Acoge "sin demasiada sorpresa" la detención de Buils y Farrús
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Palma, 15 de marzo de 2010
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Unión Progreso y Democracia (UPyD) acoge "sin demasiada sorpresa" la noticia de la detención del exconsejero de Turismo Francesc Buils y del empresario Jacinto Farrús en el seno de la Operación Voltor, a causa de la presunta adjudicación ilegal de contratos sin mediar el preceptivo concurso público. Para Joan Font Rosselló, miembro del Consejo Territorial de UPyD en Baleares, "la presunta implicación en delitos de corrupción de Jacinto Farrús, que produce los informativos de IB3 por medio de la empresa SBT, hace aún más apremiante la necesidad de una auditoría de la televisión autonómica. El último responsable de todo este embrollo a costa del ciudadano es el Presidente Antich, que se niega a tomar la decisión de destituir al director del Ente Público, Antoni Martorell, y a efectuar la auditoría que pedimos".
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Hace dos semanas, UPyD señalaba la necesidad urgente de una auditoría de IB3, dadas "las revelaciones de los últimos días en torno al presunto papel de Vídeo-U como oficina de colocación y fuente de financiación ilegal de Unió Mallorquina", en palabras de Francisco Alegret Crespí, miembro también del CT de UPyD Baleares. Alegret proponía "reconsiderar el modelo de televisión pública y, en todo caso, la racionalización de su financiación, de sus procedimientos de contratación y de sus contenidos, a la vista de los motivos que hacen de ella una empresa dañina para el sector audiovisual de las Islas Baleares, ruinosa para el contribuyente y superflua desde el punto de vista de sus resultados."
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Alegret afirma que "la concesión de programas a realizar en IB3 se realiza a puerta cerrada, entre los dos grandes de siempre (Serra y Farrús), sin opción para el resto de productoras. La aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas exige que se respeten los principios de publicidad, concurrencia, etc. que podrían dificultar la obtención de las concesiones de programas a estos dos grandes grupos. La ley no se aplica argumentando que la inspiración, el arte y el talento no se pueden medir. De ello deberíamos deducir que los programas de IB3 encierran un talento y una inspiración que sólo pueden aportar estos dos grupos audiovisuales, pero ello se contradice con los pobres resultados en audiencia. Ni hay competencia ni hay resultados. Y hoy -concluye- la sospecha de malversación es aún más plausible".
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Palma, 15 de marzo de 2010
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Unión Progreso y Democracia (UPyD) acoge "sin demasiada sorpresa" la noticia de la detención del exconsejero de Turismo Francesc Buils y del empresario Jacinto Farrús en el seno de la Operación Voltor, a causa de la presunta adjudicación ilegal de contratos sin mediar el preceptivo concurso público. Para Joan Font Rosselló, miembro del Consejo Territorial de UPyD en Baleares, "la presunta implicación en delitos de corrupción de Jacinto Farrús, que produce los informativos de IB3 por medio de la empresa SBT, hace aún más apremiante la necesidad de una auditoría de la televisión autonómica. El último responsable de todo este embrollo a costa del ciudadano es el Presidente Antich, que se niega a tomar la decisión de destituir al director del Ente Público, Antoni Martorell, y a efectuar la auditoría que pedimos".
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Hace dos semanas, UPyD señalaba la necesidad urgente de una auditoría de IB3, dadas "las revelaciones de los últimos días en torno al presunto papel de Vídeo-U como oficina de colocación y fuente de financiación ilegal de Unió Mallorquina", en palabras de Francisco Alegret Crespí, miembro también del CT de UPyD Baleares. Alegret proponía "reconsiderar el modelo de televisión pública y, en todo caso, la racionalización de su financiación, de sus procedimientos de contratación y de sus contenidos, a la vista de los motivos que hacen de ella una empresa dañina para el sector audiovisual de las Islas Baleares, ruinosa para el contribuyente y superflua desde el punto de vista de sus resultados."
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Alegret afirma que "la concesión de programas a realizar en IB3 se realiza a puerta cerrada, entre los dos grandes de siempre (Serra y Farrús), sin opción para el resto de productoras. La aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas exige que se respeten los principios de publicidad, concurrencia, etc. que podrían dificultar la obtención de las concesiones de programas a estos dos grandes grupos. La ley no se aplica argumentando que la inspiración, el arte y el talento no se pueden medir. De ello deberíamos deducir que los programas de IB3 encierran un talento y una inspiración que sólo pueden aportar estos dos grupos audiovisuales, pero ello se contradice con los pobres resultados en audiencia. Ni hay competencia ni hay resultados. Y hoy -concluye- la sospecha de malversación es aún más plausible".
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