UPyD Baleares sostiene que la ley de Asuntos Sociales, aprobada recientemente por el Parlament Balear, es ley improvisada, propagandística y que puede tener unos costes económicos altísimos, que generará un déficit insoportable en los actuales tiempos de crisis y de descenso de recaudación de impuestos.
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La ley de Servicios Sociales, aprobada por el Parlament Balear, a iniciativa de la consellera de Asuntos Sociales (IU) Fina Santiago, es un ejemplo de irresponsabilidad política cometida en nombre de las buenas intenciones, irresponsabilidad de la que son cómplices todos los partidos políticos representados en el Parlament, incluido el partido de la oposición, el PP, todos ellos ansiosos por ser calificados como solidarios y humanitarios, sin tener en cuenta las consecuencias nefastas de una mala ley de buenas intenciones. UPyD Baleares considera esta ley una “chapuza” por lo siguientes motivos:
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-Efecto “llamada” de los artículos 5 y 25 de la ley, que hace caso omiso a la necesaria colaboración legislativa entre el Estado español, Estados miembros de Europa Comunidades autónomas. Todos lo nacionales, todos los extranjeros de países comunitarios, todos los extranjeros no comunitarios no residentes, todos los extranjeros acogidos a asilo tienen derecho a las siguientes prestaciones básicas, “alojamiento, alimentación y vestido”, si cumplen ciertas condiciones, condiciones no especificadas en la ley. Si uno de los requisitos que los decretos de desarrollo de la ley establezcan en el futuro es estar empadronado en Baleares, ¿cómo aplicar este requisito precisamente a los que tienen necesidad de vivienda porque no la tienen y por lo tanto no pueden estar empadronados? ¿Cómo evitar que todos los indigentes de Europa, por lo menos, recalen en Baleares en demanda de alojamiento?
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-Ausencia de memoria económica que acompañe a la ley, lo que la convierte en un texto voluntarista sin ningún cálculo de posibles beneficiarios, que pueden ser mil o más de millón, a tenor del artículo 25. La misma Fina Santiago indica que harán falta cinco años para poder aplicarla.
-Ausencia de memoria económica que acompañe a la ley, lo que la convierte en un texto voluntarista sin ningún cálculo de posibles beneficiarios, que pueden ser mil o más de millón, a tenor del artículo 25. La misma Fina Santiago indica que harán falta cinco años para poder aplicarla.
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-Previsible aumento del déficit público, rechazable en tiempos de crisis, ya que el coste final puede dispararse hasta alcanzar cantidades imposibles para las arcas autonómicas, en tiempo de descenso brusco de recaudación impositiva, pues, como se ha dicho anteriormente, los beneficiarios pueden ser mil o un millón.
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-Previsible aumento del déficit público, rechazable en tiempos de crisis, ya que el coste final puede dispararse hasta alcanzar cantidades imposibles para las arcas autonómicas, en tiempo de descenso brusco de recaudación impositiva, pues, como se ha dicho anteriormente, los beneficiarios pueden ser mil o un millón.
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-Intromisión en la autonomía de los ayuntamientos y coerción económica a los mismos, al obligarlos a prever un específico presupuesto, en unos tiempos en que los ayuntamientos han visto frenados bruscamente sus ingresos.
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-Intervencionismo al prever constantemente que los profesionales de los servicios sociales pueden “intervenir” en unidades familiares o de convivencia en situación de necesidad social, sin prever ningún tipo de límite.
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-Imprecisión al no especificar los servicios sociales (excepto los de vivienda, alimento y vestido), que contrasta con la excesiva precisión a la hora de detallar comisiones, consejos, carteras y personal profesional.
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-Intervencionismo político nacionalista al fijar como uno de los objetivos la integración en la cultura y lengua propia de las Baleares, objetivo totalmente espúreo y extravagante para la finalidad de los servicios sociales, que en muchas ocasiones, para ser eficaces, comprensibles y atractivos, deben ser ofrecidos, en lo posible, en la lengua materna de los beneficiarios.
