Los políticos de Baleares, incluso en tiempos de crisis económica, desatienden sus obligaciones de prestar servicios públicos a costes razonables.
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A la luz de los datos del presupuesto de IB3 (TV y Radio) para 2009, que figuran en la web del Govern Balear, la agrupación de UPyD de Baleares, por medio de su grupo de trabajo IB3-EMPRESAS PÚBLICAS, denuncia la falta de voluntad política en poner orden en una empresa pública escandalosamente deficitaria, que cuesta al contribuyente al menos 80 millones de euros anuales, descontados los ingresos (algunas voces elevan esa cifra hasta 110 millones). Esto sin contar que de los 3.800.000 euros previstos como ingresos, una porción significativa proviene de publicidad institucional, es decir, de los mismos ciudadanos contribuyentes.
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Para darse cuenta del enorme volumen económico estos 80 millones de euros, sólo hace falta decir que corresponden nada menos que al 16% de los 500 millones de euros que la Comunidad Autónoma de Baleares va a recibir como aportación adicional de recursos hasta 2012, según el recientemente aprobado modelo de financiación autonómica. Esta proporción aumenta significativamente si sumamos los costes necesarios para mantener a la otra televisión pública, TV Mallorca, dependiente del Consell Insular.
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Frente a afirmaciones de los políticos de que IB3 genera beneficios sociales de imposible cuantificación que compensan los costes, el grupo de trabajo IB3-EMPRESAS PUBLICAS de UPyD Baleares afirma que IB3 difícilmente puede prestar un servicio público cuando apenas tiene un 5% de share de pantalla; cuando, por ejemplo, ha pagado 12 millones de euros por los derechos televisivos de la Fórmula 1 (acontecimiento de nulo interés público), para lograr un 12% de cuota de pantalla frente al share del 56% en Baleares obtenido por La Sexta con la misma retransmisión de Fórmula 1; cuando buena parte de su programación no cumple parámetros de calidad y de voluntad de servicio público; cuando los servicios informativos son descaradamente favorables a los intereses políticos de los gobernantes de turno; cuando la pregonada labor de normalización lingüística sólo alcanza al 5% de la población y la cubre sobradamente TV3 (otra televisión escandalosamente deficitaria).
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¿A dónde van a parar esos 80 millones de euros? Llaman poderosamente la atención algunos de los siguientes destinos: el 10% (7,8 millones de euros) para pagar intereses; 2 millones para pagar su propia publicidad, necesaria para vender sus espacios publicitarios (más de la mitad de lo que ingresa por publicidad); el 13% (10 millones) para pagar a empresas externas; el 13% (10 millones) para pagar producción propia.
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¿Cuáles son los criterios de adjudicación de empresas que prestan servicios a TV3? Totalmente discrecionales, ya que las contrataciones, por los entes públicos de radio y televisión, de contenidos susceptibles de ser catalogados como artísticos, no están sujetas a las garantías de la ley de contratación pública, y totalmente inflacionarias, ya que, al no estar sujetos los costes a la audiencia, los precios de contratación tienden inevitablemente al alza.UPyD Baleares reclama en estos momentos de crisis responsabilidad a los políticos y honradez respecto a los ciudadanos para que reconduzcan una radio-televisión, que por ahora no tiene interés público ni audiencia pública, hasta conseguir que tenga interés público, una audiencia significativa y un superávit en las cuentas o, en su defecto, un déficit que no suponga una escandalosa "tomadura de pelo" de los ciudadanos, que, no lo olvidemos nunca, son los que pagan todo. En caso contrario, habría que pensar seriamente en su desaparición o privatización.
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UPyD Baleares sostiene además que esta irresponsabilidad política no se circunscribe a IB3 sino que se extiende a la mayor parte de las empresas, consorcios y fundaciones públicas en las que intervienen la administración autonómica, insular o municipal, desde la época de Matas-Munar hasta los actuales gobernantes.. Finalmente UPyD Baleares reclama un debate público para redefinir el concepto de corrupción, ya que el mantenimiento a toda costa de estos servicios no públicos y deficitarios se pueden considerar llanamente como un saqueo "legal" del erario público.
