El conseller de obras públicas del Consell Insular, Antoni Pascual, el director de carreteras, Gonzalo Aguiar, y el director de la carretera de Manacor, Orejudo, todos ellos de UM, además de estar imputados por un juez por desviar dinero público para obras privadas, modificaron ilegalmente las obras y aumentaron ilegalmente el presupuesto de la CARRETERA DE MANACOR en 23 millones de euros.
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UPyD Baleares no quiere permitir que la acertada labor judicial y fiscal desarrollada en torno a la operación ESPADA (PALMA-ARENA), al margen del lamentable espectáculo de las detenciones, que afecta a miembros del Partido Popular, principalmente a Rafael Durán, ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, oculte y haga olvidar a la opinión pública otros sonados casos de corrupción en Baleares que actualmente se encuentran en vía judicial.
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UPyD Baleares no quiere permitir que la acertada labor judicial y fiscal desarrollada en torno a la operación ESPADA (PALMA-ARENA), al margen del lamentable espectáculo de las detenciones, que afecta a miembros del Partido Popular, principalmente a Rafael Durán, ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, oculte y haga olvidar a la opinión pública otros sonados casos de corrupción en Baleares que actualmente se encuentran en vía judicial.
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A pesar de los serios indicios de corrupción, y de que la fiscalía anticorrupción y el juez los mantienen imputados, Pascual, Aguiar y Orejudo gozan de la protección de la presidentadel Consell Insular de Mallorca, Armengol.
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UPyD Baleares quiere resaltar que, aparte de desviar presuntamente dinero de la obra pública a actividades particulares, fueron los responsables de un alza de 23 millones de euros del presupuesto de la carretera de Manacor, al aprobar ilegalmente por su cuenta, sin tener competencia para ello, nuevas obras no contempladas en el proyecto de la carretera (sin concurrir los requisitos preceptivos, marcados por la ley de contratos del estado, de interés público y de circunstancia imprevista), saltándose todos los trámites y sin existencia de crédito. Esta ilegal modificación de presupuesto y obra se hizo pocos días antes de las últimas elecciones autonómicas, cuando UM gobernaba en coalición con el PP. Después de las elecciones, formado nuevo gobierno de UM-PSOE-BLOC. tres informes técnicos y jurídicos indicaron al Consell de Mallorca que el aumento del presupuesto en 23 millones de euros era ilegal y nulo de pleno derecho.
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A pesar de los demoledores informes, pedidos por el Consell Insular, Armengol volvió a nombrar a Pascual Conseller de Obras Públicas y mantuvo a Aguiar y a Orejudo en sus puestos, y propuso al pleno, y el pleno lo aprobó, pagar esos 23 millones de euros con el argumento de que eran hechos consumados y se había producido un enriquecimiento injusto del Consell.
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UPyD Baleares exige a la presidenta del Consell Insular de Mallorca que dé explicaciones de por qué mantiene en funciones ejecutivas a los responsables de numerosas irregularidades y actos ilegales, Pascual, Aguiar y Orejudo. Los tres informes que dictaminaron la ilegalidad del alza de 23 millones de euros son: el de la Secretaría Técnica de Obras Públicas, en fecha de 21 de febrero de 2008; el del Consell Consultiu, el 23 de mayo de 2008; el informe de fiscalización de la Unidad de Submnistrament y Conctratació de la Secretaría Técnica de Obras Públicas, el 19 de junio de 2008. Los tres informes jurídicos coinciden en la valoración: se produce modificación ilegal de obra y de presupuesto, por la no concurrencia de competencia, interés público y circunstancias imprevistas; que las modificaciones son nulas de pleno derecho; que no siguen los trámites preceptivos; que no disponen de crédito.
UPyD Baleares exige a la presidenta del Consell Insular de Mallorca que dé explicaciones de por qué mantiene en funciones ejecutivas a los responsables de numerosas irregularidades y actos ilegales, Pascual, Aguiar y Orejudo. Los tres informes que dictaminaron la ilegalidad del alza de 23 millones de euros son: el de la Secretaría Técnica de Obras Públicas, en fecha de 21 de febrero de 2008; el del Consell Consultiu, el 23 de mayo de 2008; el informe de fiscalización de la Unidad de Submnistrament y Conctratació de la Secretaría Técnica de Obras Públicas, el 19 de junio de 2008. Los tres informes jurídicos coinciden en la valoración: se produce modificación ilegal de obra y de presupuesto, por la no concurrencia de competencia, interés público y circunstancias imprevistas; que las modificaciones son nulas de pleno derecho; que no siguen los trámites preceptivos; que no disponen de crédito.
