sábado, 1 de mayo de 2010

UPyD Baleares denuncia que el excesivo endeudamiento de la CAIB está impidiendo la salida de la crisis


El partido lleva manifestando largo tiempo que el sector público retira financiación del mercado bancario que es vital para que las empresas puedan propiciar la salida de la crisis

Palma, 1 de mayo de 2010
Según un estudio del centro de investigación de la escuela de negocios EAE Business School, Baleares es la segunda comunidad autónoma más endeudada de España, con una deuda acumulada a finales del 2009 de 3.289 millones de euros, lo que supone para cada habitante de Baleares una deuda de 3.003 €.

Sólo Cataluña está por delante de Baleares, con una deuda total de 22.604 millones de euros, los cuales repartidos entre sus habitantes arrojan una deuda de 3.024 € per cápita.

Los 3.289 millones de euros de Baleares son financiados por los bancos, que restan esta financiación a las empresas de las Islas, que sufren la escasez y las restricciones del crédito por parte de los bancos bien en forma de negativa a la hora de concesión de los mismos, que tanto necesitan, bien mediante el endurecimiento de las condiciones de los préstamos que solicitan.
UPyD señala que estos 3.289 millones generarían en manos de la empresas más riqueza que en manos del sector público; además, no podemos olvidar la enorme carga de intereses que estos préstamos conllevan y que tienen que ser pagados por los contribuyentes.

Dado lo anterior, UPyD reitera una vez más la necesidad de poner límites al excesivo endeudamiento de la comunidad autónoma y manifiesta la necesidad de evitar que las empresas de Baleares tengan que competir con la CAIB para conseguir los recursos necesarios para poner en marcha proyectos que nos saquen de la crisis que vivimos.

viernes, 30 de abril de 2010

UPyD pide la unificación de organismos en una única dirección general de Asuntos Europeos


Actualmente, dos direcciones generales, el Centre Balears Europa, la delegación en Bruselas, la Eurorregión y el Servicio de Relaciones Europeas ocupan a 41 personas con un presupuesto superior a los tres millones de euros · UPyD reclama una drástica reducción de personal

Palma, 30 de abril de 2010
Con el fin de terminar con el derroche del Pacte con el pretexto de Europa, Unión Progreso y Democracia (UPyD) pide al Govern que una sola dirección general de Asuntos Europeos asuma todas las funciones que actualmente realizan dos direcciones generales, el consorcio Centre Balears Europa, la delegación balear en Bruselas, la Eurorregión y el Servicio de Relaciones Europeas. Asimismo UPyD pide una drástica reducción de personal al considerar superfluos buena parte de sus cometidos (jornadas, actividades, estudios) y entender que unas pocas personas serían suficientes para menesteres como la gestión de fondos FEDER.

Europa nos sale muy cara a los ciudadanos de las Islas. Nada menos que seis organismos públicos, un total de 3.166.340 euros y 41 personas entre altos cargos, funcionarios y personal laboral se dedican a ella. Sólo el consorcio Centre Balears Europa (CBE) cuenta con 27 personas y un total de cuatro oficinas: una en Palma, otra en Mahón, otra en Ibiza y otra en Bruselas. La oficina de Bruselas sirve a su vez de sede para el delegado de Baleares en la capital belga. A finales de 2007, con Antich ya en el Govern, el despilfarro era todavía mayor. Sólo el CBE llegó a contar con 43 empleados, de los cuales 17 era asistencias técnicas y personal laboral eventual que en su mayoría trabajaba en otros departamentos del Govern. En 2007, según la Sindicatura de Cuentas, el gasto de personal del CBE ascendió a 1.813.727 € y el gasto corriente (capítulo II) a 1.073.886’72 €.

Además del CBE, el Bloc controla la Dirección General de Fondos Europeos, adscrito a la consejería de Comercio e Industria, cuya función es gestionar los fondos FEDER. Cuenta con un total de 6 funcionarios y su director general. Por su parte, el PSOE controla la Dirección General de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea, con Jordi Bayona al frente. Sólo para asuntos europeos, cuenta con tres funcionarios, un alto cargo y el propio director general. Adscritos a esta Dirección General cuelgan otros tres organismos públicos: la Eurorregión (con dos cargos políticos al menos), la delegación del Govern en Bruselas que ostentaba Gabriel Amer, tras cuya dimisión Bayona asumió las competencias, y finalmente el Servicio de Relaciones Europeas, con otro alto cargo más según la propia web del Govern. En una reciente entrevista, el propio director general de fondos FEDER, en un alarde de sinceridad, ha reconocido tanta superfluidad: "En la práctica, la Eurorregión nos sirve de poco", señalando los pocos fondos europeos que actualmente reciben las Baleares.

El presupuesto para 2010 de estos seis organismos está asignado a la Dirección General de Fondos Europeos (2.562.200 € de los que se transfieren 1.879.000 € al CBE) y al área de asuntos europeos de la dirección general de Jordi Bayona (604.140 €). En total, los 3.166.340 € mencionados.

miércoles, 28 de abril de 2010

UPyD propondrá que la Sindicatura de Cuentas pueda sancionar e impulsar procesos judiciales y que los síndicos no sean elegidos por los partidos

Ahora sólo tiene funciones fiscalizadoras y consultivas · Ahora mismo es un "cotarro inútil con más de 50 funcionarios y casi tres millones de euros de presupuesto sin potestad para llevar a cabo su principal misión: la lucha contra la corrupción"
Palma, 28 de abril de 2010
UPyD propondrá la modificación de la ley 4/2004 de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares para que este organismo tenga poder sancionador y capacidad para poder iniciar y presentarse como parte en procesos judiciales penales y contencioso-administrativos. AsÍ mismo, UPyD propondrá cambios en la elección de los síndicos para que éstos no dependan de los partidos políticos que ahora les eligen.
"En sus sobrevenidas medidas contra la corrupción para salvar la poca credibilidad que les queda, los partidos tradicionales de las Islas parecen haberse olvidado interesadamente de un órgano que, si funcionara a pleno rendimiento y sin estar atado de pies y manos por los propios partidos, se convertiría con toda seguridad en la mayor herramienta disuasoria contra la corrupción: la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares", afirman desde el partido transversal.
A día de hoy, sin embargo, la Sindicatura es, según Juan Luis Calbarro, portavoz de UPyD en Baleares, "un organismo dependiente directamente de los partidos representados en el Parlament, con una potestad muy restringida puesto que según la ley 4/2004 se limita a fiscalizar externamente al sector público balear. En los informes que realiza anualmente es fácil constatar la gran cantidad de ayuntamientos, consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles en los que participa la CAIB que ni siquiera se toman la molestia de presentar sus cuentas anuales, lo que da una idea del respeto que infunde. Todo ello es posible porque la Sindicatura, por ley, no tiene capacidad sancionadora propia ni tampoco capacidad para poder iniciar y presentarse como parte en procesos judiciales penales y contencioso-administrativos si tiene indicios de ilícitos penales o administrativos".
Calbarro recuerda que "cuando se aprobó la ley 4/2004, todos los partidos representados en el Parlament se pusieron de acuerdo para dejarlo todo atado y bien atado para que el tribunal de cuentas balear no tuviera apenas potestad para luchar contra la corrupción. Los partidos limitaron las funciones de los síndicos a una mera labor fiscalizadora y consultiva, insuficiente para luchar eficazmente contra la impunidad y la inmunidad de los políticos. La dotaron de medios (54 funcionarios en plantilla y 2.853.710 € de presupuesto en 2010) a cambio de que se limitara a cubrir el expediente". La exigencia por ley de que los síndicos tienen que designarse por una mayoría parlamentaria holgada (3/5 partes de los diputados autonómicos) "ha provocado que los partidos se repartan el cupo de modo que cada formación tiene colocado a su propio síndico amigo. Imposible así que los síndicos tengan la independencia y neutralidad necesarias para dedicarse a lo que tendría que ser su principal misión: luchar contra la corrupción." UPyD está "estudiando nuevas fórmulas para la elección de los síndicos que liberen el órgano de su actual dependencia".

martes, 27 de abril de 2010

UPyD afirma que PSOE y PP son igualmente responsables de los 3.900 millones de euros de deuda de Baleares

Después de gastar a mansalva, el PSOE y el PP se echan los trastos a la cabeza · UPyD exige mayor austeridad y más rigor presupuestario


Palma, 27 de abril de 2010

En relación con la disputa de patio de colegio entre PSOE y PP sobre quién tiene la culpa del elevado endeudamiento de la autonomía balear, UPyD quiere hacer una serie de puntualizaciones. Es tan falaz por parte del PSOE dar la culpa al PP por la “herencia” recibida como falaz por parte del PP achacar al PSOE la delicada situación financiera por la que pasa nuestra comunidad, con una deuda prevista, para finales de año y según datos del Banco de España, de 3.913 millones de euros. Ambos, PSOE y PP, mienten porque ambos son igualmente responsables de la situación.

Según datos del Banco de España, el Govern del PP duplicó la deuda durante el anterior mandato, desde los 858 millones de euros (4.4% del PIB regional) hasta los 1.798 millones (6.9% del PIB) a finales de 2007. Sin embargo, esto sólo es una parte de la realidad. Como se sabe, el Banco de España computa menos deuda de la que existe realmente. El grueso de la deuda del Govern Matas se materializó a partir de las empresas públicas que se endeudaron como nunca antes y a través de los gastos comprometidos a presupuestos futuros, una “deuda” camuflada que no se incluye en el pasivo de la CAIB y que no detecta el Banco de España. A finales de 2007, de acuerdo con el último informe de la Sindicatura de Cuentas, la comunidad autónoma tenía comprometidos 3.272 millones de euros a ejercicios futuros con los que se financiaron el metro y las carreteras ibicencas, por ejemplo. De hecho, el Govern Matas hizo un uso abusivo de estas dos estratagemas de ingeniería financiera para gastar más de lo permitido por ley (empresas públicas y plurianuales), como le recuerdan continuamente los síndicos en sus informes anuales.

Por otro lado, el PSOE tampoco puede sacar pecho en absoluto. Según el Banco de España, en apenas tres años habrá duplicado con creces la deuda recibida, de los 1798 millones que heredó hasta los 3.913 millones previstos para finales de 2010, nada menos que un 13,8% del PIB regional, lo que nos convierte en la segunda autonomía más endeudada por detrás de la valenciana. Y si bien es cierto que la crisis económica ha motivado un derrumbe de los ingresos lo cierto es que las infraestructuras “silenciosas” de Antich son, valga la ironía, “invisibles”, a diferencia del impulso en infraestructuras que se dio bajo el último gobierno de Jaume Matas. La gravedad del endeudamiento del Pacte estriba en que sólo sirve para cubrir gasto corriente y no para acometer inversiones, dada la falta de grandes proyectos en marcha salvo el hospital de Son Espases, en el que, casualmente, han optado por la misma artimaña de Jaume Matas tan criticada por los síndicos, el de comprometer gasto para ejercicios futuros. Son Espases costará 1096 millones de euros a pagar hasta 2039 con otro desvío presupuestario descomunal -casi cien millones de euros- que nada tiene que envidiar a los del Palma Arena o el metro.

Ante este panorama, resulta grotesco que PP y PSOE hayan decidido darse lecciones mutuamente. UPyD exige del Govern un cambio de filosofía en favor de una mayor austeridad y un estricto rigor presupuestario.

lunes, 26 de abril de 2010

UPyD ironiza: El modelo de gestión de los escombros "demuestra la lucidez de su clase política"


El modelo fracasa apenas cuatro años después · Ninguna administración es capaz de denunciar los vertederos ilegales


Palma, 26 de abril de 2010

Para Unión Progreso y Democracia, el modelo de gestión que se fijó en el Plan Director Sectorial de Residuos de Mallorca por parte del Consell Insular "demuestra de nuevo la lucidez de una clase política especializada en generar problemas, sin aportar después ninguna solución para deshacer los entuertos en los que nos meten". Prueba de ello sería, según Juan Luis Calbarro, portavoz de UPyD en Baleares, "el callejón de salida del modelo de gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs), que ha fracasado cuatro años después de ponerse en funcionamiento, con una clase política -todos los viejos partidos en su conjunto- incapaz ahora de dar solución a las funestas consecuencias que ellos mismos han propiciado y que lastra al sector de la construcción, uno de los más dinámicos de Mallorca".

En 2003 se decidió conceder el servicio “público” de gestión de los residuos sólidos urbanos (RCDs), neumáticos y voluminosos en régimen de monopolio a la empresa Mac Insular. En 2006 se puso en marcha el nuevo modelo. Todos los escombros de cualquier obra de la isla tienen como destino final obligatorio las plantas de tratamiento de Mac Insular, donde se reciclan. UPyD recuerda que "para deshacerse de ellos, el usuario ha de pagar la tasa más alta de toda Europa (ahora mismo 43 euros/tonelada), más el IVA, más el servicio de transporte hasta las plantas de reciclaje. La decisión de los políticos no es gratuita: concede valor a lo que antes no había tenido ninguno puesto que hasta entonces deshacerse de los escombros no sólo era gratuito sino que encima los propietarios de las canteras en restauración lo agradecían. Las altas tarifas y el hecho de dar valor a deshacerse de los escombros generan, inevitablemente, un mercado negro al atraer a otras empresas ilegales dispuestas a ofrecer sus canteras como depósitos de escombros por un precio inferior al oficial. Una vez más el intervencionismo prohibitivo del Estado hace aflorar un mercado negro al que, después, los mismos políticos que lo han propiciado no quieren poner fin."

Efectivamente, "igual que ocurre con las ilegalidades urbanísticas, ningún político está dispuesto a pasar por el trance de denunciar los vertederos ilegales aunque estén a la vista de todos. De ahí que ninguna de las administraciones competentes (ayuntamientos, Consell y Consejería de Medio Ambiente) esté dispuesta a perseguir a los infractores por temor a granjearse una cierta impopularidad entre los potenciales votantes. El resultado: las plantas de Mac Insular sólo reciben poco más de la cuarta parte de los escombros generados en Mallorca, de ahí que el concesionario haya ya anunciado el aumento de la tasa que pasará a 51’5 euros/tonelada. Como de costumbre, sobre todo donde hay una clase política que mira por sus exclusivos intereses y no por los de los ciudadanos, los que cumplan la ley estarán pagando de su bolsillo la impunidad de los infractores. Un sistema perverso, típico de cuando se tiene a una clase política que sólo sirve para generar problemas y que después se muestra incapaz de encontrar ninguna solución a los entuertos en que nos meten a todos."

sábado, 24 de abril de 2010

Para UPyD, la gestión del teatro público en Baleares es ineficaz e insostenible

Ruiz-Bravo: "Las administraciones deben exigir a los gestores teatrales eficiencia económica y equilibrio presupuestario"


Palma, 24 de abril de 2010

Sin contar los recursos que los otros ayuntamientos destinan a las artes escénicas, la CAIB, el Consell y Cort presupuestan para 2010 más de 7 millones de euros, de los que sólo recuperarán una mínima parte. "El mundo del teatro público en Baleares está montado de tal manera que se ha convertido en un pozo sin fondo, receptor de ingentes cantidades de dinero público y generador de escasísimos ingresos por venta de entradas o por patrocinio privado", declara Julián Ruiz-Bravo, miembro del Grupo de Educación y Coordinador del Programa Electoral de Unión Progreso y Democracia en Baleares. "No puede aceptarse, por ejemplo, que Manacor, que cuenta con un costosísimo teatro, quiera gastar 800.000 euros en la construcción de un anfiteatro en Porto Cristo; ni que el principal teatro público de Baleares, el Teatro Principal, haya recibido durante el año 2009 casi 6 millones de euros, que haya cerrado el ejercicio con más de un millón de deuda y que, a pesar de tan desastrosa gestión económica, haya vuelto a recibir para el año 2010 casi 5.300.000 euros".

A UPyD no se le escapa que la reciente dimisión del gerente del Teatre Principal, el señor Arrom, "responde al disgusto del típico hombre de teatro de Baleares que, partiendo de la base de que la administración tiene que perder dinero siempre en el teatro, no acepta que se le limite el presupuesto". En palabras de Julián Ruiz-Bravo, "aún resuena la antológica frase de Arrom el 2 septiembre de 2009, digna de figurar en el Guinness de los disparates, cuando, desde Cultura, le exigieron mayor austeridad. Literalmente dijo: 'Al contratar una de estas producciones, tienes dos opciones: haces una función y pierdes 10.000 euros, o haces dos y pierdes 20.000'. Pero si disparatada fue la frase de Arrom, no menos fue la de la Joana Llüisa Mascaró, a la sazón consejera insular de Cultura, que contestó: 'No se trata de perder más dinero, sino de invertir menos'. Es decir, hasta la consellera insular de Cultura acepta que el teatro público, aun invirtiendo poco, tiene que perder dinero”.

Para UPyD, "es necesario que las administraciones exijan a los gestores teatrales eficiencia económica y que ésta se traduzca en un equilibrio presupuestario, de tal forma que los ingresos obtenidos por venta de entradas, alquiler de locales, patrocinios privados y otras fuentes al menos igualen el presupuesto inicial o se sitúen en un déficit mínimo".

"Ignorar esta elemental regla de gestión", concluye Ruiz-Bravo, "ha llevado a una elevada inflación en los costes del teatro público. Los directores, actores, técnicos, etc. cobran más de la cuenta si trabajan para la administración; las compañías teatrales, cuando son contratadas por un teatro público, cobran más de la cuenta; los espectadores pagan menos de la cuenta; los beneficios bajan más de la cuenta. En definitiva, los contribuyentes, que casi nunca van al teatro, pagan más de la cuenta".

viernes, 23 de abril de 2010

UPyD denuncia que el Govern no suprime consorcios y fundaciones, sólo los fusiona con otros


La supresión anunciada apenas se traduce en reducción del gasto

Palma, 23 de abril de 2010
UPyD considera "increíble" que el Govern sólo haya ahorrado 1,7 millones de euros tras liquidar tres fundaciones, tres consorcios y dos consejerías, como afirmó anteayer Albert Moragues en el Parlament. "Más increíble todavía es que la disolución de las tres fundaciones y los tres consorcios sólo haya representado un ahorro de 300.000 euros al prescindirse únicamente de los servicios del gerente de cada uno de estos seis organismos, a razón de 50.000 euros anuales cada uno."
"Lo que se está revelando es que el Pacte en realidad no apuesta por la supresión de ninguna empresa pública, sino por su fusión de modo que su presupuesto pasa a otras empresas públicas o a las direcciones generales a las que estaban adscritas. Un simple maquillaje que supone un ahorro irrisorio. Ni siquiera se ahorra en asesores, alquileres y demás gasto corriente, como era de esperar."
"Si el Govern hubiera decidido suprimir de verdad estos seis organismos, eliminando por tanto los gastos de personal (capítulo I) y el gasto corriente (capítulo II) de todos ellos, se hubiera ahorrado más de 2,5 millones de euros, tal como puede apreciarse de los datos del último informe de la Sindicatura de Cuentas, una suma muy superior a los 300.000 euros."
Según UPyD, "la intención del Pacte es aparecer como el abanderado contra el despilfarro y por ello anuncia a bombo y platillo la eliminación de altos cargos (29) y la supresión de las empresas públicas (las 6 de ahora y 12 más en breve). Se trata de una operación puramente propagandística puesto que al final estos recortes se traducen en ahorros nimios que apenas contribuyen a rebajar el descontrolado gasto de estos organismos. La realidad no engaña. Durante estos tres años el Pacte se ha limitado a colonizar las 170 empresas públicas que heredó de Matas. El Pacte, o lo que queda de él, no quiere oír hablar de apretarse el cinturón y acometer una reducción eficiente y efectiva de las empresas públicas. Al personal laboral, ni tocarlo."
"Todo indica que estamos ante otro episodio de propaganda de un Govern que crea unas grandes expectativas de recortes y tijeretazos para después parir un ratón. Ocurrió con el famoso recorte del 15% en los últimos presupuestos, ocurrió con la anterior eliminación de altos cargos cuando en realidad sólo se suprimieron aquellas plazas no cubiertas y ha ocurrido ahora con la propagandística y efectista “supresión” de fundaciones y consorcios que no es tal, como se ha explicado."
"Entretanto", recuerdan en el partido transversal, "el Pacte sigue gastando a espuertas: ochenta millones más -de momento- por el hospital de Son Espases, casi ocho millones de euros en política lingüística (incluyendo un millón y medio de euros al Institut Ramon Llull que después se dedican a crear canales de televisión por Internet) ó los 10,6 millones de euros en polémicos contratos de consultorías para estudiar las deficiencias “estructurales” del metro a la UIB."