Dicha reducción se ha convertido en un bluf y en una mera cuestión de imagen sin sustancia real · Reducción sin tocar a los empleados públicos es tan ridículo como hacer la guerra con cero bajas · UPyD es el único partido sin ataduras ni hipotecas clientelares capaz de abordar una reducción drástica de la Administración · Los partidos tradicionales son el problema, no la solución a unos males que han ocasionado por sus prácticas clientelares
Palma, 6 de junio de 2010
La eliminación de sólo dos altos cargos en el proceso de fusión de la consejería de Trabajo con la de Turismo ha vuelto a poner de manifiesto el criterio de Antich a la hora de acometer la reducción del sector público balear: cirugía mínima al no atreverse a una necesaria y urgente reducción de personal público, lo que está dejando sus tijeretazos en una operación de imagen de cara a la galería. La consejería de Trabajo se mantendrá prácticamente intacta, sólo que integrada nominalmente en Turismo. Es más, administrativamente funcionarán por separado.
UPyD es el único partido sin ataduras ni hipotecas clientelares capaz de abordar una reducción drástica de la Administración. Ninguno de los partidos instalados -ni PSOE, ni Bloc, como tampoco el PP ni UM, responsables de crear consorcios y fundaciones a mansalva durante la pasada legislatura- tiene las manos libres para abordar los males que aquejan a la comunidad por una razón muy sencilla: son el problema, no la solución.
Los recortes de Antich se están convirtiendo en un formidable bluf, una operación de estética de cara a la galería para hacer creer a los ciudadanos que la Administración está adelgazando cuando no pasan de operaciones de lifting facial. Lo mismo cabe decir de la reducción de la telaraña de consorcios, fundaciones, empresas públicas y sociedades mercantiles de la CAIB. Los primeros síntomas de que en realidad se trataba de un bluf se empezaron a vislumbrar cuando el Govern hizo efectiva la supresión de tres consorcios y tres fundaciones, tres de ellos inactivos. Después cuando fusionó Inestur en Ibatur con un ahorro de 600.000 euros de ahorro, la mitad al ahorrarse el alquiler de la sede de Ibatur. Los otros 300.000 euros no se debían a criterios de austeridad sino a criterios de oportunidad política: en realidad correspondían a las nóminas de la media docena de altos cargos de UM que fueron fulminados tras estallar la operación Voltor.
Estos lejanos truenos presagiaban lo que iba a ser la falsa tormenta de reducir a la mitad las 170 empresas públicas vinculadas al Govern. Mucho ruido y pocas nueces. En realidad Antich ha eliminado sólo cinco de estas empresas (alguna de ellas contaminada por corrupción, como IB-Blau, cuyo gerente fue destituido) ya que la solemnemente anunciada reducción a la mitad de estas empresas ha consistido en la práctica en suprimir los ochenta consorcios locales para infraestructuras, unos consorcios (Pla Mirall, aguas, sociosanitarios, desestacionalización) que en su mayoría no tienen asignado gasto corriente alguno al ser meros artilugios financieros para camuflar deuda. Sin embargo, la supresión no ha sido completa, lo que hubiera significado que la deuda camuflada en ellos aflorara y las distintas administraciones participantes tuvieran que asumirla. El Govern no ha querido suprimirlos completamente sino que se ha limitado a fundir estos consorcios de carácter local en consorcios insulares que pasarán a concentrar la misma deuda que antes estaba dispersa. Es decir, que ni siquiera se ha cumplido el objetivo por el que UPyD había pedido la supresión de estos ochenta consorcios para infraestructuras: la asunción por parte de la Administración de esta deuda oculta. Entretanto, Antich cree pasar ante los ciudadanos por el presidente que recortó a la mitad el obeso sector público balear.
Palma, 6 de junio de 2010
La eliminación de sólo dos altos cargos en el proceso de fusión de la consejería de Trabajo con la de Turismo ha vuelto a poner de manifiesto el criterio de Antich a la hora de acometer la reducción del sector público balear: cirugía mínima al no atreverse a una necesaria y urgente reducción de personal público, lo que está dejando sus tijeretazos en una operación de imagen de cara a la galería. La consejería de Trabajo se mantendrá prácticamente intacta, sólo que integrada nominalmente en Turismo. Es más, administrativamente funcionarán por separado.
UPyD es el único partido sin ataduras ni hipotecas clientelares capaz de abordar una reducción drástica de la Administración. Ninguno de los partidos instalados -ni PSOE, ni Bloc, como tampoco el PP ni UM, responsables de crear consorcios y fundaciones a mansalva durante la pasada legislatura- tiene las manos libres para abordar los males que aquejan a la comunidad por una razón muy sencilla: son el problema, no la solución.
Los recortes de Antich se están convirtiendo en un formidable bluf, una operación de estética de cara a la galería para hacer creer a los ciudadanos que la Administración está adelgazando cuando no pasan de operaciones de lifting facial. Lo mismo cabe decir de la reducción de la telaraña de consorcios, fundaciones, empresas públicas y sociedades mercantiles de la CAIB. Los primeros síntomas de que en realidad se trataba de un bluf se empezaron a vislumbrar cuando el Govern hizo efectiva la supresión de tres consorcios y tres fundaciones, tres de ellos inactivos. Después cuando fusionó Inestur en Ibatur con un ahorro de 600.000 euros de ahorro, la mitad al ahorrarse el alquiler de la sede de Ibatur. Los otros 300.000 euros no se debían a criterios de austeridad sino a criterios de oportunidad política: en realidad correspondían a las nóminas de la media docena de altos cargos de UM que fueron fulminados tras estallar la operación Voltor.
Estos lejanos truenos presagiaban lo que iba a ser la falsa tormenta de reducir a la mitad las 170 empresas públicas vinculadas al Govern. Mucho ruido y pocas nueces. En realidad Antich ha eliminado sólo cinco de estas empresas (alguna de ellas contaminada por corrupción, como IB-Blau, cuyo gerente fue destituido) ya que la solemnemente anunciada reducción a la mitad de estas empresas ha consistido en la práctica en suprimir los ochenta consorcios locales para infraestructuras, unos consorcios (Pla Mirall, aguas, sociosanitarios, desestacionalización) que en su mayoría no tienen asignado gasto corriente alguno al ser meros artilugios financieros para camuflar deuda. Sin embargo, la supresión no ha sido completa, lo que hubiera significado que la deuda camuflada en ellos aflorara y las distintas administraciones participantes tuvieran que asumirla. El Govern no ha querido suprimirlos completamente sino que se ha limitado a fundir estos consorcios de carácter local en consorcios insulares que pasarán a concentrar la misma deuda que antes estaba dispersa. Es decir, que ni siquiera se ha cumplido el objetivo por el que UPyD había pedido la supresión de estos ochenta consorcios para infraestructuras: la asunción por parte de la Administración de esta deuda oculta. Entretanto, Antich cree pasar ante los ciudadanos por el presidente que recortó a la mitad el obeso sector público balear.
