UPyD exige una auditoría inmediata en IB3

Denuncia falta de profesionalidad en la dirección, monopolio encubierto, financiación deficiente e indicios de presunta corrupción

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Palma, 27 de febrero de 2010
Francisco Alegret Crespí, coportavoz de UPyD Baleares y responsable de su grupo de análisis de medios audiovisuales, ha señalado ayer varias de las circunstancias que hacen urgente una auditoría del ente público IB3. Para Alegret, "las revelaciones de los últimos días en torno al presunto papel de Vídeo-U como oficina de colocación y fuente de financiación ilegal de Unió Mallorquina justifican la exigencia de una auditoría rigurosa de IB3, que el presidente Antich debería ser el más interesado en impulsar. UPyD propone reconsiderar el modelo de televisión pública y, en todo caso, la racionalización de su financiación, de sus procedimientos de contratación y de sus contenidos, a la vista de los motivos que hacen de él una empresa dañina para el sector audiovisual de las Islas Baleares, ruinosa para el contribuyente y superflua desde el punto de vista de sus resultados."

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Falta de profesionalidad de la dirección de IB3
Según Alegret, "otras televisiones autonómicas optaron por contratar a profesionales del medio televisivo que, retirados de TVE, encuentran en las televisiones autonómicas un medio muy digno de acabar su carrera profesional. Por el contrario, en Baleares se optó por el cargo político: Antoni Martorell, una persona notoriamente carente de cualificación para el cargo pero cuya carrera política estaba directamente vinculada con Maria Antònia Munar."

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Monopolio encubierto de dos grandes grupos audiovisuales.
UPyD critica también que "IB3 está en manos de los dos grandes grupos de comunicación de las islas, a saber, los de Sinto Farrús (con SBT a la cabeza) y Pedro Serra. Estos grupos audiovisuales eligen los programas que la cadena va a realizar, el precio que desean por ellos y hasta la forma de cobro. Entre ellos se reparten el pastel y dejan las migajas para el resto de productoras de las islas, de las cuales algunas llevan mas de ocho meses sin cobrar. Ésta sin duda no es manera de generar tejido audiovisual en las islas."
Alegret continúa: "La concesión de contratos de programas a realizar se realiza a puerta cerrada, entre los dos grandes de siempre, sin dar opción al resto de productoras. La aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas exige que se respeten unos principios básicos de publicidad, concurrencia, etc. que podrían dificultar la obtención de las concesiones de programas a estos dos grandes grupos. La ley no se aplica argumentando que la inspiración, el arte y el talento no se pueden medir. De ello deberíamos deducir que los programas de IB3 encierran un talento y una inspiración que sólo pueden aportar estos dos grupos audiovisuales, pero ello se contradice con los pobres resultados en audiencia. Ni hay competencia ni hay resultados."

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Más que dudosa y poco operativa financiación del grupo.
"Los presupuestos de IB3", sigue Francisco Alegret, "nunca han sido reales y tradicionalmente se han debido incrementar, anualmente y a finales de ejercicio, casi coincidiendo con las navidades, en 25 millones de euros. Además, parte del dinero de los presupuestos oficiales se le entrega a la cadena en préstamo a largo plazo: pan para hoy y hambre para mañana. Por ello no es de extrañar que dicha cadena arrastre una deuda que (sólo la bancaria) ya ronda los 200 millones de euros, una deuda que pagan con sus impuestos unos ciudadanos que francamente dan la espalda a la programación de la cadena." Alegret, que es miembro del Consejo Territorial de UPyD en Baleares y de su Consejo Político Nacional, asegura que "es necesario tomarse en serio la financiación de la cadena con el objetivo de aportar seguridad a la misma en sus gastos operativos."

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La conexión UM-IB3
Días atrás, UPyD ya destacó la "fabulosa telaraña tejida por UM en las empresas públicas audiovisuales". Francisco Alegret hablaba entonces de "colonización" de los medios públicos de radiotelevisión. Según Alegret, "el relato de esta colonización tiene todos los mimbres de una trama organizada. Primero, una empresa sin experiencia audiovisual ligada al imputado Bartomeu Vicens (Studio Media Comunicació), dirigida por su presunto testaferro y también imputado Alfredo Conde, recibe millonarias subvenciones para montar Radio Mallorca, concedidas directamente por la igualmente imputada Maria Antònia Munar, entonces presidenta del Consell. A la vez, empresas ligadas a otro imputado, Miquel Nadal (Vídeo U y Bahía Difusión), cuyo presunto testaferro e idénticamente imputado, Miquel Sard, es primo de la mujer de Nadal, reciben millonarias subvenciones de Munar para montar TV Mallorca. Luego se coloca como presidente de IB3 a Antoni Martorell, forzando a todo un Parlament a votar a un candidato de cualificación muy dudosa como moneda de cambio en las negociaciones del Pacte. Más tarde se contrata como director de Producción Ajena al mismo Alfredo Conde. Y para redondear el círculo, se contrata como directora del equipo jurídico de IB3 a Magdalena Pascual Sancho, socia del despacho de abogados de Nadal e hija de Antonio Pascual, conseller insular de Obras Públicas hasta la reciente ruptura del Pacte y enésimo imputado en este relato." La conclusión, para UPyD, es clara. "Es necesario abrir las ventanas y ventilar: IB3 debe soportar una auditoría con carácter inmediato."

UPyD reitera la necesidad de elecciones anticipadas tras la dimisión de Munar

Palma, 26 de febrero de 2010
El portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Baleares, Juan Luis Calbarro, ha declarado hoy su "satisfacción" tras la noticia de la dimisión de Maria Antònia Munar como diputada y presidente del Parlamento de las Islas Baleares. "Pese a que no nos ha regalado nada que no hubiera hecho hace ya mucho tiempo cualquier responsable político en un país democráticamente maduro, es de agradecer que aclare el panorama y facilite el trabajo de fiscales y jueces". No obstante, afirma Calbarro, "la situación política balear dista de estar resuelta. La insólita sucesión de condenas e imputaciones afecta a PP, PSOE y UM, y es especialmente sangrante el caso de este último partido, cuya acción u omisión sigue siendo necesaria como llave de las instituciones. Cualquier solución que pase por el cálculo de intereses electorales de los partidos sería un nuevo engaño a los ciudadanos de Baleares".

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El dirigente del partido de Rosa Díez en las islas continúa: "El Presidente Antich tiene la obligación de escuchar el clamor de la calle, que si no puede cuestionar la legalidad de una moción de censura, ni la legitimidad democrática de quienes fueron elegidos por la ciudadanía, sí cuestiona, y rotundamente, la credibilidad de unos políticos que en el mejor caso han convivido con la corrupción y que no pueden ya alegar su desconocimiento, porque o mienten o fueron unos verdaderos incapaces. El Govern no puede gobernar, y nadie entendería una nueva alianza PP-UM, por mucho que se disimulen los apoyos, sino como una reedición de la legislatura más corrupta de la historia de Baleares. La dimisión de Munar, en realidad, es un signo clarísimo de que hasta aquí hemos llegado. Los ciudadanos deben ser llamados a escoger el mejor camino para salir de este caos político, que avergüenza a todos dentro y fuera de la comunidad autónoma. UPyD reitera, por tanto, la necesidad urgente de un anticipo electoral."

UPyD relaciona la red de empresas públicas de Baleares con la corrupción política y promete su "drástica reducción"

Las últimas investigaciones judiciales parecen desvelar que buena parte de las empresas públicas se han ido convirtiendo en los últimos años en instrumentos de colonización laboral y corrupción económica. Sin embargo, hay otro tipo de corrupción que los jueces no pueden juzgar y que afecta a todas. Los partidos políticos gobernantes conciben las empresas públicas como fortines para alcanzar el poder o para encastillarse en él.

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Palma, 24 de febrero de 2010.
“Cualquier ciudadano de Baleares dirá que una empresa pública tiene como fin prestar un servicio, por ejemplo, el suministro de agua (EMAYA), y que su presidente tendrá que ser un gestor profesional. Los políticos, en cambio, prefieren poner al frente de las empresas públicas a otros políticos, muchas veces incompetentes, que aunque las lleven a la ruina las conviertan eficazmente en medio de control o de conquista de poder”, ha declarado el portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en las islas, Juan Luis Calbarro. "Así lo demuestran las palabras de José María Rodríguez, líder del PP de Palma, que declara sin tapujos que, antes de plantear una moción de censura en Cort, el PP se hará con las empresas públicas municipales."

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"También lo demuestra especialmente la fabulosa telaraña tejida por UM en las empresas públicas audiovisuales", añade Francisco Alegret Crespí, miembro del nuevo Consejo Territorial de UPyD y responsable de su grupo de análisis de medios audiovisuales. "Lo importante parece ser, además de enriquecerse y “colocar” a los amigos, colonizar políticamente los medios públicos de radiotelevisión. El relato de esta colonización tiene todos los mimbres de una trama organizada. Primero, una empresa sin experiencia audiovisual ligada al imputado Bartomeu Vicens (Studio Media Comunicació), dirigida por su presunto testaferro y también imputado Alfredo Conde, recibe millonarias subvenciones para montar Radio Mallorca, concedidas directamente por la igualmente imputada Maria Antònia Munar, entonces presidenta del Consell. A la vez, empresas sin experiencia audiovisual ligadas a otro imputado, Miquel Nadal (Vídeo U y Bahía Difusión), regentadas por su presunto testaferro e idénticamente imputado, Miquel Sard, reciben millonarias subvenciones de Munar para montar TV Mallorca. Luego se coloca como presidente de IB3 a Antoni Martorell, cuya carrera está estrechamente vinculada con Munar, forzando a todo un Parlament a votar a un candidato de cualificación muy dudosa como moneda de cambio en las negociaciones del Pacte. Más tarde se contrata como director de Producción Ajena al mismo Alfredo Conde. Y para redondear el círculo, se contrata como directora del equipo jurídico de IB3 a Magdalena Pascual Sancho, socia de despacho de abogados de Nadal e hija de Antonio Pascual, conseller insular de Obras Públicas hasta la reciente ruptura del Pacte y enésimo imputado en este relato."

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Calbarro afirma que "desde UPyD impulsaremos una drástica reducción del número de las más de 160 empresas públicas del Govern que hoy operan en Baleares sin que en la mayor parte de los casos se obtenga de ellas ningún beneficio en la gestión del interés común. Los ciudadanos son cada vez más conscientes de que la proliferación de empresas públicas sirve más bien para permitir a los políticos gastar dinero público sin pasar por el control parlamentario, oscurecer la contabilidad, sortear los requisitos del funcionariado en el acceso al empleo público (es decir, enchufar a familiares y amigos a costa del contribuyente), otorgar contratos a empresarios amigos sin las restricciones de la Administración y, en definitiva, para crear redes clientelares y de beneficio privado con cargo al ciudadano." Para los representantes baleares del partido de Rosa Díez, "hay pocas cosas que una empresa pública pueda hacer que no se pueda hacer desde las oficinas de las distintas consejerías, que disponen de funcionarios y técnicos más que suficientes para dar servicio a la ciudadanía; y la prueba es que cuando por cualquier motivo el presidente Antich ha hecho desaparecer alguna empresa, fundación, consorcio o instituto público, en nada se ha resentido la Administración y nadie los ha echado de menos. Los políticos baleares parecen haber olvidado que el servicio público es la única razón de ser de la acción política; caer en lo contrario también es corrupción. En UPyD sostenemos que combatir la crisis económica pasa también por reducir una administración hipertrófica puesta al servicio de intereses particulares, en la que las empresas públicas cumplen un papel especialmente debilitador de la economía."

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UPyD denuncia que imputados en casos de corrupción sigan ocupando cargos públicos de relevancia y gestionando importantes cantidades de dinero público

Los organismos públicos, con el pretexto de ofrecer servicios a los ciudadanos, parecen tener una única finalidad, la de expoliar legal e impunemente el erario público. La telaraña de UM aún sigue funcionando.

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Palma, 19 de febrero de 2010.
“¿A qué espera Antonio Martorell para destituir de su cargo a Alfredo Conde, Director de Producción Ajena de IB3?”, pregunta Arturo Muñoz, portavoz de UPyD en Baleares. Alfredo Conde, imputado en el Caso Maquillaje, por controlar la productora STUDIO MEDIA COMUNICACIÓ, receptora de millonarias subvenciones, presuntamente ilegales, para montar Radio Mallorca, está en la calle bajo fianza de 200.000€ (pagados en menos 24 horas), y el día 16 de febrero el juez del caso le impuso otra nueva fianza de 800.000€. Sin embargo, no parece que a Antonio Martorell le parezca relevante la situación de su subordinado y se mantiene en silencio al respecto. ¿Tiene algún favor que pagarle?
Es incomprensible que un imputado, en libertad bajo fianza muy elevada por un caso, como el de Maquillaje, relacionado con su actividad de productor audiovisual y, por tanto, con su actual trabajo en IB3, pueda seguir gestionando varios millones de euros en fondos públicos con total impunidad.

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Los lobos no pueden cuidar de las ovejas. UPyD reclama a Antonio Martorell, que demuestre el celo por los bienes públicos que supuestamente debe tener un Director General, y cese inmediatamente de su cargo a Alfredo Conde.
UPyD recuerda a su vez al presidente Antich su compromiso de cesar a todos los cargos públicos vinculados a UM, especialmente los imputados, del que al parecer se ha olvidado. Su responsabilidad como Presidente de las Islas Baleares exige una ejemplaridad que debe iniciarse desde las mismas instituciones. No en vano la situación de la Comunidad es de crisis institucional.
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UPyD logrará detener las paranoicas leyes del catalán

Frente a las disparatadas políticas lingüísticas de los últimos gobiernos de Baleares, encabezados por el PP o por el PSOE, UPyD restaurará el sentido común y las políticas de libertad.
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Palma, 18 de febrero de 2010.
Poco importa a ciertos políticos baleares la crisis que viven las instituciones políticas de Baleares, la crisis económica, la elevada deuda de la comunidad, el escandaloso déficit presupuestario, el paro, el ínfimo nivel educativo de nuestros alumnos. Lo más importante es cerrar los ojos, evitar trabajar para sacar al país adelante y preocuparse por esos asuntos esos que nada tienen que ver con lo verdaderamente importante. “Para ellos lo único importante en época de prosperidad o en época de crisis es violentar la libertad individual y la libertad de empresa, en nombre de quiméricos derechos históricos”, dice el portavoz Arturo Muñoz.

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Como no podía ser de otra manera, dada la nula personalidad de los políticos baleares, ya ha comenzado la carrera por copiar lo peor de las políticas nacionalistas catalanas, en este caso en forma de ley del cine catalán. El Ayuntamiento de Palma, por medio del Consell Municipal de Cultura, se ha dirigido al Govern para que presente en el Parlament una ley del cine catalán. “Ni siquiera se preguntan si esta ley puede suponer un perjuicio económico para los productores, distribuidores y exhibidores de cine, ya que para ellos no tiene la más mínima importancia. Tampoco, si esta ley atenta contra la libertad individual y de empresa, porque éstas tampoco tienen para ellos la más mínima importancia” termina el portavoz Arturo Muñoz.

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UPyD denuncia que el precio de los contratos públicos está muy por encima del valor del mercado

UPyD reclama que se ahonde más en la reducción de las empresas públicas y en los departamentos. UPyD defiende priorizar la oferta económica, los criterios objetivos, la subasta sobre los concursos y prohibir aquellos estudios externos que puedan realizar los funcionarios.

Palma, 16 de febrero de 2010.
Los recortes en personal y empresas públicas que se han producido tras la expulsión de UM del Pacte obedecen sin duda a la racionalidad y al sentido común que siempre han sido santo y seña en UPyD. De ahí que celebremos los tijeretazos de Antich, Armengol y Aina Calvo como un primer paso para poner coto a la elefantiasis de nuestras administraciones públicas. Sin embargo, UPyD cree que no es suficiente y que debe profundizarse más en la racionalización de un sector público, que en el caso de la comunidad autónoma está más que sobredimensionado. UPyD llevará en su programa electoral un cúmulo de medidas eficaces y contundentes en la senda de reducir drásticamente una Administración que los ciudadanos apenas podemos mantener si no es aumentando los impuestos o endeudándonos más todavía a través de emisiones masivas de deuda pública.

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Asimismo UPyD apostará por la reducción del gasto público y la regeneración democrática con medidas muy concretas. Para dificultar el amaño de concursos, UPyD propone modificar la ley de contratos (o en su defecto, gobernar o condicionar la acción de gobierno en este sentido) para que se primen las subastas sobre los concursos, dejando a estos últimos para casos excepcionales. En el caso de los concursos, tipo de adjudicación que tendría un carácter excepcional, se limitaría la subjetividad al máximo, acotando los criterios de baremación no cuantificables de los pliegos de condiciones, primando en mayor grado la oferta económica de lo que actualmente se está haciendo. Ello no sólo coadyuvaría a minimizar la corrupción, sino que ayudaría a adjudicar a precios más competitivos y ajustados al mercado. Hay que recordar que la publicidad institucional (cuyos costes se suman a los contratos), el amaño para ofrecer contratos a unas pocas empresas, la corrupción, la falta de liquidez que propicia recurrir a financiación a largo plazo (como los peajes a la sombra de las carreteras o la financiación de Son Espases) y el mismo hecho de que la Administración pague tarde y mal (de ahí la importancia de tener unas cuentas saneadas) son las principales causas de que el precio de los contratos públicos estén muy por encima del precio de mercado.

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Otro aspecto a considerar es la afición a los estudios (externos, naturalmente) de cuyo entusiasmo participan todos los partidos tradicionales. Cualquiera diría que los estudios se han convertido en la principal industria de esta comunidad. Una paradoja teniendo en cuenta que ocupamos los últimos lugares del ránking en formación, fracaso y abandono escolar. Resulta sospechosa la proliferación de los estudios externos de contenido muy discutible en una de las administraciones públicas con un mayor número de funcionarios (y expandiéndose). ¿Acaso la Administración no tiene funcionarios aptos para elaborarlos? UPyD instará a que se prohíban aquellos estudios externos que puedan realizar funcionarios y que se tomen medidas contundentes contra los cargos públicos que los encarguen.

Javier Gómez Alarcón, nuevo Coordinador Territorial de UPyD en Baleares, y Juan Luis Calbarro, portavoz

La jornada electoral de hoy, para elegir el Consejo Territorial que ha de dirigir UPyD en Baleares durante los próximos cuatro años, ha dado como resultado la victoria de la candidatura encabezada por Javier Gómez Alarcón. La proclamación oficial de la candidatura ganadora se hará dentro de 10 días, una vez transcurrido el plazo preceptivo de presentación de alegaciones. Mientras tanto, el triunfo de la candidatura se considerará provisional.

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Palma, 13 de febrero de 2010.
Se sometieron a las urnas dos candidaturas, una encabezada por José Ignacio Galmés Sastre y otra por Javier Gómez Alarcón. Todos los afiliados de Baleares pudieron votar a lo largo del día 13, mediante voto directo y secreto, sin delegados ni compromisarios.
Los componentes de la candidatura ganadora son los siguientes:

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JAVIER GÓMEZ ALARCÓN (coordinador territorial)
JUAN LUIS CALBARRO MORALES (portavoz, Programa, Estudios y Comunicación)
ANTONIO RIBAS LÖNNQVIST (Organización y Expansión)
FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ (Acción Institucional y Sociedad Civil)
FRANCISCO ALEGRET CRESPÍ
CARLOS CABEZA RODRÍGUEZ
JOAN FONT ROSSELLÓ
JUAN JOSÉ GOMILA FÉLIX
JORGE ARTURO MUÑOZ GONZÁLEZ
JULIÁN RUIZ-BRAVO PEÑA
JOSÉ MARÍA SOLERA ORBIS
JOSÉ MANUEL SORIA RICO

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La jornada electoral comenzó a las 10 de la mañana en el Hotel Isla de Mallorca, con la constitución de la mesa electoral y la presentación de las candidaturas ante todos los afiliados asistentes, que hicieron cuantas preguntas estimaron oportunas. Las votaciones dieron comienzo a las 13 horas, también a la misma hora en Menorca y en Ibiza, y se prolongaron hasta las 17 horas en horario ininterrupido.

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Transcurridos diez días, para presentación de posibles alegaciones, la candidatura ganadora será proclamada oficialmente. Una vez que se haya cumplido el anterior trámite, se notificará debidamente a la prensa y se la convocará.