UPyD pide al Govern que restrinja el endeudamiento "disparatado" de la CAIB

El partido lleva denunciando largo tiempo el recurso fácil del Govern al préstamo bancario, algo que Sindicatura ha ratificado en su último informe

Palma, lunes 14 de junio

Según el último informe de la Sindicatura de Cuentas publicado, el endeudamiento de Baleares no tiene límites. Valga un dato: la deuda bancaria directamente imputable a la CAIB se ha incrementado un 350% entre 2001 y 2008, hasta alcanzar algo más de 3.200 millones de euros si unimos la deuda de la CAIB y la de las empresas públicas de Baleares. Cabe destacar años como 2005 y 2008, con incrementos disparatados de endeudamiento superiores al 50% y al 45% respectivamente. El resto de los años el crecimiento de la deuda superó prácticamente los dos dígitos.

Ahora es el propio Antich el que manifiesta la gravedad de la situación al intentar reducir el gasto en unos 120 millones ya que, de no detener el endeudamiento, a finales del presente 2010 podría acabar en los 3.900 millones, lo que supondría más del 13% del PIB balear.

UPyD reitera la necesidad de restringir los préstamos como herramienta de política y ajustar el gasto público. Este recorte no debería ser inferior a los 693 millones presupuestados para 2010 como incremento de deuda financiera de la CAIB. La reducción propuesta por Antich de 120 millones sobre unos presupuestos de 2010 que se cuantifican en 3.384 millones supone rebajar el gasto público sólo en un 3,5%, lo cual es totalmente insuficiente dada la grave situación económica actual y garantiza que se continuará incrementando la ya abultada deuda pública.

Por todo lo anterior, UPyD advierte de los tiempos difíciles que se avecinan, ya que el enorme derroche del pasado nos está abocando a recortes drásticos que los ciudadanos de Baleares van a tener que pagar sin ser responsables de ellos. Las políticas de despilfarro soportadas por deuda bancaria acaban pasando factura a los ciudadanos, que al final son quieres pagan los errores de sus mandatarios.

UPyD exige al Govern una solución inmediata a este problema que está impidiendo la salida de la crisis, ya que drena del mercado la financiación que las empresas necesitan para acometer inversiones que reactiven la economía balear. De no tomar medidas contundentes, la situación empeorará y será ingobernable.

UPyD celebra la dimisión de Antoni Martorell

Propone "replantearse seriamente el modelo de televisión"

Palma, 10 de junio de 2010
Unión Progreso y Democracia celebra la anunciada dimisión del director general de IB3, Antoni Martorell, en lo que constituía el último feudo de Unió Mallorquina en el poder. UPyD ha venido pidiendo ya desde hace meses esa dimisión, debido a la pésima gestión económica del ente, a su politización y a su cuando menos errónea política de contratos, y ha solicitado en varias ocasiones una auditoría externa que ahora puede ser un buen momento para hacer. La implicación en la Operación Voltor de personas muy vinculadas con el ente público hace muy conveniente esa medida. También puede ser el momento de replantearse seriamente un modelo de televisión extremadamente costoso y fracasado en sus fines, sin apenas repercusión en la audiencia.

Según UPyD, ni el Bloc ni el PSOE pueden ni quieren sanear el déficit público

Calbarro: "El Bloc y el PSOE representan el poder como una máquina de gastar dinero para comprar voluntades"

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Palma, 10 de junio de 2010
"UPyD no tiene la menor confianza en que el Govern pueda reducir drásticamente y sanear la administración pública; es más, estamos convencidos de que no quieren sanearla", afirmó Juan Luis Calbarro, portavoz de Unión Progreso y Democracia en Baleares. "La enésima crisis del Govern es la constatación de que lo que queda del Pacte no sirve para gobernar. Tanto el Bloc como el PSOE representan la concepción del poder como una máquina de gastar dinero para comprar voluntades."

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"El Bloc y el PSOE, como anteriormente el PP cuando ejercía el poder, son formaciones que tienen arraigada la costumbre de no destinar el dinero público a inversiones productivas, sino a inversiones que puedan venderse como sociales. Sienten verdadero pavor a reducir los más de 400 millones en subvenciones, a no repartir dinero entre sus posibles votantes. Su prioridad es mantener contentos a todos aquellos sectores sociales y económicos que se han convertido en profesionales de las ayudas públicas, que podríamos calificar de nuevas clases pasivas del siglo XXI", precisó Calbarro.

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"La repentina conversión del PSOE a la política del equilibrio presupuestario no engaña a nadie; no nace de ninguna convicción liberal de la economía sino de la presión, del pánico y de la seguridad de que el hundimiento anunciado de la economía española y balear le hundirá como partido; si viera una mínima luz, estamos seguros de que volvería a desdecirse una vez más".

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"Si Antich quiere garantizarse la credibilidad de la ciudadanía", concluyó el líder de UPyD, "debe someterse urgentemente a una cuestión de confianza, confianza que se debería pedir exclusivamente para sacar adelante las medidas de ahorro que hoy boicotea el Bloc, y dejar de pensar en clave electoral".

UPyD cree que "las declaraciones de Joan Huguet certifican que los partidos tradicionales sólo han mirado por sus intereses"

Palma, 9 de junio de 2010

UPyD considera gravísimas las afirmaciones del senador del PP, Joan Huguet, quien, en un artículo publicado en Diario de Mallorca el pasado martes 8 de junio, pedía disculpas por haber “estructurado, vía reforma estatutaria, una administración no fundamentada en la racionalidad, sino no en la creación de pequeños reinos de taifas insulares según conveniencia del Partido gobernante en cada una de las islas”. Joan Huguet, entonces portavoz del Grupo Parlamentario Popular, principal ponente del Grupo Popular durante la elaboración del nuevo Estatuto, del que podemos considerarle artífice junto con Rosa Estarás, reconocía “la responsabilidad que me toca” y pedía “disculpas por ello a la vez que propongo rectificar”.

Las afirmaciones de Huguet son sorprendentes por quién las dice, por lo que constatan y por lo que suponen. Por quién las dice: un senador del PP que estaba en primerísima línea en todas las negociaciones del nuevo Estatuto aprobado la pasada legislatura. Por lo que constatan: unas formaciones políticas que conformaban una auténtica casta, conchabadas en su propio beneficio ya que por aquel entonces UM controlaba el Consell de Mallorca, el PSOE-PSM el Consell de Menorca y el PP el Consell de Ibiza-Formentera. Y por lo que suponen: que la ciudadanía ha estado en manos de unos partidos que nunca han trabajado por el interés general sino por sus exclusivos intereses de partido. Amén de la irracionalidad administrativa que supone vaciar de competencias el Govern para traspasarlas -contra el espíritu de la Constitución- a los consejos insulares, con el primero convertido en mero coordinador e interlocutor con Madrid y Bruselas.

Es una constatación lamentable que indica a las claras por quién hemos estado gobernados y confirma la necesidad urgente de que nuevas formaciones con un mensaje indudablemente regenerador como UPyD se abran paso en el panorama político balear. En UPyD nos alegramos del mea culpa del senador Huguet, pero consideramos que difícilmente los que nos han metido en esta crisis de credibilidad y de supervivencia institucional sean los más adecuados para sacarnos de ella.

UPyD cree que Antich es incapaz de reducir el sector público

Dicha reducción se ha convertido en un bluf y en una mera cuestión de imagen sin sustancia real · Reducción sin tocar a los empleados públicos es tan ridículo como hacer la guerra con cero bajas · UPyD es el único partido sin ataduras ni hipotecas clientelares capaz de abordar una reducción drástica de la Administración · Los partidos tradicionales son el problema, no la solución a unos males que han ocasionado por sus prácticas clientelares


Palma, 6 de junio de 2010

La eliminación de sólo dos altos cargos en el proceso de fusión de la consejería de Trabajo con la de Turismo ha vuelto a poner de manifiesto el criterio de Antich a la hora de acometer la reducción del sector público balear: cirugía mínima al no atreverse a una necesaria y urgente reducción de personal público, lo que está dejando sus tijeretazos en una operación de imagen de cara a la galería. La consejería de Trabajo se mantendrá prácticamente intacta, sólo que integrada nominalmente en Turismo. Es más, administrativamente funcionarán por separado.

UPyD es el único partido sin ataduras ni hipotecas clientelares capaz de abordar una reducción drástica de la Administración. Ninguno de los partidos instalados -ni PSOE, ni Bloc, como tampoco el PP ni UM, responsables de crear consorcios y fundaciones a mansalva durante la pasada legislatura- tiene las manos libres para abordar los males que aquejan a la comunidad por una razón muy sencilla: son el problema, no la solución.

Los recortes de Antich se están convirtiendo en un formidable bluf, una operación de estética de cara a la galería para hacer creer a los ciudadanos que la Administración está adelgazando cuando no pasan de operaciones de lifting facial. Lo mismo cabe decir de la reducción de la telaraña de consorcios, fundaciones, empresas públicas y sociedades mercantiles de la CAIB. Los primeros síntomas de que en realidad se trataba de un bluf se empezaron a vislumbrar cuando el Govern hizo efectiva la supresión de tres consorcios y tres fundaciones, tres de ellos inactivos. Después cuando fusionó Inestur en Ibatur con un ahorro de 600.000 euros de ahorro, la mitad al ahorrarse el alquiler de la sede de Ibatur. Los otros 300.000 euros no se debían a criterios de austeridad sino a criterios de oportunidad política: en realidad correspondían a las nóminas de la media docena de altos cargos de UM que fueron fulminados tras estallar la operación Voltor.

Estos lejanos truenos presagiaban lo que iba a ser la falsa tormenta de reducir a la mitad las 170 empresas públicas vinculadas al Govern. Mucho ruido y pocas nueces. En realidad Antich ha eliminado sólo cinco de estas empresas (alguna de ellas contaminada por corrupción, como IB-Blau, cuyo gerente fue destituido) ya que la solemnemente anunciada reducción a la mitad de estas empresas ha consistido en la práctica en suprimir los ochenta consorcios locales para infraestructuras, unos consorcios (Pla Mirall, aguas, sociosanitarios, desestacionalización) que en su mayoría no tienen asignado gasto corriente alguno al ser meros artilugios financieros para camuflar deuda. Sin embargo, la supresión no ha sido completa, lo que hubiera significado que la deuda camuflada en ellos aflorara y las distintas administraciones participantes tuvieran que asumirla. El Govern no ha querido suprimirlos completamente sino que se ha limitado a fundir estos consorcios de carácter local en consorcios insulares que pasarán a concentrar la misma deuda que antes estaba dispersa. Es decir, que ni siquiera se ha cumplido el objetivo por el que UPyD había pedido la supresión de estos ochenta consorcios para infraestructuras: la asunción por parte de la Administración de esta deuda oculta. Entretanto, Antich cree pasar ante los ciudadanos por el presidente que recortó a la mitad el obeso sector público balear.

UPyD afirma que el Govern recorta el gasto a ciegas

Calbarro: "La política de recortes de Antich y Zapatero profundizará la crisis: recortar gastos productivos, mantener los improductivos y subir los impuestos es la mezcla más perniciosa para la recuperación económica. Es justo lo contrario de lo que hay que hacer."

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Palma, 4 de junio de 2010
Los recortes del Govern no servirán de nada si no van guiados del criterio de productividad. "Hay que decir las cosas claras: esa máxima del ministro Blanco de que antes recortaría un kilómetro de carretera que dejar sin atender a un anciano dependiente es una gran falacia: un kilómetro de carretera que haga posible el tráfico necesario es el que genera riqueza que ulteriormente servirá para atender al anciano dependiente, sin necesidad de entrar en contradicción alguna", afirmó Juan Luis Calbarro, portavoz de UPyD en Baleares.

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"En época de crisis, urge que el Govern asuma el criterio de productividad para justificar una inversión o subvención, criterio que consiste simplemente en que la infraestructura o servicio cubierto con dinero público ayude a generar riqueza una vez terminada la inversión, por el uso y negocio que los ciudadanos hagan de esa infraestructura o servicio. Lo que quede fuera de este criterio debe dejarse aparcado para momentos de prosperidad. De no ser así, la Administración no ayudará a formar ciudadanos activos y productores, sino ciudadanos pasivos y dependientes", continuó Calbarro.

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"No generan riqueza los carriles bicis, ni el tranvía de Palma, ni la mitad de los más de 300 millones de euros destinados a subvenciones; ni las ayudas indiscriminadas a asociaciones vecinales, culturales, artísticas o teatrales, ni los cuantiosos dineros destinados al Teatre Principal, ni a la Diada de Mallorca, ni la construcción de palacios de congresos municipales, ni el mantenimiento de los numerosos e inactivos teatros públicos, ni la normalización lingüística; ni IB3, ni TV Mallorca, ni las subvenciones a los sindicatos, ni las destinadas a los partidos políticos; ni expulsar de los procesos de selección de empleados públicos a los que no saben catalán; ni la paralizante ley de igualdad, ni la ley antitaurina. UPyD le puede ayudar al Govern a pensar; lo que pasa es que resulta cómodo no pensar demasiado y contentar a las clientelas ya establecidas", afirmó el portavoz del partido en Baleares de Rosa Díez.

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"Sólo una vez que se hayan decidido las infraestructuras y servicios que se han de cubrir guiados por el criterio de productividad, sólo entonces, se podrá plantear el Govern la necesidad de subir los impuestos o dejarlos como están. Pero recortar gastos productivos, mantener los improductivos y subir los impuestos es la mezcla más perniciosa para la recuperación económica, justo lo contrario de lo que hay que hacer", concluyen desde UPyD.

UPyD afirma que la fusión de consorcios para infraestructuras anunciada por Antich elude lo esencial: asumir la enorme deuda oculta

Otra operación de maquillaje, puesto que el sentido de suprimirlos era hacer aflorar la deuda, mientras que fundirlos sigue camuflándola.

Palma, 4 de junio de 2010

El Pacte ha dado parcialmente la razón a UPyD, que ha venido reclamando en las últimas semanas la supresión de los aproximadamente ochenta consorcios para infraestructuras y servicios que tiene la CAIB y que representan la mitad de las empresas, consorcios, fundaciones y sociedades de la comunidad autónoma balear. El Govern finalmente ha decidido fusionar los 19 consorcios del Pla Mirall en tres (uno por cada isla), los 21 consorcios del Plan D en otros tres, los 23 de aguas en otros cuatro (uno por cada isla, incluyendo ahora Formentera), los tres que existían para realizar infraestructuras sociosanitarias en uno solo y los cinco para infraestructuras deportivas en otro. Otro tanto ha hecho con los consorcios para la conservación de espacios culturales y protección de espacios naturales. En total, los cerca de ochenta consorcios para infraestructuras de los que venía hablando UPyD.

UPyD ha mantenido desde el primer momento la necesidad de suprimirlos aun sabiendo que no representaban ningún ahorro sustancial, puesto que la mayoría de ellos no tienen asignado gasto corriente al ser una burda estratagema para camuflar deuda al Banco de España y permitir a la Administración (Govern y ayuntamientos) gastar más que lo permitido por ley. De ahí que UPyD apostara por la supresión para que las administraciones participantes en ellos asumieran de una vez esta deuda camuflada que, en 2008, era de 379 millones de euros.

UPyD cree que Antich ha optado por la fusión y no por la supresión para seguir camuflando la deuda. Mucho nos tememos que el Govern, mediante la estratagema de fundir por ejemplo todos los consorcios locales de aguas en un gran consorcio de aguas por cada isla, no persiga otra cosa que seguir ocultando la misma deuda, sólo que ahora no estará dispersa en una miríada de consorcios locales sino concentrada en uno solo. Y análogamente con el resto de consorcios para infraestructuras fusionados. Lo que convierte estas fusiones, una vez más, en burda operación de maquillaje para presentarse a la opinión pública como los artífices de haber recortado a la mitad el obeso sector público balear, un tijeretazo que -muy al contrario- no supone apenas sacrificios de personal ni reducción de gasto y que ni siquiera ha servido para hacer aflorar la deuda camuflada.

UPyD considera "absurda" la falta de un único sistema de clasificación hotelera en España

La descoordinación autonómica impide a España participar en las decisiones de la Hotelstars Union · Los "nacionalismos miopes" perjudican a la industria turística · El Govern debería liderar la armonización "por motivos evidentes"

Palma, 2 de junio de 2010
Ante la demanda de un único sistema de clasificación hotelera que permitiera conocer las características del hotel en que los clientes iban a alojarse, la Directiva Bolkenstein impuso un plazo para que los estados europeos promulgaran leyes nacionales en ese sentido. El 28 de diciembre de 2009 expiró dicho plazo.

Como recuerda Juan Luis Calbarro, portavoz en Baleares de Unión Progreso y Democracia (UPyD), el comité de expertos de HOTREC (lobby europeo de la industria hotelera), del que la CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) es miembro, elaboró hace meses los '21 principios para la creación y/o revisión de sistemas de clasificación hotelera nacionales/regionales en Europa'. Se sentaban así las bases para elaborar un único sistema europeo de clasificación. A continuación, las asociaciones nacionales de hostelería de Austria, Alemania, Suiza, República Checa, Hungría, Holanda y Suecia crearon Hotelstars Union, adoptando a partir de enero de 2010 un sistema de clasificación hotelera común en aplicación de dichos '21 principios'. Actualmente, los países nórdicos se disponen a adherirse a Hotelstars Union.

"Pues bien", continúa Calbarro, "los expertos de la CEHAT destacan que en España, aunque las diferencias sean relativas, cada comunidad autónoma tiene su propia legislación al respecto. Así, mientras Europa va hacia la unificación en este sentido, España está dividida en diecisiete legislaciones. Si España tuviera un único sistema de clasificación afín a los '21 principios' armonizadores, sería el primer país del Sur de Europa en ingresar en la Hotelstars Union, lo que le permitiría participar en la toma de decisiones que condicionarán aspectos importantes de la industria hotelera, influir en la legislación que emita Bruselas y no ser pasiva en la toma de decisiones que le afectan. El sector hotelero español considera que sería muy beneficioso tener un sistema común de clasificación que permitiera un rápido ingreso en Hotelstars Union. Es absurdo que no lo haya".

Para UPyD, "la importancia de la industria turística en España justifica una rápida unificación de las legislaciones autonómicas. De hecho, las diferencias son fáciles de limar, pues también en este aspecto las diferencias son más bien fruto de intereses políticos que reales. Bastaría con que la súbita conversión a la responsabilidad del gobierno de Rodríguez Zapatero fuera algo más que un eslogan publicitario. Por lo que se refiere a Baleares, nos interesa especialmente esta armonización por motivos evidentes. El presidente Antich debería dejar de tomar referencia en los nacionalismos más miopes para hacerlo en los verdaderos expertos en una materia tan sensible en nuestras islas como es el turismo y liderar ante su jefe de filas nacional la armonización de comunidades autónomas que, también en esta materia, resulta ya impostergable".

Según Calbarro, "es sabido que Rodríguez Zapatero no contará con el apoyo de sus socios nacionalistas, a los que hasta hoy no ha dejado de hacer concesiones. Pero la eficacia y el bien de la nación exigen prioridades: seguramente el Presidente debería haber tomado este tipo de decisiones dolorosas, y no las que ha tomado, por ejemplo, en perjuicio de los pensionistas."

UPyD tilda "golpe de efecto" el recorte de consejerías de Antich

El Pacte sigue con sus operaciones de maquillaje traspasando personal, competencias y presupuestos de un departamento a otro · Todo ello supone un ahorro testimonial

Palma, 30 de mayo de 2010
El Pacte sigue con sus golpes de efecto sin que representen ningÚn ahorro sustancial para las exhaustas arcas públicas de la Comunidad. La fusión de la consejería de Agricultura con la de Presidencia a la espera de que, tal como está contemplado en el Estatuto, se transfieran de una vez por todas las competencias a los consells, así como la fusión de la consejería de Turismo con la de Trabajo, tienen más de golpe de efecto que de ahorro sustancial. UPyD aconseja a Antich que coja el toro por los cuernos porque de esta guisa difícilmente conseguirá recortar los 120 millones (por otra parte, sólo el 3.5% del presupuesto de 2010) a los que se ha comprometido con su jefe de filas, José Luis Rodríguez Zapatero, de los cuales cien millones corresponderían a una cacareada racionalización del sector público que no vemos por ninguna parte.

No es la primera vez que el Pacte, acosado por las presiones y preocupado por un apoyo menguante en las encuestas, se decide a anunciar recortes del sector público. Recordemos que hace unas semanas el Pacte suprimió tres consorcios y tres fundaciones, tres de los cuales estaban ya inactivos, lo que supuso un ahorro de solo 300.000 euros. Una semana después anunciaba la fusión de INESTUR e IBATUR que sólo ha representado un ahorro de 600.000 euros frente a los 42 millones de euros que sumaban los presupuestos de los dos institutos. Estos ahorros irrisorios se deben a que en realidad lo que está haciendo el Pacte, y la prueba la tenemos en los recortes de consejerías anunciados ayer, es trasladar competencias, funciones, personal y presupuestos íntegros de unos departamentos a otros, sin atreverse a sacrificar ningún trabajador, timorato en replantearse en serio las funciones que realizan estos departamentos, reacio a reducir el presupuesto de estos departamentos mas allá del ahorro que supone eliminar algun consejero o gerente y evitar pagar el alquiler de alguna sede.

UPyD cree que el Govern se verá obligado, tarde o temprano, a adoptar medidas difíciles que supondrán sacrificios importantes, que no pasan tanto por eliminar nominalmente consejerías sin apenas competencias o en curso de cederlas como en podar drásticamente el gasto corriente de todo el sector público, empresas públicas incluidas. El derrumbe de los ingresos fiscales le obligará a ello a menos que quiera endeudarse más de los 689 millones del déficit inicial con el que se aprobaron los presupuestos de 2010.

UPyD sigue denunciando el agujero sin fondo del Teatre Principal

El Teatre Principal, que ha recibido este año del Consell como presupuesto para 2010 casi cinco millones y medio de euros, continúa recibiendo más dinero público, ahora 250.000 euros de INESTUR, dependiente de la consejería de Turismo.


Palma, 30 de mayo de 2010

"En estos momentos de profundo déficit y deuda pública, lejos de aliviar las arcas públicas buscando patrocinios privados y una gestión comercial más eficaz que eleve los ingresos por venta en taquilla, el Teatre Principal sigue haciendo lo que sólo sabe hacer: recibir dinero público, sin recuperarlo ni devolverlo a los contribuyentes", afirma Julián Ruiz-Bravo, miembro del Consejo Territorial de UPyD en Baleares.

UPyD quiere dejar patente que estos 250.000 euros los destina una empresa pública como INESTUR, cuya actividad en el reciente pasado está siendo investigada judicialmente en el marco del caso VOLTOR y que tiene los días contados al ser absorbida por la Agencia Balear para el Turismo. "En realidad INESTUR está gastando el dinero antes de desaparecer, lo que es verdaderamente escandaloso. No es de extrañar, por lo tanto, que con la fusión de todos los institutos y empresas públicas relacionados con el turismo sólo se ahorren 600.000 euros".

El consejero de Cultura, Joan Font, afirma que este dinero ayuda a la programación de dos producciones propias del Teatre Principal, "una actividad que también genera puestos de trabajo". Sin embargo, UPyD sostiene que la financiación exclusivamente pública del teatro sólo genera puestos de trabajo pasivos, no activos, que no generan actividad ni riqueza, ya que sólo dependen de las subvenciones y que, de no existir éstas, desaparecerían.

Por otra parte, el gerente Guillem Román afirma que la temporada de Ópera es una "oferta estratégica a encajar en el ámbito turístico", lo cual, según Ruiz-Bravo, "no deja de tener gracia, ya que es una iniciativa que consta de dos óperas, que disfrutarán muy pocas personas y aún menos turistas, y nada sostenible, ya que su financiación es siempre deficitaria".

Por último, añade Ruiz-Bravo, "lo que en primer lugar debe hacer el Teatre Principal de Palma es publicar sus cuentas de los últimos años, el detalle de todos sus contratos y facturas, y explicar cómo es posible que recibiendo del Consell 6 millones de euros durante 2009 terminara el ejercicio con un millón de euros de déficit; nos llevaríamos una gran sorpresa. Las cuentas del Teatre Principal no las conoce nadie, parecen secreto de Estado".

UPyD propone al Govern la supresión de los 80 consorcios para infraestructuras que tiene la CAIB

Estos consorcios son un instrumento de ingeniería financiera para ocultar endeudamiento al Banco de España y gastar más de lo permitido · Su supresión obligaría a que CAIB y ayuntamientos reconocieran sus propias deudas contraídas gracias a estos organismos · Catorce de estos consorcios ni siquiera presentaron las cuentas en 2007 y 2008


Palma, 29 de mayo de 2010

De las aproximadamente 180 empresas públicas que tiene la CAIB a día de hoy, casi la mitad (unas 80) son los llamados "consorcios para infraestructuras y servicios". Formalmente, estos consorcios tienen como finalidad la ejecución de infraestructuras (Pla Mirall, desestacionalización turística, aguas, socio sanitarias o deportivas) y su necesidad suele justificarse por la variedad de administraciones que participan en un determinado proyecto. Por supuesto, no existe tal necesidad ni desde el punto de vista de recursos humanos (la Administración licita y ejecuta proyectos similares) ni jurídico: hay otros instrumentos jurídicos (los convenios entre administraciones por ejemplo) que permiten llevarlos a cabo sin ningún problema.

La realidad, dato que siempre se oculta, es que los consorcios constituyen un instrumento de ingeniería financiera que permite endeudarse al Govern y a las demás administraciones ocultando este endeudamiento al Banco de España, que tarda años en descubrirlo e imputarlo como deuda de las administraciones participantes. A menudo, el consorcio se crea con la única finalidad de pedir uno o varios préstamos para realizar una o varias infraestructuras, para que luego las administraciones participantes las vayan pagando corriendo con la amortización y los intereses de este préstamo. Así pues, las administraciones no reconocen oficialmente la deuda generada en su pasivo tras haberla disfrazado de un compromiso de gasto para los ejercicios futuros que se va devolviendo al consorcio, el titular de la deuda, en forma de una subvención anual. Esto permite a las distintas administraciones endeudarse más de lo permitido por ley. De hecho, la mayoría de estos ochenta consorcios para infraestructuras no tienen asignado ningún gasto a los capítulos de personal ni gasto corriente, lo que indica que son un subterfugio para burlar la ley de estabilidad presupuestaria y endeudarse más.

Los 79 consorcios que existían en 2007 tenían una deuda viva de 363 millones de euros. En 2008 ya subía a 379 millones. La falta de transparencia también es un signo distintivo de este tipo de consorcios. En 2007 y 2008, últimos ejercicios informados por los síndicos, catorce de ellos no entregaron las cuentas a la Sindicatura como está estipulado por ley. Por todos estos motivos, UPyD propone la liquidación de los 80 consorcios para infraestructuras y servicios.

UPyD Baleares se reúne en Ciudadela

Celebrarán un acto público en Ses Voltes el sábado a partir de las 12:30

Palma, 28 de mayo de 2010
Este fin de semana se celebran en Ciudadela unas Jornadas de Unión Progreso y Democracia (UPyD Baleares).

En el seno de estas Jornadas, organizadas por el Consejo Local de Menorca y el Consejo Territorial de Baleares de este partido, hoy viernes 28 de mayo, a las 7 de la tarde y en el Hotel Port de Ciutadella, tiene lugar el VI Foro de Progreso, dedicado en esta ocasión al "Estado de las urbanizaciones en Menorca". Participarán como ponentes Pedro Capó, presidente de la Asociación de Comerciantes y Hoteleros de Cala Blanca; Francisco Carrasco, presidente de Restauración y Hostelería de Ciudadela; Jordi Bosch, secretario de ASCOME, miembro de PIME; y Antonio Barber, director de restauración, miembro de la Plataforma de Progrés de Ciutadella.

Mañana sábado 29, sesenta militantes de UPyD Baleares se reúnirán en Ciudadela para celebrar una jornada de confraternización. A fin de dar a conocer el proyecto de UPyD a los habitantes de la localidad, a partir de las 12:30 dirigentes del partido atenderán al público y ofrecerán en la céntrica Plaça Nova (Ses Voltes) una charla sobre la necesidad de un proyecto como UPyD para Menorca, la necesidad de dotar a la política de coherencia y sentido común y poner coto a la corrupción en Baleares. Se contará con las intervenciones de Palmer Carretero y Paco Tutzó, respectivamente portavoz y coordinador de UPyD en Menorca, y de los miembros de su Consejo Territorial de Baleares, Juan José Gomila y Arturo Muñoz, portavoz adjunto en Baleares.

UPyD considera "descabellado" el proyecto de construir otro museo de arte en Calvià

El espectáculo de la política balear no deja de producir paradojas. Mientras el presidente Antich y el consejero de Hacienda Manera descubren súbitamente que existe la responsabilidad en relación al gasto público; mientras Rodríguez Zapatero acata medidas que hace dos días calificaba despectivamente de neoliberales, Carlos Delgado se transforma en un neokeynesiano dispuesto a ejercer el cesarismo de grandes construcciones comparables a la Ópera de Matas o a las playas artificiales de Catalina Cirer con las que se presentaron a la cita electoral de 2011.

"Es descabellado que cada municipio turístico, y en particular Calvià, tenga su palacio de congresos y su museo de arte contemporáneo", afirmó la coordinadora en funciones de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Calvià, Victoria Ruiz. "No sólo no es el momento de afrontar gastos de esta envergadura, sino que incluso deberíamos cuestionar los que están presupuestados".

UPyD considera que "se debe analizar rigurosamente la necesidad de invertir recursos públicos en infraestructuras cuando ya se cuenta con instalaciones que no generan la demanda que se esperaba de las mismas. La Fundación Miró, casi olvidada, o Es Baluard, generosamente regado con tres millones públicos anuales, son dos ejemplos palmarios. Cuando se construye un gran Palacio de Congresos en Palma cuya viabilidad queda en entredicho desde el momento en que sus promotores privados lo están abandonando, no parece de recibo construir otro a escasos kilómetros. Una actitud que, por otra parte, debería tener en cuenta el alcalde Carlos Delgado en cuanto a la fiabilidad de la financiación que proviene de manos privadas, que a veces no vacilan en animar a la Administración para que lidere proyectos faraónicos que después tienen que ser sufragados íntegramente por la propia Administración".

Por otra parte, la realidad se impone haciendo imposible la financiación del proyecto. El artículo 14 del Real Decreto Ley 8/2010 del 20 de mayo de recorte de gasto público prueba la gravedad de la situación, sea cual sea su redacción final. "Poco importaría que Delgado pidiera financiación a la administración central y autonómica: todas, y también la del Ayuntamiento de Calvià, están igualmente endeudadas".

UPyD denuncia que la última rectificación de Zapatero lanzará a los ayuntamientos a una "loca carrera" hacia el endeudamiento

Calbarro pronostica más deuda, caída del consumo, el colapso de los municipios y una "brutal subida" de impuestos si no cambia la política del Gobierno · Reclama un gobierno de concentración y elecciones anticipadas


Palma, 26 de mayo de 2010

El portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Baleares, Juan Luis Calbarro, afirmó que "el nuevo e irresponsable bandazo del gobierno Zapatero, que permite a las entidades locales endeudarse a largo plazo hasta el 31 de diciembre, va en contra de los objetivos del Real Decreto-Ley 8/2010 del 20 de mayo. Los ayuntamientos y consells, campeones del endeudamiento en Baleares hasta ayer mismo, retomarán mañana una loca carrera para endeudarse aún más y cubrir 2011 y 2012, en que no podrán firmar nuevos créditos, y tal vez unos años más por si acaso."

Calbarro auguró que "la deuda previsible hace igualmente previsibles la caída del consumo privado por dificultad de acceso al crédito dedicado a los ayuntamientos, el colapso económico de los municipios, que sólo estamos demorando, y una subida de impuestos brutal para paliarlo, con lo que una vez más y por todos los conceptos serán las clases medias las que tengan que cargar con la factura de la absurda gestión del gobierno Zapatero, que antes que gobernar con responsabilidad prefiere contentar al lobby de alcaldes despilfarradores".

"Con esta rectificación, ¿se logrará reducir la deuda pública o aumentarla?", se preguntó Calbarro. "Si Zapatero, Antich, los presidentes de los consells insulares y los alcaldes de la mayor parte de los municipios de Baleares tuvieran un mínimo sentido de la responsabilidad, deberían dimitir inmediatamente por haberse empeñado contra toda evidencia en aumentar el déficit. Ellos son responsables; no pueden dirigir la recuperación los mismos que han hundido las cuentas públicas. No podemos esperar que ahora, en estos meses, se conviertan de la noche a la mañana en buenos gestores. Zapatero y Antich entienden la política como un terreno en el que hacerlo rematadamente mal no tiene consecuencias, y la carrera por aumentar la deuda parece haber sido para ellos un deporte. Hace falta un giro de 180 grados en la política económica, y este gobierno está noqueado. Hacen falta un gobierno de concentración y elecciones anticipadas".

Calbarro quiso recordar "las medidas anticrisis que está en mano de las instituciones de Baleares ejecutar y que UPyD lleva mucho tiempo proponiendo, por la sencilla razón de que son inevitables: reducción a la mitad de los más de 300 millones que destinan los presupuestos de la CAIB de 2010 a subvenciones; reducción a más de la mitad del resto de las subvenciones concedidas por consells y ayuntamientos; eliminación de las partidas presupuestarias destinadas a normalización lingüística (más de 14 millones de euros); eliminación de los 67 asesores del Govern (3 millones de euros) y de las decenas de asesores del resto de las administraciones; reducción drástica de las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento de la enorme cantidad de teatros públicos (5 millones y medio sólo el Teatre Principal) que programan una media de no más de 6 funciones mensuales; replanteamiento de IB3 (61 millones de euros) y TV Mallorca, etc."

UPyD no secundará el plan de ajuste del Gobierno, pero no se pronuncia sobre la manifestación de funcionarios ni ante la huelga del 8 de junio

Unión Progreso y Democracia (UPyD) considera que los recortes salariales de funcionarios y la congelación de las pensiones podrían haberse evitado si Rodríguez Zapatero no hubiera hecho caso omiso a todas las alarmas. Y afirma que es injusto que sectores muy dispares, como funcionarios y pensionistas, sean los primeros en pagar la irresponsabilidad e incompetencia del gobierno. La líder y portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, no votará a favor del recorte en salarios y pensiones.

Sin embargo, aun comprendiendo los motivos, UPyD no apoya ni rechaza la convocatoria de movilizaciones. Es de recibo recordar que no todos los que llaman a los funcionarios a manifestarse y a la huelga merecen la misma credibilidad. Las políticas que han llevado a la bancarrota a la nación son las que los principales sindicatos han proclamado y siguen proclamando irreflexivamente. El descontrol en el gasto público, la metástasis en la administración (especialmente la autonómica), la permanente llamada al alza de la presión fiscal, la concesión a las comunidades autónomas de competencias mediante la creación de organismos redundantes, la proliferación absurda de empresas y consorcios públicos y el derroche vía subvención (de la que partidos, sindicatos y patronales siguen beneficiándose con cifras descomunales) son, entre otras, causas principales del problema.

Las propuestas de los sindicatos no parten de un diagnóstico acertado, sino de los mismos lugares comunes en defensa de las políticas que hemos citado. La cerrazón a la reforma laboral es el colmo de una mentalidad conservadora y miope a más no poder, pues se ignora que abaratar costes de contratación fomenta la misma y beneficia a los parados. Por no hablar del consabido comodín del neoliberalismo con el que muchos, incluyendo a Rodríguez Zapatero, han intentado tapar sus propias vergüenzas en vano. Definitivamente, los principales sindicatos deben encontrar un equilibro entre sus propuestas y la realidad económica que parecen ignorar.

UPyD pide la dimisión inmediata de los dos gerentes de SFM

La irresponsabilidad de unos gestores de perfil político que juegan a ser técnicos sin estar preparados pone en peligro la seguridad de los pasajeros · Un no titulado que firmaba proyectos y un funcionario sin conocimientos de ingeniería juzgando a un ingeniero · UPyD se pregunta por los estudios que permitieron a Tomeu Gual ser designado gerente de SFM



Palma, 24 de mayo de 2010

UPyD pide la dimisión inmediata de los dos gerentes de SFM, Jaume Jaume (PSOE) y Tomeu Gual (PSM), tras los escándalos que se han desvelado estos últimos días en referencia a la suplantación por parte del jefe técnico de proyectos de SFM, Pedro Sintes, del título de ingeniero de obras públicas gracias al cual firmaba los proyectos de la empresa ferroviaria, así como por el durísimo veredicto de un juez contra SFM en el despido improcedente de la anterior jefe de obras del Metro a la UIB, Ana García. En este último caso la sentencia no sólo apunta a que Ana García se vio sometida a una cacería sin posibilidad de defenderse a raíz de un expediente administrativo que le abrieron a raíz de las inundaciones del metro en 2007, sino que pone al descubierto una vez más el desgobierno de la empresa pública. El juez señala que quien instruyó el expediente contra la exjefe de obras del Metro no tenía siquiera conocimientos de ingeniería, aunque no tuvo reparos en juzgar la idoneidad técnica de una ingeniero. Llueve por tanto sobre mojado. La actual dirección de SFM no sólo permite que alguien que no es titulado firme proyectos sino que también designa a alguien sin conocimientos técnicos para que evalúe la idoneidad de un ingeniero de obras públicas. UPyD considera además que abrir un expediente a García con la intención de someterla a una causa general constituye un fraude de ley inadmisible que refleja la catadura sectaria de los directivos de SFM. UPyD se pregunta si, a raíz de las recientes inundaciones del Metro de Palma, SFM va a abrir otro expediente informativo al responsable de las obras de reforma del Metro.

Por si fuera poco, a UPyD le constan los subterfugios que ya en su día se vio obligado a hacer SFM para poder designar como gerente a Tomeu Gual, por no tener estudios suficientes. A todo ello se suma la incapacidad de mantener una vía como la de Manacor en perfectas condiciones, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros al minimizar el peligro como se ha demostrado, por ejemplo con el puente de Son Fogó en Petra, de donde Gual es nada menos que concejal de obras públicas. Tras el descarrilamiento del tren del pasado miércoles, SFM ha decidido cerrar el puente y arreglarlo, aprovechando el cierre de la línea ferroviaria, lo que da una idea de que incluso las decisiones técnicas que afectan a la seguridad de los ciudadanos se someten a criterios de oportunidad política. Unos comportamientos que concuerdan con la irresponsabilidad propia de unos gestores de perfil político que juegan el papel de técnicos sin estar preparados.

UPyD critica la subordinación de Antich a los intereses del nacionalismo catalán

Antich arropa a Montilla en sus amenazas al Constitucional · Implica de lleno la suerte de las Islas en el contencioso catalán reconociendo una posible inconstitucionalidad del estatuto balear · Antich vuelve a manifestar su pancatalanismo incurable

Palma, 25 de mayo de 2010
UPyD no entiende el seguidismo de Francesc Antich a José Montilla y su subordinación a los intereses de la clase política catalana tras arropar la mascarada del presidente catalán en el Senado. El presidente balear no sólo ha respaldado con su presencia las nuevas presiones y amenazas de Montilla al Tribunal Constitucional (TC) sino que se ha implicado de lleno en la defensa del estatuto catalán pidiendo al PP que retirara el recurso ante el alto tribunal. Antich representa a todos los ciudadanos de las Islas Baleares, a la mayoría de los cuales les resultará muy difícil comprender la actitud de su presidente de restar legitimidad al TC al tiempo que se postra al dictado de la desprestigiada clase política catalana personificada en José Montilla.

El principal argumento de Antich, tomando parte activa como nunca antes en un contencioso que en principio sólo afecta a Cataluña, ha sido que, en su opinión, había artículos del estatuto balear que eran similares a los aprobados en el catalán, y que un fallo contrario del TC podría afectar al estatuto balear; un órdago en toda regla destinado a sumarse a las presiones al alto tribunal, insinuando la amenaza de poner patas arriba la arquitectura territorial del Estado si finalmente el TC fallaba contra el estatuto catalán. Antich se comporta poco menos que como un nacionalista del PSM o ERC al unir la suerte de las Islas a la de Cataluña, como si las primeras fueran un territorio más de la segunda. La devoción catalanista y la querencia por un estado no federal ni igualitario, sino confederal y no igualitario, ha podido más que la prudencia de un mutis por el foro, que es lo que se esperaba de un presidente de las Islas Baleares.

UPyD exige al Govern, a los consells y a los ayuntamientos la publicación de todas las subvenciones

El Govern podría publicar, pero no publica, aquellas subvenciones que, aun estando en su base de datos, son inferiores a 3.000 euros · Tampoco publica las subvenciones nominativas contempladas en los presupuestos ni las previstas en una norma de rango legal · Los consells insulares y los ayuntamientos ni siquiera realizan ninguna publicación periódica unificada.


Palma, 24 de mayo de 2010

En palabras de Juan Luis Calbarro, portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Baleares, "aunque es cierto que el Decreto Legislativo 2/2005 concede a la CAIB la potestad de publicar o no publicar las subvenciones nominativas, las que vienen fijadas por ley y las inferiores a 3.000 euros, UPyD considera que en estos momentos es más necesaria que nunca la transparencia, que el ciudadano pueda conocer todos los gastos públicos -todos, hasta el último-, para que sea consciente del dinero que se gasta en subvenciones y de quién las recibe. La información puntual y pública, por boletín o a través de página web, es una de las mejores maneras de luchar contra la corrupción y contra el despilfarro. Parece que para el Govern 3.000 euros es una cantidad despreciable; yo les aseguro que para cualquier ciudadano es una cantidad importante".

La transparencia informativa evitaría ocultar fraccionamientos de subvenciones inferiores a 3.000 euros a una misma persona o entidad, que podría recibir, por ejemplo, dos subvenciones de 2.999 euros por un mismo concepto; o, por ejemplo, una subvención de Trabajo por 2.999 euros y otra de Presidencia por 2.999 euros, de lo que nadie se enteraría. "¿Puede decirnos alguien que esto es ser especialmente malpensados, cuando tenemos en Baleares más de 100 personas imputadas judicialmente por distintos casos de presunta corrupción, y cuando el reciente informe de la Sindicatura de Cuentas indica que, por otro lado, el fraccionamiento de contratos es una práctica habitual para sortear los requisitos impuestos por la ley?"

Mucho peor es el caso de los consells insulares y de los ayuntamientos, que, aun cuando el artículo 18 de la Ley estatal 28/2003 de subvenciones obliga a que publiquen sus subvenciones, según reglamentariamente determinen, no hacen una publicación de las mismas con un régimen unificado, en un listado unificado, con una periodicidad determinada, ni en un boletín o sitio web común. "Y eso que, por ejemplo, el Consell Insular de Mallorca destina para subvenciones, según los presupuestos aprobados para 2010, la nada desdeñable cantidad de 11 millones y medio de euros. Si un ciudadano quiere conocer las subvenciones concedidas a una asociación de vecinos, a una ONG o a un comerciante por rotular en catalán, no tiene más remedio que leer pacientemente todos los días el Boletín Oficial o el Boletín interno de cada institución. Las subvenciones están sometidas al mayor de los oscurantismos", concluye Juan Luis Calbarro.

UPyD sugiere que Antich elimine los 67 asesores que tiene el Govern

La factura de los 67 asesores es de casi tres millones de euros · Antich tiene 12 asesores · UPyD duda de los beneficios aportados por estos asesores

Palma, 23 de mayo de 2010
UPyD está dispuesto a "echar una mano a Francesc Antich y Joana Barceló a la hora de proporcionarles ideas de cómo lograr recortar los 200 millones de euros a los que está obligado el Govern por mandato imperativo de Zapatero". Ya días atrás el partido de Rosa Díez señaló que sólo reduciendo a la mitad el irracional gasto en subvenciones se cubriría prácticamente el recorte exigido.

En palabras de su portavoz en Baleares, Juan Luis Calbarro, UPyD sugiere a Antich "que elimine los 67 asesores que tiene el Govern entre jefes de gabinete, jefes de prensa, asesores técnicos, coordinadores y secretarios. 52 de estos asesores cobran una nómina de 49.767,54 euros, trece de ellos una de 23.616 euros y dos de ellos 30.600 euros cada uno. Para poner un ejemplo, el mismo Presidente del Govern, Francesc Antich, tiene la friolera de 12 asesores, diez de ellos cobrando la máxima retribución. El coste total de los 67 asesores del Govern es de 2.956.120 euros."

En opinión de Calbarro, "a la vista de la incapacidad, incompetencia y inutilidad que el Pacte va demostrando cada día que pasa para afrontar la crisis, nos preguntamos de qué le ha servido tener casi setenta asesores". UPyD cree que "el recorte debería empezar por ahí, eliminando gastos superfluos e innecesarios que en nada o en tan poco contribuyen a mejorar la gestión del Govern".

UPyD considera "irrisorio" el ahorro de la fusión de IBATUR e INESTUR

La fusión no aborda lo esencial: la necesidad de muchos de sus cometidos en promoción y "estrategia" turísticas y la eficiencia con la que son gestionados · Sólo se ahorran 600.000 euros frente a los casi 42 millones de euros que suman los presupuestos de los dos institutos


Palma, 22 de mayo de 2010

Al igual que lo ocurrido recientemente, cuando Albert Moragues hizo efectiva la supresión de tres fundaciones y tres consorcios, algunos de ellos inactivos y sin competencias, la fusión de las empresas públicas IBATUR e INESTUR supone un ahorro nimio, el que resulta de ahorrarse el alquiler de la sede de IBATUR y de prescindir de cinco altos cargos de INESTUR, curiosamente los altos cargos de UM destituidos a raíz de la Operación Voltor. En total, un ahorro de 600.000 euros frente a los casi 42 millones de euros que suman los presupuestos de 2010 de ambos institutos. La causa de un ahorro tan irrisorio es que INESTUR asume todas las competencias y todo el personal de IBATUR, a excepción de las competencias de calidad e infraestructuras, que pasan a la Dirección General de Desarrollo Turístico. No hay que olvidar la duplicidad entre estos dos institutos con unos consells insulares a los que se han transferido las competencias de promoción turística.

Aunque la fusión va en la buena dirección, lo cierto es que el ahorro es a todas luces insuficiente, sobre todo cuando se habla de un tijeretazo en las cuentas de la comunidad autónoma de 200 millones de euros para este año. UPyD considera que el Pacte no tendría que limitarse a hacer operaciones de maquillaje con las empresas públicas, traspasando presupuestos de unos entes a otros, sino plantearse de verdad la superfluidad de algunas de las funciones que realizan y la eficiencia con la que son gestionadas. Así, por ejemplo, al no incluirlos en el ahorro anunciado, el Pacte parece dar por buenos los convenios de infraestructuras que la destituida dirección de UM de INESTUR firmó, curiosamente, sólo con ayuntamientos presididos por alcaldes de UM (Campos, Alcudia, Pollença y Porreres), convenios que ascendían a 2.650.000 euros.

UPyD cree que el Pacte no ataca el problema de fondo, conformándose con ligeros maquillajes. UPyD cree que antes de paralizar las inversiones en infraestructuras el Govern tendría que abordar una drástica reducción de las empresas públicas, planteándose el sentido de las funciones de la mayoría. Si no es así corremos el peligro de tener una Administración hipertrofiada absorbe la integridad de nuestros ingresos fiscales y que no tiene dinero para cumplir una de sus principales funciones: hacer aquellas infraestructuras necesarias que redunden en la economía productiva de las islas.