miércoles, 17 de marzo de 2010

UPyD pide una auditoría antifraude en IB3 que analice la relación de Jacinto Farrús con Antoni Martorell

UPyD sostiene que es necesario desmontar la telaraña tejida por UM en IB3. Martorell, político de confianza de Munar, tiene como directora del gabinete jurídico de IB3 a Magdalena Pascual, socia de Nadal en su despacho de abogados e hija del exconseller de UM Antoni Pascual; ha mantenido, como Director de Producción Ajena, a Conde, testaferro de Vicens, hasta que su imputación en el caso Maquillaje le obligó a dimitir; y ha otorgado la concesión de Producción de Informativos de IB3 a su amigo Jacinto Farrús, detenido actualmente en el marco del caso Voltor.
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Palma, 17 de Marzo de 2010.
“Martorell sigue beneficiando a sus amigos con contratos millonarios adjudicados sin el rigor que la ley de contratación publica exige. En concreto al empresario detenido ayer, Jacinto Farrús, el cual es adjudicatario de la mayoría de los contratos públicos que la cadena concede, no sólo en su empresa insignia, Serveis Balears de Televisio SL (SBT) sino en la pléyade de empresas del grupo como Singular Audiovisual, Cbm network, producciones graus, merate y otras”, afirma Francisco Alegret Crespí, coportavoz de UPyD en Baleares y coordinador del grupo de análisis de medios audiovisuales.
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Es sabido que Jacinto Farrús declara su amistad con Martorell y que le compró la empresa Cent&ment, poco antes de ser éste nombrado jefe de Gabinete de Munar. UPyD no se extraña de que el grupo empresarial antes mencionado sea el principal adjudicatario de los contratos de IB3, por mucho que Martorell imponga cláusulas de confidencialidad en sus contratos y en sus respuestas ante el Parlament.
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UPyD denuncia, que con la ley de IB3, que los partidos tratan de consensuar, se siguen perpetuando las redes clientelares, pues se está intentando aprobar una ley que otorgue manga ancha a los directores generales para contratar a su conveniencia las externalizaciones que consideren oportunas, con la simple modificación de un reglamento. Un modelo de externalización que, recordemos, recibió numerosas y reiteradas críticas durante la pasada legislatura, tanto del PSOE como del Bloc, y que ahora, estando en el poder, defienden como válido. Es decir, ni ha cambiado ni cambiará nada. Además, en vez de establecer la obligación de consensuar un profesional del medio como director general, se abre la puerta de atrás al permitir el nombramiento del mismo con mayoría simple si en cuatro meses no hay acuerdo suficiente para alcanzar la mayoría de dos tercios. Visto el proyecto de ley, parece que nada cambie respecto a la situación actual.
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Desde UPyD se exige la modificación del proyecto de ley para que garantice la profesionalización de todos sus ámbitos, y se eviten casos como el de Televisió de Mallorca y Ona Mallorca, cuya puesta en marcha se adjudicó con presunta ilegalidad a la empresa de Sard, testaferro de Nadal, y de Conde, testaferro de Vicens.
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