UPyD no secundará el plan de ajuste del Gobierno, pero no se pronuncia sobre la manifestación de funcionarios ni ante la huelga del 8 de junio

Unión Progreso y Democracia (UPyD) considera que los recortes salariales de funcionarios y la congelación de las pensiones podrían haberse evitado si Rodríguez Zapatero no hubiera hecho caso omiso a todas las alarmas. Y afirma que es injusto que sectores muy dispares, como funcionarios y pensionistas, sean los primeros en pagar la irresponsabilidad e incompetencia del gobierno. La líder y portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, no votará a favor del recorte en salarios y pensiones.

Sin embargo, aun comprendiendo los motivos, UPyD no apoya ni rechaza la convocatoria de movilizaciones. Es de recibo recordar que no todos los que llaman a los funcionarios a manifestarse y a la huelga merecen la misma credibilidad. Las políticas que han llevado a la bancarrota a la nación son las que los principales sindicatos han proclamado y siguen proclamando irreflexivamente. El descontrol en el gasto público, la metástasis en la administración (especialmente la autonómica), la permanente llamada al alza de la presión fiscal, la concesión a las comunidades autónomas de competencias mediante la creación de organismos redundantes, la proliferación absurda de empresas y consorcios públicos y el derroche vía subvención (de la que partidos, sindicatos y patronales siguen beneficiándose con cifras descomunales) son, entre otras, causas principales del problema.

Las propuestas de los sindicatos no parten de un diagnóstico acertado, sino de los mismos lugares comunes en defensa de las políticas que hemos citado. La cerrazón a la reforma laboral es el colmo de una mentalidad conservadora y miope a más no poder, pues se ignora que abaratar costes de contratación fomenta la misma y beneficia a los parados. Por no hablar del consabido comodín del neoliberalismo con el que muchos, incluyendo a Rodríguez Zapatero, han intentado tapar sus propias vergüenzas en vano. Definitivamente, los principales sindicatos deben encontrar un equilibro entre sus propuestas y la realidad económica que parecen ignorar.

UPyD critica que el Govern mantenga el irracional gasto público mediante la subvención de obras irrelevantes a través del SOIB

Arturo Muñoz: "los poderes públicos deben velar por la seguridad jurídica y la sana competencia y generar un clima de confianza"

Palma, 12 de abril de 2010

"Hace unos días, los ciudadanos de Baleares pudieron escuchar los argumentos del ex presidente Matas para justificar la megalómana construcción del Palma Arena: són llocs de feina, punyeta!", recuerda el portavoz adjunto de UPyD en Baleares, Arturo Muñoz. "UPyD quiere hacer observar a la opinión pública que mediante la estrategia de señalar una consecuencia positiva entre muchas otras negativas (el despilfarro del gasto en obras públicas superfluas), se escamotea al ciudadano la panorámica global de la realidad."

"Lamentablemente", analiza Muñoz, "los argumentos keynesianos ad hoc de Jaume Matas se mantienen intactos en la política del Govern de Antich. Si en 2009 se gastaron 9 millones de € en la convocatoria del SOIB para que los ayuntamientos contrataran a parados en obras "de interés general y social", el último Consejo de Gobierno ha aprobado un total de 10 millones por el mismo concepto para el 2010. El único “interés social y general” parece ser el electoral del PSOE, que no duda en llevar el país a la ruina con el dinero de todos por intereses puramente electorales."

Para el dirigente de UPyD, "la creación artificiosa de puestos de trabajo sufragados por el bolsillo del contribuyente, que no se autofinancian porque no generan actividad económica posterior, es errónea por muchos motivos. No sólo se mantiene la inercia del endeudamiento público en obras menores que pagaremos todos, sino que impiden un verdadero plan de inversión en infraestructuras que sirvan para recuperar la confianza y estimular iniciativas que dinamicen la actividad económica."

"La singular filosofía de Matas y la del Govern de Antich son igualmente nocivas. Los organismos públicos no suelen ser un buen sustituto de la iniciativa privada en la creación de puestos de empleo; sin embargo, pueden crear un marco idóneo siempre que cumplan con su verdadera función: velar por la seguridad jurídica y la sana competencia, generar un clima de confianza y crear las condiciones óptimas para atraer a la inversión privada."

Como ejemplo, Muñoz recuerda que "UPyD ha señalado, por ejemplo, la conveniencia de dotar los puertos de Baleares de infraestructuras que abaraten los fletes marítimos en el transporte de mercancías incentivando la competencia entre navieras. Unas infraestructuras de largo alcance y de un interés general indudable si las comparamos con pintar fachadas de ayuntamientos, ampliar aceras o construir viviendas sociales, como hace el Govern, pese a que dispongamos de un stock de casi 6.000 viviendas sin vender en Mallorca."