanto se produce un análisis serio de la situación.

7. Reclamamos un freno inmediato a la elefantiasis de las administraciones y a la proliferación de organismos públicos, que obedecen más a criterios clientelares y al reparto de cuotas de poder entre los partidos del Pacte que a las necesidades reales de gestión de los asuntos públicos. Deben clausurarse todos los departamentos innecesarios, como los de política lingüística.

8. Creemos indispensable un viraje de 180 grados en la política de endeudamiento de la CAIB, que en la práctica impide que particulares y empresarios accedan al crédito, con el consiguiente freno a la reactivación económica. Igualmente, la suspensión de pagos de facto en la que se encuentra la Administración acentúa más si cabe los efectos de la crisis, ocasionando el cierre de múltiples empresas que son proveedoras de la Administración debido a su falta de liquidez, por lo que las instituciones contratantes deben esforzarse por cumplir sus compromisos y no perjudicar más al ciudadano.

9. Por su falta de transparencia, por ser un instrumento para camuflar deuda al Banco de España, por su carácter superfluo al acometer funciones que deben recaen sobre la Administración General y por ser un refugio para el amiguismo y el clientelismo más vergonzosos, hemos propuesto y seguiremos proponiendo la supresión -para empezar- de los 80 consorcios públicos para infraestructuras que tiene la comunidad autónoma balear, la unificación de los seis organismos relacionados con la Unión Europea en una sola dirección general, el replanteamiento de entes abiertamente ruinosos como IB3 o el Teatro Principal y, en general, la revisión de la telaraña de empresas públicas, consorcios, fundaciones y demás entes públicos que lastran la eficiencia en el gasto, la eficacia en la resolución de los problemas y que son fuente demostrada de corrupción.

10. Por último, UPyD quiere hacer un llamamiento a la sociedad balear para que afronte los cambios que se avecinan con serenidad y espíritu de sacrificio, pero a la vez con la necesaria firmeza frente a quienes tan irresponsablemente han gestionado nuestros recursos y nos han colocado al borde de la quiebra como nación.

lunes, 10 de mayo de 2010

Elegidos en UPyD los nuevos consejos locales de Palma, Ibiza y Menorca


Carmen Ortuño, Pepe Torres y Paco Tutzó coordinadores respectivamente de Palma, Ibiza y Menorca · Ángel Saiz en Palma y Palmer Carretero en Menorca, portavoces

Palma, 10 de mayo de 2010
El consejo local de Palma y los consejos insulares de Ibiza y Menorca de Unión Progreso y Democracia (UPyD) han sido renovados el pasado fin de semana mediante el correspondiente proceso de elecciones internas. De esta manera se completa en el ámbito local de Baleares el proceso de renovación democrática de cargos iniciado en UPyD en noviembre de 2009 con motivo de su I Congreso Nacional.

En el caso de Palma, el nuevo consejo local estará coordinado por María del Carmen Ortuño Rodríguez, que hasta el momento coordinaba el grupo de trabajo de Sanidad de UPyD Baleares. El nuevo responsable de Organización será Rafael Bejarano Arbós, y Ángel Saiz Núñez se hará cargo de la portavocía y del área de Política Local.
Ibiza y Formentera contarán con un consejo insular cuyo coordinador y portavoz será José Torres Torres, que ya pertenecía al órgano con anterioridad. Torres es también, desde su creación, miembro del Consejo Político nacional de UPyD. José Segador Parra se encargará del área de Organización, y Rosalía Moreno Marí de la de Política Local.
Francisco Tutzó Escudero será el nuevo coordinador de UPyD en Menorca. Palmer Carretero Vilches continuará siendo el portavoz de la formación en la isla y asumirá Política Local. Daniel Prats Florit llevará Organización.
Los hasta ahora coordinadores de UPyD en Ibiza y Menorca, José Manuel Soria Rico y Juan José Gomila Félix respectivamente, seguirán participando en el desempeño del partido en Baleares a través de su condición de miembros del máximo órgano ejecutivo de UPyD en las islas, el Consejo Territorial.

El Anteproyecto de la Ley de la “Desigualdad”, de Fina Santiago, sólo sirve para aumentar el gasto público y crear decenas de nuevos cargos


UPyD afirma que el anteproyecto de ley de Igualdad de hombres y mujeres es un monumento a la retórica del feminismo más vacío, idéntico a la retórica del “machismo caballeroso”, y sólo sirve para esquilmar aún más las escuálidas arcas públicas.

Palma, 9 de marzo de 2010
UPyD considera un abuso que el Anteproyecto de Ley de la Igualdad de Hombres y Mujeres, que promueve la consellera Fina Santiago, contemple los siguientes cargos o unidades administrativas, con su consiguiente presupuesto económico: 1. Comisión del Govern para la Igualdad, 2. Consell para la Igualdad de Género, 3. Consell de Participació de les Dones (ya existente), 4. Síndica para la Igualdad de Mujeres y Hombres (adscrito al Sindic de Greugues), 5. un representante en cada uno de los cientos de consejos escolares de centros de enseñanza de Baleares, 6. un Representante en los consejos escolares insulares, 7. un representante del Institut Balear de la Dona en el Consell Escolar de las Islas Baleares, 7. Unidades de Igualdad en la universidad.

“Con este ejército de comisarios de género la ley pretende primero controlar toda la Administración Pública y, en un segundo momento, controlar también el ámbito privado. Es sólo cuestión de tiempo que las numerosas recomendaciones de género dirigidas a las empresas se conviertan en preceptos, es cuestión de tiempo que se obligue a tener representantes de Igualdad en los consejos de administración de las empresas, en las asociaciones de comerciantes o en las asociaciones de vecinos”

Todos los partidos políticos, incluidos los de la oposición, callan ante este despropósito, acomplejados ante la posibilidad de ser acusados de “machistas” si osan poner algún pero al anteproyecto. UPyD, en cambio, no tiene miedo a decir la verdad: “este anteproyecto es una excusa para esquilmar aún más la Hacienda Pública en nombre de supuestos principios altruistas; y es también el anteproyecto de la desigualdad, el anteproyecto del machismo caballeroso, el que considera a la mujer un ser desvalido, incluso minusválido, al que hay que proteger siempre y en todas las circunstancias dándole graciosamente las ventajas y el poder, sin que luche por él”.

sábado, 8 de mayo de 2010

Para UPyD, la política teatral balear actual ignora el teatro privado

A pesar de que dos teatros privados, el Auditorium y el de Cala Gamba, atraen muchísimo más público que el conjunto de teatros públicos de Mallorca, las distintas administraciones baleares se empeñan en realizar competencia desleal al regar con dinero de todos los contribuyentes a los teatros públicos y no exigirles equilibrio presupuestario.

Palma, 8 de abril de 2010
“En una actividad económica normal, la empresa que ha acometido unos costes, para la creación de un producto o servicio, vende ese producto o servicio para intentar cubrir los costes y obtener un beneficio; en la industria del espectáculo en Baleares con frecuencia ocurre lo contrario: la empresa que acomete buena parte de los costes de un espectáculo teatral, la administración, es la misma que compra ese espectáculo; todo un homenaje a la antieconomía: los mayores costes posibles para el menor beneficio posible”, afirma Julián Ruiz-Bravo, miembro del grupo de Educación y Cultura de UPyD en Baleares. “Cada vez es más habitual que una compañía teatral privada reciba, del Consell de Mallorca por ejemplo, no sólo subvenciones públicas en todas las fases de creación de un espectáculo, producción, distribución, promoción, transporte, sino que lo venda a un teatro público, financiado o dirigido, por ejemplo, por el propio Consell, que la ha tan generosamente subvencionado. Y esto no es todo: el teatro público se permite además vender entradas muy por debajo de su valor o mantener obras sin público”.

Esta situación de “subvención perfecta y circular” lejos de beneficiar la actividad teatral, la perjudica notablemente. UPyD sostiene que de esta manera se producen los siguientes efectos indeseados: “en primer lugar, se rompe la relación necesaria entre público y espectáculo teatral; en segundo lugar, los espectáculos subvencionados se encarecen; en tercer lugar, los teatros públicos realizan competencia desleal a los teatros privados, ya que cualquier compañía teatral preferirá contratar y cobrar los altos cachés que paga el teatro público, no urgido por su rentabilidad; en cuarto lugar, lo que es más grave, elimina la independencia creadora, ya que las compañías terminan creando espectáculos vacíos, que no molesten al pagador”.
Para UPyD urge racionalizar la política cultural teatral, y por extensión, la artística. Dotar, por ejemplo, de 6 millones de euros, durante 2009, al Teatro Principal no tiene ningún sentido si eso supone encarecer los espectáculos teatrales, no llenar las salas, subvencionar a los escasos espectadores y generar un millón de euros de déficit, cuando existe un Auditorium que programa por su cuenta y riesgo obras de diversas calidades y obtiene el favor de muchísimos más espectadores.