UPyD Baleares exige a Estarás (PP), a Antich (PSOE) y a Armengol (PSOE) que no amparen a imputados por corrupción y que cesen de inmediato, entre otros, a Rafael Durán (PP), Miquel Nadal (UM), Xisco Tarrés (PSOE) y Antoni Pascual (UM), y los despojen de inmediato de sus funciones.
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Baleares es, sin duda, la comunidad autónoma española con mayor número de casos de corrupción en los juzgados, que afectan tanto a los partidos políticos que actualmente gobiernan nuestras instituciones como a la oposición. Si, como la experiencia indica, los casos que llegan a los juzgados son una mínima parte de los casos reales, se puede afirmar sin miedo a errar que Baleares es una comunidad autónoma totalmente atravesada por la corrupción y que la corrupción se ha convertido en un modus operandi de buena parte de nuestros políticos. Sólo nos salva del bochorno nacional que los medios de comunicación españoles tiendan a dar sólo cobertura relevante a otros casos de corrupción ocurridos en otras comunidades autónomas, casi siempre menos graves y menos gravosos para las arcas públicas que los ocurridos en las islas.
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UPyD Baleares muestra su indignación ante esta situación y denuncia públicamente la hipocresía de todos los partidos políticos representados actualmente en el Parlament, Consell y Ayuntamiento de Palma, que piden responsabilidades políticas a los demás y declinan ejercer las suyas propias. Para cortar con los políticos corruptos o imputados por corrupción como quien corta un brazo gangrenado es necesario aplicar dos tipos de medidas políticas ejemplares (aparte de las judiciales). La primera de ellas consiste en apartar total o parcialmente del partido al político corrupto o imputado por corrupción. Es por eso que, por citar algunos ejemplos, Rafael Durán (PP-imputado por el caso Palma Arena; Ordinas (PP-Caso ColaCao); Miguel Nadal (UM-Caso Can Domenge); Antoni Pascual, Gabriel Aguiar (UM-Caso Carretera de Manacor); Xisco Tarrés (PSOE-Caso Ibiza), deberían seguir el camino del alumno más aventajado, huérfano de partido: Tomeu Vicens (UM-caso Son Oms, Caso Can Domenge).
UPyD Baleares muestra su indignación ante esta situación y denuncia públicamente la hipocresía de todos los partidos políticos representados actualmente en el Parlament, Consell y Ayuntamiento de Palma, que piden responsabilidades políticas a los demás y declinan ejercer las suyas propias. Para cortar con los políticos corruptos o imputados por corrupción como quien corta un brazo gangrenado es necesario aplicar dos tipos de medidas políticas ejemplares (aparte de las judiciales). La primera de ellas consiste en apartar total o parcialmente del partido al político corrupto o imputado por corrupción. Es por eso que, por citar algunos ejemplos, Rafael Durán (PP-imputado por el caso Palma Arena; Ordinas (PP-Caso ColaCao); Miguel Nadal (UM-Caso Can Domenge); Antoni Pascual, Gabriel Aguiar (UM-Caso Carretera de Manacor); Xisco Tarrés (PSOE-Caso Ibiza), deberían seguir el camino del alumno más aventajado, huérfano de partido: Tomeu Vicens (UM-caso Son Oms, Caso Can Domenge).
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Pero lo anterior por sí mismo es poco, es mucho más importante y ejemplar la medida que se debe tomar con aquellos políticos corruptos o imputados por corrupción que ejercen en el momento de los hechos el poder ejecutivo (es decir, consellers, directores generales, secretarios, etc): el cese fulminante. Debe ser el responsable del gobierno al que pertenece el corrupto (Govern Balear, Consell, Ajuntament), el que le cese de inmediato, sin esperar a que el partido político le aplique las debidas sanciones, y ello porque la corrupción surge principalmente en el ejercicio del poder ejecutivo y porque, de lo contrario, el responsable del gobierno se convierte en amparador de corrupción. Es por eso que, contradiciendo a la Alcaldesa de Palma (defensora de que sea el partido el que tome la iniciativa), por higiene democrática y para no amparar la corrupción, Antich, del PSOE, debe prescindir ya del conseller Nadal (UM), imputado en el caso CAN DOMENGE; Armengol (PSOE) debe prescindir ya del conseller Antoni Pascual y del director general Gonzalo Aguiar y Francisco Orejudo (UM), imputados en el caso CARRETERA DE MANACOR; Aina Calvo (PSOE) y Grosske (EU/EV) deben prescindir ya del apoyo del concejal Miquel Nadal para sostenerse en el poder; Xisco Tarrés, (PSOE), imputado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, debe ya dimitir.