viernes, 7 de mayo de 2010

UPyD denuncia nuevas retenciones de contenedores en Barcelona porque Balearia y Acciona no tienen plataformas rodadas suficientes

UPyD lleva denunciando el modelo RO-PAX adoptado por Balearia y Acciona, un modelo que encarece las importaciones y exportaciones · Estas paralizaciones provocan demoras que repercuten en un encarecimiento adicional del precio final de la mercancía · El comerciante de las islas sale con desventaja por el mayor coste en el envío y recepción de sus mercancías · UPyD lamenta que la Autoridad Portuaria deje en un segundo plano el transporte de mercancías

Palma, 7 de mayo de 2010

Como viene ocurriendo en los últimos años cuando se acerca Navidad, Semana Santa o la temporada alta, las retenciones de contenedores en el puerto de Barcelona siguen siendo noticia debido a que Balearia y Acciona (o sus empresas comercializadoras) no tienen plataformas rodadas (o equipos) suficientes para embarcarlos hacia Mallorca. Algunos retrasos son incluso superiores a los diez días. Estas retenciones son inherentes al modelo RO-PAX (carga rodada + pasajeros) adoptado por las dos navieras que realizan el servicio, puesto que, tras haber eliminado los costes de estiba en el puerto de Palma y haberlos trasladado al cliente final, cada contenedor transportado precisa de un remolque, un camión y un chófer, de los cuales ambas navieras no están suficientemente dotadas por mucho que los buques "sean más grandes", como esgrimen desde Balearia y Acciona. Además, por muy grandes que sean las bodegas de los ferries el hecho de no poder apilar los contenedores en vertical (como en los buques portacontenedores) hace que se pueda transportar mucha menos carga.

Estas paralizaciones en Barcelona suponen un retraso en la recepción de los productos para todos aquellos distribuidores con pedidos en las distintas zonas turísticas en las Islas. Asimismo, estas retenciones repercuten en el encarecimiento del producto final por dos motivos más: la ocupación de los contenedores en el muelle de Barcelona y la penalización de las demoras en la devolución del contenedor vacío. Un sobrecoste que se suma a los ya altos costes del transporte marítimo (se han duplicado en los últimos cinco años) que restan competividad a nuestros empresarios exportadores y encarecen el precio final para los consumidores. Si a todos los problemas anteriores que podemos llamar "estructurales" sumamos la huelga convocada por los estibadores portuarios que reclaman la defensa de sus puestos de trabajo, no es exagerado afirmar que la situación es altamente preocupante.

La entrevista concedida el domingo pasado a Diario de Mallorca por parte del presidente de la Autoridad Portuaria, Francesc Triay, pone de relieve que nuestras autoridades han apostado claramente por transformar el muelle palmesano en un escaparate para cruceros y yates olvidándose del transporte de mercancías, cuando el 90% de los productos que se consumen en la isla vienen de fuera. UPyD está a favor de la apuesta por el turismo naútico y de cruceros, pero no a costa de olvidarse por completo del tráfico de mercancías. Nuestras autoridades parecen haber olvidado que unas islas son en efecto islas, de ahí que sea un sinsentido para UPyD que, mientras anuncian hasta mil de millones para ampliar el puerto de Palma, sean incapaces de dotar al puerto de infraestructuras básicas como grúas, una zona de vigilancia aduanera, un punto de inspección fronteriza, zonas frigoríficas, zona de mercancías peligrosas que, de existir, a buen seguro atraerían a las navieras que operan con buques portacontenedores, redundando en una mayor competividad y el consiguiente abaratamiento de precios. Resulta sospechoso que las ya escasas y en muchos casos obsoletas infraestructuras portuarias para la manipulación de contenedores que en su día existieron en el puerto de Palma hayan sido desmanteladas por la Autoridad Portuaria al mismo tiempo que Acciona y Balearia adoptaban el modelo RO-PAX que las hace superfluas para ellos pero no para otras navieras que podrían entrar en el mercado de transporte.

jueves, 6 de mayo de 2010

UPyD considera que el PSOE no invierte en infraestructuras estratégicas como el puerto de Palma y en cambio sí en otras superfluas como el tren a Artà


Zapatero y el Pacte gastan mucho en lo que no deben y poco en lo que deben · Así no se cambia el modelo productivo · El resultado a la larga: el pleno paro

Palma, 6 de mayo de 2010
Sin entrar en el fondo de la cuestión, a UPyD le han llamado la atención las recientes declaraciones de Francesc Triay, presidente de la Autoridad Portuaria, afirmando que "no hay financiación para ampliar el puerto de Palma", una ampliación que se considera estratégica para el turismo náutico y de cruceros y que va a posponerse diez años más. Y llama la atención porque mientras el Gobierno de Zapatero y el Pacte se endeudan hasta las cejas para obtener financiación con el fin de poner en marcha planes E, el tranvía de Palma o el tren hasta Artà, que en poco afectarán en el incremento de nuestra competitividad como destino turístico y en el fomento de la economía productiva de estas islas, no tienen dinero para aquellas infraestructuras básicas que sí son decisivas a largo plazo para el futuro económico de las islas, como el puerto de Palma.

No tiene sentido que se deje de la mano de Dios la regeneración de la playa de Cala Agulla en Capdepera, como informa un rotativo local, poniendo en peligro cientos de puestos de trabajo que viven del turismo de sol y playa, mientras el Pacte gasta dinero a espuertas en estudios, en cursos de formación para sindicatos y en consultorías carísimas para demostrar los fallos estructurales del metro, se dilapidan millones de euros en normalización lingüística, se siguen construyendo teatros públicos o se dedican cientos de millones a etéreas tecnologías TIC para el turismo, por poner sólo algunos ejemplos.

Dos ejemplos paradigmáticos, la ampliación del puerto de Palma y la regeneración de Cala Agulla, que para UPyD demuestran que el PSOE sigue más preocupado por mimar sus nichos electorales cara a 2011 que por el interés general que nos compete a todos: activar la economía productiva de las islas y salir del pozo en el que nos encontramos.

UPyD reclama a la Consejería de Educación que libere los datos de la Evaluación de Diagnóstico para poderlos someter a estudios independientes


Ni la Consejería ni el Instituto de Evaluación permiten que ninguna asociación educativa, sindicato o partido político puedan tener acceso a los datos obtenidos por las pruebas de Evaluación de Diagnóstico · La OCDE y el informe PISA sí liberan los datos no individuales obtenidos por sus estudios, para que puedan ser interpretados y contrastados por otras entidades.

Palma, 6 de mayo de 2010
Durante la presente semana todos los alumnos de 2º de ESO de Baleares han realizado las distintas pruebas de evaluación de diagnóstico que darán la medida del dominio de ciertas competencias básicas. Las competencias objeto de evaluación (lingüística –castellano, catalán, inglés-, matemáticas e interacción con el mundo físico), así como las pruebas elaboradas por la Consejería de Educación, son diferentes a las de otras comunidades autónomas.

Una vez realizadas estas pruebas, los profesores introducirán las respuestas en un programa informático y un equipo de evaluación de la Consejería estudiará los datos obtenidos, los interpretará y publicará finalmente el grado de asimilación de las distintas competencias, sin publicar grado de asimilación de los mismos por cada alumno o por cada centro.

UPyD quiere denunciar que la Consejería no permite que ningún investigador independiente, ninguna asociación educativa ni ningún partido político tenga acceso a los datos arrojados por estas pruebas, para poder así contrastar los resultados e interpretaciones que ofrezca la Consejería con las interpretaciones de entidades independientes. "Precisamente lo contrario de lo que hacen los estudios serios, como los de la OCDE y los del informe PISA, que no publican datos individuales pero liberan aquéllos que sirven a los investigadores para hacer sus estudios y aportaciones", afirma Julián Ruiz-Bravo, miembro del Grupo de Educación de UPyD.

Esta misma situación de oscurantismo se repite nacionalmente a propósito de las evaluaciones de diagnóstico estatales, realizadas por una muestra de alumnos de toda España, que elabora y lleva a cabo el Instituto de Evaluación, dependiente del Ministerio y cuyo consejo rector lo forman representantes de cada Comunidad Autónoma. Ésta fue la respuesta del Instituto de Evaluación a la petición de liberación de datos de las pruebas de evaluación que hizo la portavoz de UPyD, Rosa Díez el año pasado: "... un buen número de datos son utilizados en estudios sucesivos con el fin de ver la evolución de aquello que queramos analizar en cada momento, y ésos no se entregan nunca, al menos, hasta que se decida su "liberación". Me estoy refiriendo a datos -no gráficas o cuadros- , porque lo que podíamos ofrecerle en EXCEL son las bases de datos iniciales con las que hacemos nuestros análisis. Todo el trabajo intermedio desaparece, una vez que los informes han sido publicados".

A juicio de UPyD, no merece la pena sostener con fondos públicos organismos que sólo facilitan estudios o aportan datos a los funcionarios de dichos organismos o a los políticos del gobierno, impidiendo sospechosamente el acceso de la sociedad civil a los datos y su participación en la interpretación de los mismos.

miércoles, 5 de mayo de 2010

UPyD solicita que la fiscalía investigue el aparcamiento ilegal de Isabel Alemany


El juez confirma irregularidades · Según un informe de Interior, Alemany pone en riesgo "vidas y bienes de terceros"

Palma, 5 de mayo de 2010
Después de la sentencia en que el juez absuelve a los periodistas que en su día denunciaron las irregularidades del aparcamiento de Sant Elm propiedad de la dirigente de Unió Mallorquina Isabel Alemany, Unión Progreso y Democracia (UPyD) solicita que la fiscalía inicie una investigación en torno a las circunstancias en que el Ayuntamiento de Andratx resolvió el expediente referido a la citada explotación.

Para UPyD, no resulta democráticamente aceptable que hoy sea alcaldesa de Andratx y vicepresidenta del Parlament una persona que, según ya dos sentencias (del TSJB y del juez de lo penal), ha infringido normativas, desacatando la primera de esas sentencias y beneficiándose presuntamente de su posición política en el Ayuntamiento de Andratx para la rápida obtención de autorizaciones que en otras ocasiones se demoran y que, en todo caso, deben ajustarse a la correspondiente regulación. Una persona que, además, al parecer ha hecho caso omiso de un informe de la Consejería de Interior que habla de "riesgo medio de inundaciones para la vida y los bienes de terceros". La responsabilidad política alcanza a todos los partidos que han tolerado esta situación.

Para UPyD, la reiterada manifestación de "extrañeza" en la sentencia del magistrado, referida a las actuaciones del Ayuntamiento de Andratx "favorables a los intereses" de la familia de la señora Alemany en un momento en que ésta era teniente de alcalde de esa localidad, justifica sobradamente que la fiscalía tome cartas en el asunto por si se hubiese dado un caso de prevaricación en el seno del anterior equipo municipal.

Por último, UPyD quiere hacer una reflexión sobre el grado de descomposición democrática que supone el hecho de que dirigentes políticos de moralidad muy cuestionable se dediquen a arremeter contra los periodistas que denuncian sus presuntas irregularidades: es un síntoma más de que la regeneración de nuestro sistema político resulta cada día más urgente.

martes, 4 de mayo de 2010

UPyD celebra la dimisión de Cerdó

Ahora reclama la de Martorell en IB3


Palma, 3 de mayo de 2010

Unión Progreso y Democracia (UPyD) celebra la dimisión de Cristina Cerdó como regidora del Ayuntamiento de Palma y presidenta de EMAYA, uno de los últimos centros de poder que le quedaban a Unió Mallorquina. UPyD había venido reclamando que UM saliera de todos los puestos ejecutivos de los que había disfrutado en virtud de un pacto parlamentario hoy roto.

En estos momentos, por tanto, debemos insistir en que Antoni Martorell siga los pasos de su excompañera de partido y dimita de la dirección de IB3. Tanto EMAYA como IB3 están sometidos al juicio negativo de la ciudadanía por su pésima gestión e, incluso, a serias sospechas de corrupción que deberían ser esclarecidas partiendo de nuevos equipos directivos.

lunes, 3 de mayo de 2010

UPyD critica que la Obra Cultural Balear tenga asegurados ya más de 800.000 euros públicos para 2010


A esta cantidad ascienden las subvenciones directas presupuestadas por el Consell de Mallorca, Cort y la Generalitat de Cataluña · Todavía falta saber qué le dará el Govern en 2010

Palma, 3 de mayo de 2010
A falta de conocer la suma exacta que le concederá el Govern, cuyos presupuestos de Política Lingüística no se desglosan en detalle, la organización nacionalista Obra Cultural Balear y sus filiales (Paraula y Joves per la Llengua) tienen asegurados de momento, según los cálculos de Unión Progreso y Democracia (UPyD), 820.762 € en los presupuestos de 2010. Se trata de la suma de las subvenciones directas que recibirá de acuerdo con los presupuestos del Consell de Mallorca, Ayuntamiento de Palma y la Generalitat de Cataluña, ésta última en virtud de un convenio de colaboración con el Departamento de Vicepresidencia de 1,15 millones en cuatro años (2007-2010). Tampoco se han cuantificado las ayudas obtenidas del resto de ayuntamientos de la isla.

La OCB tiene asegurados, de momento, 743.762 €; la asociación Paraula, el centro de servicios lingüísticos de la OCB radicada en el mismo domicilio, otros 37.000 € provenientes del Departamento de Cultura del Consell. Por su parte, Joves per la Llengua, otros 40.000 € del Consell también, a lo que habrá que añadir la parte alícuota correspondiente del Plan D o Servicio de Dinamización Lingüística de Palma que suele repartirse con la misma OCB. Nanda Ramon ha aumentado este año la partida del Plan D, pasando de los 120.000 € del 2009 a los 207.762 €. Estas cantidades a buen seguro aumentarán después de que el Govern haga efectivas sus ayudas para 2010.
Más de 1.250.000 euros recibidos en 2009
Como UPyD ha denunciado en otras ocasiones, en 2009 la OCB y sus filiales recibieron 1.273.889€. La OCB recibió un total de 949.190 €. Paraula recibió otros 212.292 €. Finalmente, Joves per la Llengua, la organización juvenil de la OCB sita en el mismo domicilio y dedicada a labores de "voluntariado lingüístico" generosamente remunerado, recibió otros 112.407 €. Prácticamente toda su totalidad fueron subvenciones directas, a dedo. Hay que destacar que la asociación Paraula cobra además por los servicios que ofrece, como la traducción y corrección de textos.
Estos datos confirman, tal como ha venido denunciando UPyD, que la llamada normalización lingüística se ha convertido en un sabroso negocio para entidades como la OCB que han pasado de financiar sus actividades con las afiliaciones de sus socios a financiarse con dinero público a mansalva, un factor a tener en cuenta a la hora de cerrar filas con el llamado Pacte de Progrés. Parece que algunos sortean la crisis gracias al dinero del contribuyente, con el pretexto de salvar una lengua y una patria catalanas que nadie en Baleares les ha pedido que salven.
La OCB está manejando tanto dinero público como alguno de nuestros ayuntamientos más pequeños y, aun cuando es verdad de que se trata de una entidad privada no sometida a la ley de contratos, UPyD entiende que sus dirigentes tendrían que hacer un mayor ejercicio de transparencia del que han venido haciendo y dar explicaciones sobre cómo se está gastando todo este dinero público. Cabe recordar que, tal como ha aparecido en algún medio de comunicación, no siempre ha quedado claro el destino de estos dineros. En 2007 la concejal de Cultura de Cort, Nanda Ramón, concedió 6.400 € a la OCB para la realización y montaje de un vídeo "sobre la persecución de la lengua catalana en Mallorca" del que nunca más se supo.

domingo, 2 de mayo de 2010

UPyD defiende pruebas de evaluación externa comunes en toda España y con calificación


Las pruebas de evaluación de diagnóstico, que se celebran del 3 al 7 de mayo con el fin de conocer el grado de asimilación de competencias básicas de los alumnos de segundo de ESO de Baleares, están lastradas por una serie de limitaciones que les impiden ser un instrumento adecuado para medir el nivel educativo de la comunidad, de sus centros y de sus alumnos y para planificar medidas correctoras

Palma, 1 de mayo de 2010
Para Arturo Muñoz, coordinador de Educación de UPyD en Baleares y coportavoz del partido, "el primer gran defecto de las pruebas de evaluación de diagnóstico que se celebran en toda España es su disgregación y dispersión. Se vuelve a repetir una vez más el endémico "batiburrillo" español de dispersión legislativa, donde lo importante es diferenciarse. Unas evalúan dos competencias, de las ocho que recoge la LOE, otras tres, otras cuatro; unas declaran exentos de las pruebas a unos alumnos, otras a otros; los ejercicios de matemáticas, lengua e inglés se configuran de distinta manera."

La segunda limitación es la imposibilidad de establecer estudios comparativos entre las distintas comunidades autónomas. "Es imposible establecer las causas por las cuales se produce un mayor éxito o fracaso en unos lugares que en otros, por el hecho de no ser iguales las pruebas ni los criterios utilizados."

La tercera limitación es el secretismo, denunciado repetidamente por UPyD. Tanto la Consejería de Educación como el Instituto de Evaluación, cuyo consejo rector lo componen los consejeros de las comunidades autónomas, impiden a investigadores, asociaciones independientes, sindicatos y partidos políticos conocer los datos en los que descansan los informes y resultados oficiales, así como el trabajo intermedio de interpretación, extremo éste reconocido por el propio Instituto de Evaluación. "Todo lo contrario de lo que hacen los informes educativos serios como el informe PISA o el de la OCDE, que liberan los datos no individuales para que puedan ser contrastados y analizados por equipos ajenos a las consejerías autonómicas y al ministerio", dice Julián Ruiz-Bravo, miembro también del grupo de Educación de UPyD en Baleares.

La cuarta limitación proviene de la anterior: "el oscurantismo informativo impide la verificación independiente de las conclusiones ofrecidas por las administraciones educativas y de las variables estadísticas utilizadas".

La quinta limitación "es pedagógica y consiste en la ausencia de contenidos mínimos previamente fijados y en el desprecio por evaluar resultados, en favor de las difusas competencias. Para que una evaluación sea eficaz, no ha de centrarse en los procesos de aprendizaje sino en los resultados, en los contenidos y destrezas aprendidas. Para ello hay que fijar de forma clara y precisa, tanto para los profesores como para los alumnos y los padres, los contenidos a evaluar."
La última limitación es quizá la más determinante de todas. "La ausencia de reconocimiento académico de las pruebas, en forma de calificación. Lo que impide que se manifieste en los alumnos algo tan natural como el deseo de reconocimiento y superación; se enfrentan a las pruebas con el mayor desinterés".